En general se suele tomar la carga tributaria sobre el PBI para determinar la presión fiscal que soportan los contribuyentes de un país. Es una forma de ver las cosas. Mi impresión es que se puede ver de otra manera la presión tributaria que consiste en calcular el gasto público consolidado (nación + provincias + municipios) sobre el PBI. ¿Por qué? Porque nada es gratis en economía y lo relevante es cuánto se gasta, luego el Estado optará por diferentes formas de financiamiento.

El gasto público consolidado en Argentina ha llegado a niveles récord en la era kirchnerista, representando casi el 50% de PBI, aún con las dudas que caben sobre el verdadero PBI. Si el PBI está sobredimensionado en su cálculo, por definición el gasto sobre el PBI estaría superando ampliamente el 50%, ya que si el PBI fuera menor el porcentaje aumentaría.

Ahora, ¿por qué tomar el gasto público consolidado? Porque del bolsillo del contribuyente sale el dinero para financiar los tres niveles de gobierno. No interesa si unos se denominan impuestos y otras tasas, lo concreto es que el Estado le quita de su bolsillo al contribuyente el dinero para sostener los tres niveles de gobierno.

Lo normal es que ese dinero salga de los impuestos que paga el contribuyente si no hay déficit fiscal. En el caso argentino hay déficit fiscal lo cual implica que aún con la feroz carga tributaria que tenemos los recursos tributarios no alcanzan.

Como el gobierno tiene cerrado el acceso al mercado de capitales del exterior, en consecuencia el gasto hay que financiarlo con otros recursos además de los impuestos y tasas. Uno de ellos es el impuesto inflacionario, impuesto no legislado que afecta al conjunto de la población, pero particularmente a aquellos sectores de ingresos bajos cuya riqueza son solamente los pesos que reciben como sueldos. Los sectores de menores ingresos, en general, no tienen capacidad para buscar refugio contra la inflación, así que pagan plenamente el impuesto inflacionario.

El otro mecanismo es el de consumir el stock de capital, los ahorros de la gente en las AFJP y la infraestructura del país (puertos, sistema energético, caminos, etc.). En este caso la gente no paga directamente el costo del gasto público sino que lo paga en forma de menor calidad de servicio. Es decir, aún con tarifas de transporte público baratas, son caras por la calidad de los mismos. El ejemplo más dramático es el de los trenes, pero ojo que el Estado de las rutas es tan dramático como el de los trenes por las muertes que se producen a raíz de tener rutas que no están preparadas para soportar el caudal y el tamaño de los camiones que circulan transportando cosechas y mercaderías que deberían ser transportadas por tren.

Como puede verse, sea con impuestos, impuesto inflacionario y deterioro de la infraestructura de la economía, el gasto público se paga planamente. Bajo diferentes formas, es el contribuyente el que soporta el peso del gasto público. Por eso, mi visión es que calcular la carga tributaria que soporta el contribuyente sumando los impuestos y las tasas no es del todo correcta. Esa es una parte del ingreso que le entrega el contribuyente al Estado, pero también paga con jubilaciones futuras miserables (le quitan el ahorro para cuando llegue el momento de su retiro), viajando en condiciones infrahumanas e inseguras o transitando rutas que son trampas mortales.

Pero queda otro punto a considerar que es la calidad del gasto público. Si la carga tributaria llega a niveles tan altos y encima el Estado no presta servicios básicos, entonces la presión impositiva tiende a infinito. Se pagan impuestos altísimos, pero al mismo tiempo la gente tiene que contratar medicina privada, seguridad privada, colegios privados y otros gastos que deberían salir del costo impositivo. La gran inconsistencia actual es tener una carga tributaria elevadísima con una calidad de gasto público paupérrimo.

Finalmente, que el Estado pueda aplicarle a una carga tributaria alta sin irse del otro lado de la curva de Laffer no significa que sea recomendable hacerlo. Puesto de otra manera, supongamos que hasta un 50% de presión impositiva el Estado no pierde recaudación, pero si aplica una presión del 60% empieza a recaudar menos porque la gente no tiene estímulos para producir y trabajar o bien opta por evadir.

Que el 50% de presión tributaria sea el punto de inflexión a partir del cual la gente deja de pagar impuestos, de trabajar o empieza a asumir el riesgo de evadir, no quiere decir que la misma tenga que necesariamente llegar hasta ese nivel.

Lo fundamental es que el Estado cumpla la función para la que fue creado: defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de personas. El costo de esa función es la carga tributaria que debe aplicarse. Todo lo que exceda esas funciones no son propias del Estado y da para el debate cuál es el límite.

El problema es que cuando se traspasa ese límite porque no se lo respeta, se llegan a situaciones de presiones impositivas tan altas como las que tenemos en el país. En ese punto los gobiernos empiezan a castigar tanto al contribuyente que, pierden el apoyo de la gente.

Es la historia de las rebeliones fiscales. Antes los monarcas mataban a la gente con impuestos para financiar sus guerras de conquistas territoriales. Ahora matan a la gente con impuestos para ganar sus batallas electorales, pero tanta carga impositiva les puede hacer perder las elecciones, de la misma forma que el rey Juan sin Tierra se fue de pista con su carga impositiva y tuvo que claudicar firmando la famosa Carta Magna.

Hoy el gobierno, sin saberlo, está como el rey Juan sin Tierra, enfrentando una rebelión fiscal por la enorme carga tributaria. Claro que esa rebelión no es tan cruenta, pero el malhumor por la inflación y los impuestos se traducen, entre otras cosas, en las urnas.

Fuente: Economía para Todos