Elisa Carrió y Fernanda Reyes presentaron una denuncia penal por la publicación llamativamente tardía de las autorizaciones para realizar multimillonarias operaciones con fondos públicos luego de que fueron informadas por LA NACION.

Si una operación de utilización de fondos de la Anses para financiar al Tesoro nacional se hizo sin autorización, puede haber como mínimo malversación de fondos.

En el pasado han ocurrido cosas similares. Se gastan los fondos y la falta de autorización legal se descubre meses después, cuando hay que enviar al Congreso la llamada Cuenta de Inversión, en la que el Poder Ejecutivo reporta qué hizo con los dineros del ejercicio anterior.

Hay que enviarla a más tardar el 30 de junio. No es extraño que pocos días antes hayan comenzado a aparecer en el Boletín Oficial normas fechadas en 2012, algunas con casi nueve meses de atraso.

Si bien no es la primera vez, es difícil encontrar antecedentes de tantas normas que aparecen tan tarde y por montos tan altos.

Durante el menemismo, el entonces director del Incaa, Julio Mahárbiz, fue procesado por un caso similar. Era una sola norma y los montos, muy inferiores a los de ahora.

La actual administración no sólo se hizo en 2012 sin permiso de más de 800 millones de pesos de la Anses; también capturó 2000 millones del Banco Nación.

Los funcionarios a cargo de esas instituciones pueden ser investigados por entregar recursos, mientras que a los secretarios de Finanzas y de Hacienda les corresponde decir por qué tomaron fondos cuando no tenían permiso para hacerlo.

La pérdida de transparencia es enorme. No se sabe a ciencia cierta cuál es el balance del sector público, porque más de seis meses después el Ejecutivo "se acuerda" de que hizo operaciones que no reportó.

Es difícil de creer, porque es el mismo gobierno que cuenta con unos superpoderes presupuestarios para hacer y deshacer a gusto; poderes que ningún presidente tuvo desde 1984 y hasta la llegada del kirchnerismo.

La actual administración puede cambiar de destino los fondos, aumentar los gastos, disponer que lo que era para obras públicas (como trabajos para prevenir inundaciones) se gaste en subsidios, entre otras facultades. Hasta la llegada del kirchnerismo, los anteriores presidentes debieron negociar esa clase de cambios con el Congreso.

De allí surgen todas las dudas. ¿Por qué "olvida" emitir y publicar normas que dependen sólo de su voluntad? Cuando un gobierno tiene todo a favor, no se sabe de dónde, pero aparecen los recursos. Y cuando las cosas no van tan bien, como ocurre para las cuentas fiscales en los últimos años, no se sabe de dónde surgen las deudas.

La sospecha es que existen "agujeros" fiscales inconfesados, que luego hay que reconocer. Esas mismas sospechas serán temibles para quienes tengan que administrar a partir del 10 de diciembre de 2015.

¿Qué dejarán las actuales autoridades bajo la alfombra de un año para otro si saben que no van a seguir a cargo y cuando sabían que se quedaban hacían estas cosas?

Si se siguieran las normas presupuestarias, los libros de todos los organismos y jurisdicciones de la administración nacional deberían cerrarse el último día hábil de diciembre, para evitar que se imputen operaciones posteriores al ejercicio anterior.

Debería controlarlo la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y no lo hace o lo hace mal. A cargo de esa repartición está Daniel Reposo, aquel que cometió "errores de tipeo" en su currículum cuando fue candidateado para ocupar la Procuración General de la Nación.