El Gobierno batirá este año otro récord, aunque nuevamente negativo. Nada habrá para festejar cuando concluya 2013, lapso en el que se habrán vuelto a otorgar subsidios por cifras astronómicas, especialmente para sostener un sistema eléctrico y de transportes en estado deplorable.
La compra de energía será la principal responsable de la caída de la balanza comercial. Esa adquisición, sumada a los subsidios que se pagan por el gas, le cuesta al país, en promedio, más de 112 millones de pesos por día. Así, el costo para el fisco crece a un ritmo cuatro veces mayor que el de las ayudas sociales que paga el mismo Estado.
Esa última comparación es sumamente útil para determinar cuántas cosas se podrían encarar de no tener que alimentar periódicamente el festival de subsidios que se otorgan de manera muy poco transparente a sectores deficitarios. Por caso, valga el ejemplo tomado en el último trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa): en 2013, el monto presupuestado para subsidios a Aerolíneas Argentinas asciende a 3120 millones de pesos. Si esos recursos, sostiene el citado centro de estudios, se distribuyeran entre las provincias en función de la población, la de Buenos Aires recibiría 1310 millones de pesos, monto que sobrepasa al que demanda el programa de Gendarmería destinado a seguridad ciudadana en ese distrito, que es de unos 1260 millones de pesos.
Claramente, se demuestra que con sólo dejar de derrochar en los déficits de Aerolíneas se podrían generar fondos adicionales para atender la seguridad bonaerense sin recurrir a riesgosas e ineficientes superposiciones de funciones entre gendarmes y policías bonaerenses, y sin desguarnecer las fronteras del país, cuya seguridad también se sigue mostrando vulnerable frente a la delincuencia.
Pero para aceptar esa situación, primero hay que admitir el error, cosa que las actuales autoridades no parecen dispuestas a hacer. Por el contrario, aunque este año recibieron una inyección de fondos menor por parte del Tesoro Nacional, Aerolíneas Argentinas y Austral siguen perdiendo 1,8 millones de dólares diarios, según un relevamiento de la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Por otro lado, cabe destacar que no se ejercen controles sobre esa enorme montaña de dinero. Hace una semana, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un dictamen sobre el balance 2010 de Aerolíneas, en el que consigna que es imposible verificar lo declarado por la empresa porque sistemáticamente oculta documentación que permita a la AGN determinar su veracidad. Algo similar había ocurrido con el balance 2009.
En el caso del sector energético, hubo que esperar diez años para que recién ahora el presidente de YPF, Miguel Galuccio, reconociera públicamente que "en la Argentina tenemos un déficit serio" y que "si no hacemos algo, va a empeorar". La negativa del Gobierno a reconocer esa situación fue sistemática. Mientras se negaba lo evidente, por medio de un decreto de necesidad y urgencia del mes pasado el mismo Gobierno ampliaba el presupuesto de gastos de la administración nacional en 42.000 millones de pesos, monto que si bien se distribuirá entre varias áreas, tiene un altísimo componente destinado a financiar las mayores erogaciones y subsidios que demanda el sector energético. Ahora, con todas las ampliaciones, los subsidios eléctricos suman 32.500 millones de pesos y podrían volver a ampliarse. También se engrosó el presupuesto para que Economía atienda el Plan Gas, creado a principios de 2013 para revertir el retroceso de esa actividad.
A todo ese carnaval de subsidios sin control, alentados por la urgencia electoral, se suman los recibidos por el transporte terrestre. Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos tres meses el Estado aportó subsidios por unos 1690 millones de pesos cada 30 días, es decir, 24 por ciento más que el tope que se había impuesto un año antes el ministro Florencio Randazzo. De continuar ese flujo de fondos, a fin de año se habrán destinado 20.000 millones de pesos a ese sector que tanto malestar provoca en los usuarios por la reducción de servicios, por el estado de abandono en que se encuentra y el por el peligro que ello representa para sus vidas. Paralelamente, el dinero que se destina mensualmente a subsidiar los trenes también exhibe un fuerte crecimiento respecto de 2012. Por ejemplo, los estatizados ramales Sarmiento y Mitre recibieron 1010 millones de pesos hasta julio de este año, mientras que fueron 1129 millones de pesos para todo 2012. De ese monto, el 77 por ciento fue para pagar sueldos.
Desde ya que toda esta sangría de fondos no es gratuita. El mayor gasto público implica un aumento del déficit fiscal y lleva al Gobierno a emitir más y a seguir manoteando recursos que deberían ser destinados a otros fines, como por ejemplo los de los jubilados que administra la Anses.
Es hora de atender las verdaderas causas que llevan a este desquicio para atacar el problema de raíz. Empezar a revertir el daño sólo después de las elecciones de octubre no hace más que confirmar la existencia de una mirada cortoplacista, corrupta y egoísta de un gobierno que sigue empecinado en ficcionar la realidad.
