Abroquelamiento detrás de la Justicia que considera propia. Protección férrea a socios que aparecen en problemas. Demanda de fidelidad política inclaudicable. Utilización de cualquier recurso, también los innobles e ilegales, para desarrollar la campaña electoral. Cristina Fernández ha resuelto jugar todo el poder de fuego que le queda para hacer frente a las primarias. Presume, como aconteció en el 2011, que el paisaje delineado por los votos el próximo domingo difícilmente sufra mutaciones de raíz en las legislativas de octubre.
Esa tenaz voluntad de la Presidenta se estrella a veces, sin embargo, contra la realidad. Los tiempos no son los que eran cuando inauguró su segundo mandato. El Poder Judicial se ha dividido luego del lanzamiento de la reforma y de la ambición frustrada por la Corte Suprema de someter al sufragio popular la designación de jueces y académicos para el Consejo de la Magistratura. Aún en dificultades, Cristina supo aprovechar una de las postreras ocasiones de holgada supremacía en el Congreso para aprobar los pliegos de diez camaristas, 24 fiscales y 17 defensores oficiales. Más de un tercio de esa nómina está enrolado en Justicia Legítima, la organización que apuntala los planes cristinistas.
Hubo, entre tantos, dos casos que llamaron la atención y provocaron críticas opositoras. La designación de María Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, como vocal de la Cámara de Casación porteña. Esa jueza tiene pergaminos y prestigio. También amigos en la Corte Suprema. Pero encabeza un activismo contra esos jueces, excepto Raúl Zaffaroni. Lideró la marcha callejera que denostó la decisión del máximo Tribunal de declarar inconstitucional un aspecto de la reforma judicial. ¿Sería compatible esa actividad con su responsabilidad de impartir justicia? No se trataría de ninguna persecución ideológica, como arguyó el cristinismo. Simplemente de la duda natural sobre el equilibrio que deberían envolver sus fallos.
La otra polémica rodeó a Carlos Gonella. Se trata del jefe de la unidad antilavado de la Procuración General, que comanda Alejandra Gils Carbó. Gonella fue elegido para ocupar la Fiscalía Federal de Formosa.
Pero es probable que siga donde está ahora.
Resulta más útil para las presentes necesidades del Gobierno. Gonella es un especialista en derechos humanos cercano a La Cámpora. Pese a las grandes atribuciones que le fueron concedidas a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado que conduce (con otros seis fiscales ad hoc) mantuvo una llamativa pasividad cuando estallaron las denuncias sobre lavado que involucran a Lázaro Báez. Por esa razón tiene dos causas penales en trámite. Ninguna de ellas fue obstáculo para el envión que le proporcionó el cristinismo.
Báez ha sido colocado por el Gobierno, en esta coyuntura de campaña, detrás de un telón. Tanto, que una resolución de la semana pasada deparó una sorpresa. La adjudicación de una obra millonaria para la construcción de una represa en Santa Cruz fue para Electroingeniería. Es una empresa con sólidos lazos con el Gobierno, patrocinada por Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. Báez se perfilaba, aún en los inicios del escándalo que acosa, como factible ganador.
Fue relegado al último lugar.
El empresario de Santa Cruz debe tener, en esta época, menos influencia en el núcleo de poder del kirchnerismo-cristinismo de la que parece poseer Ricardo Jaime. El ex secretario de Transporte debió permanecer seis días prófugo por un dictado de prisión del juez Claudio Bonadio por un caso de corrupción en un proyecto ferroviario del Belgrano Cargas. En poco más de diez días logró recomponer algo su precaria situación. Primero la Sala I de la Cámara Federal en lo Correccional anuló su pedido de captura y decidió la exención de la prisión. Luego, un Tribunal de Córdoba aplazó sin fecha el juicio oral a que debía ser sometido por el robo de pruebas en una causa sobre enriquecimiento ilícito. En los últimos días una Cámara de Casación anuló otro juicio oral que debía afrontar en un caso por haber recibido dádivas de grupos empresarios.
El muro judicial para resguardar casos de corrupción en el Gobierno se completó con otra determinación de aquella Sala I de la Cámara Federal. Llevó casi a fojas cero, luego de dos años, la investigación sobre Sueños Compartidos. Ese fraude con fondos públicos para la construcción de viviendas sociales involucra a Hebe de Bonafini y a los hermanos Schoklender (Sergio y Pablo). Ambos estaban en las puertas de un juicio oral.
Nada de eso ocurrirá, según los camaristas, por la mala actuación de Noberto Oyarbide, que sustanciaba hasta el jueves la causa. El humo de su apartamiento pretendió ocultar el fondo del asunto: habrá que olvidarse de que algo serio vinculado al episodio suceda en los años de mandato que la restan a Cristina. ¿Tanta impericia no lo haría a Oyarbide merecedor de un juicio político? Difícilmente el cristinismo se anime a condenar a un juez aliado.
Cristina hubiera cerrado un periplo judicial perfecto de no haber mediado un par de contratiempos. La misma Cámara que benefició a Jaime avaló el rechazo del juez Ariel Lijo al sobreseimiento pedido por Amado Boudou en el caso Ciccone. Es probable que Lijo mueva el abundante expediente cuando pase octubre. El fiscal de esa causa es Jorge Di Lello. Ese veterano funcionario judicial peronista imputó al general César Milani, ungido jefe del Ejército, con motivo de las denuncias sobre su situación patrimonial. Al general y al vicepresidente los une un trazo de la misma historia: fueron creaciones políticas de Cristina. Y se convirtieron en problemas sin ninguna buena solución a la vista. La Presidenta ordenó a sus senadores archivar el pliego del ascenso del jefe del Ejército aunque no pudo evitar grietas en las organizaciones de derechos humanos. Milani suma a su compleja situación patrimonial sospechas sobre su conducta durante la dictadura. Cristina prefiere pagar cualquiera de esos precios, producto de sus errores, antes que dar un solo paso atrás.
La única voz que suena en respaldo de Milani es la de Agustín Rossi. El ministro de Defensa, hasta hace poco jefe del bloque de diputados, carece ya de futuro político. El resto del peronismo oficialista guarda silencio.
El conflicto ni se mencionó, por ejemplo, en el encuentro de apoyo orgánico más importante que tuvo Martín Insaurralde para su postulación en Buenos Aires. Fueron trece gobernadores y los intendentes K de los distritos poderosos que desembarcaron en un acto en La Matanza. El organizador fue el mandatario de San Juan, José Luis Gioja, para satisfacer un pedido presidencial.
Pero la figura resultó Daniel Scioli.
El gobernador de Buenos Aires está cumpliendo un papel que no cumplió nunca. Se ha hecho talibán K tardío y sobrelleva junto a la Presidenta el peso de la campaña.
Ha dejado de lado sutilezas y diferenciaciones. No vaciló en abrazarse con aquellos mandatarios que hace poco, antes del lanzamiento de Sergio Massa, lo consideraban una peste. A tal punto que fue el único marginado de una reunión similar realizada en Entre Ríos.
Sucede que el desafío lanzado por el intendente de Tigre dejó a Scioli sin margen para otra acción.
O se montaba en el Frente Renovador –cuestión que consideró hasta último momento– o quedaba sin remedio en las comarcas oficiales. En ese espacio de campaña no se conocen las concesiones: por ese motivo se abrazó al credo cristinista.
El gobernador sueña todavía con la sucesión. Supone que el ciclo de Cristina, más allá de los resultados, estaría concluido.
“Será una fuente de consulta indispensable”, se atrevió a presagiar sobre la Presidenta imaginando el tiempo posterior al 2015. Pero supone, además, que una irrupción estruendosa de Massa en el principal distrito electoral podría alejarlo de aquel viejo sueño. Transó, entonces, con la estructura peronista que aún dice rendirle fidelidad al Gobierno.
Scioli está obligado a hacer cálculos de equilibrista. Le convendría una paridad electoral en Buenos Aires que neutralice, en parte, el plan presidencial de Massa. También las infulas cristinistas, latentes si Insaurralde se alza con la victoria. Ese juego insume costos: la imagen del gobernador habría caído 5 puntos; también se habría diluido el perfil de supuesta autonomía labrado por años. Igual, su bagaje alcanza para sostener al candidato de Lomas de Zamora.
Frente a esa realidad, las incertidumbres aumentan. ¿Qué pasaría con Scioli si el cristinismo pierde, al final, Buenos Aires? ¿Sería reconocida y premiada, de todas formas, su entrega? ¿Qué sucedería con aquella estructura peronista que la semana pasada lo indultó? ¿Continuaría respaldando su sucesión presidencial o se cobijaría al calor de Massa?
En el tramo final de la campaña, el intendente de Tigre parece haber quedado como el verdadero contendor político del cristinismo.
A ese lugar habría sido empujado por el Gobierno antes que por su vocación. Guillermo Moreno subió el tono de los ataques. Insaurralde también. Cristina arreó a su candidato por todos lados y lo coló, incluso, en el saludo que tuvo con Francisco en Río de Janeiro.
Esa imagen circunstancial se terminó convirtiendo en un afiche de campaña de Cristina e Insaurralde. Y también de un indigno papamóvil. El gesto podría estar desnudando, tal vez, tres cosas: la desolación de sus almas, la ausencia de límites y cierta inocultable desesperación.
