"La realidad es la única verdad", decía Aristóteles asumiendo la objetividad del mundo que nos rodea. Los críticos del relato oficial recurren a esa frase -que Perón repetía- para graficar el divorcio entre la "realidad" que propala el Gobierno y los datos que la desmienten. Pero el planteo de propuestas superadoras corre el peligro de sustituir un relato negador de la realidad por otro. Si la "realidad objetiva" sigue subordinada al discurso que hegemonice el nuevo turno político, como sociedad corremos un doble riesgo: aceptar muchas de las falacias del relato sustituido y seguir emparchando el presente sin definir un proyecto futuro.
En los tiempos de la "modernidad líquida" no hay una realidad objetiva, sólo hay puntos de vista sobre los datos que ofrece la evidencia empírica. El mundo para los posmodernos es una construcción humana. Lo creamos con las historias que inventamos para explicarlo, según cómo elijamos vivir en él. Los semiólogos afirman que este mundo es contingente, todo deviene; por lo que no hay verdades objetivas. En cierto sentido es un mundo creado por el lenguaje, unido por metáforas y significados consensuados y compartidos, que mutan con el paso del tiempo. La realidad no es una herencia que recibamos, sino algo que creamos nosotros al comunicárnosla. Con este paradigma, el relato predominante, el que prevalece sobre los otros, termina imponiendo su versión de la realidad.
El relato K, populista y posmoderno, abreva en esta visión; por eso ha hecho uso y abuso del armado comunicacional de lo que nos acontece: con información adulterada (que refleja sus "puntos de vista"), enemigos de ocasión (útiles para exculparse) y recurrencia a las "sensaciones", para negar problemas concretos (inseguridad, inflación, estancamiento). El relato ha dejado de ser creíble para propios y extraños por la abrumadora evidencia empírica que desnuda su ficción.
Esa evidencia empírica que nos ofrece "la realidad como única verdad" no puede ser soslayada para abordar los problemas y plantear las soluciones que el país demanda. El equilibrio y la independencia de poderes de la República, como la generación de electrones, la recomposición de los stocks depredados, los frenos de los trenes, las cloacas, las obras pluviales, la inflación real, la pobreza y la educación de calidad no se resuelven construyendo otro relato. Para restablecer la capacidad de transacción entre las urgencias del presente y las necesidades de un futuro que se nos vino encima, el proyecto alternativo deberá asumir el diagnóstico con datos objetivos y atacar las causas de nuestras crisis recurrentes.
El estropicio institucional de la gestión kirchnerista presenta evidencias de sobra. Sin embargo, muchas críticas al proceder oficial tratan las transgresiones institucionales como sesgos autoritarios a corregir. Parecen ignorar que la democracia republicana (participativa y de consensos) no forma parte del relato oficial. El relato K promueve la democracia plebiscitaria; por eso necesita enemigos de ocasión y minorías testimoniales que jueguen de opositores en los turnos electorales reivindicativos de la "voluntad de la mayoría".
El proyecto alternativo debe rescatar las instituciones de la República y el Estado de Derecho, y no engañarse con los cantos de sirena de los "populistas institucionales". El relato populista puede fingir un tiempo de republicano y pontificar los consensos transversales, pero en su ADN está la democracia "delegativa", no la de la Constitución Nacional.
Aunque la información y la investigación empírica lo desmienten, el discurso opositor ha comprado uno de los ejes del relato K: el crecimiento a tasas chinas de la "década ganada". El relato oficial toma como base de comparación el año 2002, cuando la economía estaba en el quinto subsuelo en el que nos hundió la depresión y la posterior explosión devaluatoria luego de la convertibilidad. La contabilidad del crecimiento, nos muestra, en cambio, que por metodología de descomposición de los ciclos, la base de comparación para evaluar cuánto y cómo crecimos debe hacerse contra el año en el que se alcanzó el máximo de actividad en el ciclo anterior (ver Coremberg, http://arklems.files.wordpress.com/2011/05/paper-wordklems.pdf ). Si se toma el pico de 1998, la Argentina creció en el período 1998-2010 un 2,3% anual, por debajo de las tasas de Brasil (3,4% en el período) y del promedio de América latina (3%). Es decir, crecimos más por rebote y utilización de factores ociosos que por crecimiento de la productividad sistémica.
Si se ignora esta información objetiva y se acepta la premisa del relato K, el proyecto alternativo va a seguir confundiendo las expansiones cíclicas con el crecimiento sostenido, y las políticas públicas van a seguir ignorando la importancia del conocimiento, la innovación y la productividad en el proceso de desarrollo.
Los datos oficiales del Banco Central muestran que la deuda pública en dólares (sin contar las tenencias de organismos oficiales) respecto del producto es baja (18,8%). Aunque allí no se contabilizan los pasivos contingentes con los holdouts , y los que pueden derivarse de los juicios que el país enfrente en cortes arbitrales, la reducción de pasivos en dólares en manos de tenedores externos es un dato positivo. Lo que la evidencia empírica desmiente es la inferencia que hace el relato oficial a partir de esa información cuando asocia el desendeudamiento con la mejora patrimonial del país. La descapitalización por pérdida de activos en toda esta década ha sido altísima. Sólo contabilizando la caída del stock de reservas energéticas, los cálculos ascienden a 180.000 millones de dólares. Agreguemos la pérdida del stock ganadero, el déficit de infraestructura, el "manotazo" a los recursos previsionales, y la cuenta sigue sumando millones. Si el proyecto alternativo parte del bajo nivel de endeudamiento en dólares, sin la contracara de la descapitalización, el país corre el peligro de alentar otra ficción que sobrestime la capacidad de colocar nueva deuda y subestime las necesidades de financiamiento.
El relato oficial exalta los logros sociales del modelo. Se atribuye la implementación de la Asignación Universal por Hijo (alrededor de 2.000.000 de titulares), la incorporación de cerca de 2.500.000 nuevos beneficiarios que no hicieron aportes al sistema previsional y la extensión de planes sucedáneos a un seguro de desempleo. La oposición reivindica la Asignación Universal por Hijo como propuesta propia y critica el veto presidencial a la ley que fijaba el 82% móvil para las jubilaciones. Pero el relato esconde lo que la información objetiva pone a la luz: hay 8.000.000 de trabajadores (informales, cuentapropistas) que no hacen aportes jubilatorios, lo cual desfinancia el sistema actual y genera una carga a futuro.
El gasto público consolidado (Nación, provincias, municipios), medido en dólares corrientes, que en 2003 era del 29% del producto, en 2013 va a representar el 47% . En la estructura de ese gasto, los subsidios económicos (los energéticos, entre ellos) de naturaleza regresiva crecieron exponencialmente y ya representan alrededor del 5% del producto. Si el proyecto alternativo se propone mejorar los haberes jubilatorios y aumentar la inversión con impacto social (vivienda, cloacas, salud, educación), tendrá que reasignar prioridades de gastos y recuperar el presupuesto como instrumento de planificación y control de gestión. De lo contrario, la solvencia de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica seguirán siendo parte de un discurso voluntarista que la inflación crónica (bien calculada) se encargará de desmentir.
Los datos objetivos nos muestran que en la década pasada hubo condiciones mundiales excepcionales para la Argentina. Los términos de intercambio (precios de nuestras exportaciones respecto de las importaciones) estuvieron entre los mejores de la historia, la tasa de interés internacional fue la más baja de los últimos 50 años y el dólar débil favoreció el flujo de capitales a las economías emergentes. Puede que estas condiciones continúen, pero no se puede armar un nuevo relato en torno a su perdurabilidad. El proyecto alternativo debe prever las contingencias de un escenario internacional menos favorable.
Es tiempo de un proyecto de futuro inclusivo que traduzca los consensos republicanos y progresistas en la plataforma del desarrollo económico y social.
