Detrás de la figura del controvertido militar no sólo se discute el pasado por sus presuntos vínculos con la dictadura. Se debate también en plena campaña –restan diez días para las elecciones primarias– el presente, asociado a denuncias sobre corrupción.

La Presidenta pudo haber presumido que, congelando en el Senado el análisis del pliego del jefe del Ejército, coagularía el costo que le insumen las sospechas sobre el doble faz de su política de derechos humanos. Esa presunción falló porque desde entonces surgieron nuevos testimonios que incomodan a Milani. Se reclamó la reapertura de una causa adormecida en Tucumán por la desaparición en los 70 del ex soldado Alberto Ledo. Peor que eso: la Justicia empezó a indagar, luego de denuncias periodísticas, en el patrimonio del general que, por su abundancia, resultaría difícil de justificar.

El fiscal Jorge Di Lello, que imputó por esa razón a Milani, afirmó que toda imputación sobre enriquecimiento ilícito como la que recae sobre Milani supone “un estado de sospecha” sobre el acusado porque habría “verosimilitud en la denuncia y la prueba que se ofrece”. El funcionario aclaró que optaba por hablar “en términos abstractos” porque prefería no remitir, de modo expreso, al general. Pero su determinación de abrir una investigación obviaría la necesidad de cualquier justeza.

Las pruebas periodísticas aportadas apuntan a demostrar que con un sueldo de $ 15.000 Milani estaría en dificultades de explicar sus bienes. Sobre esa base fundamentaron sus denuncias, entre otros, la diputada Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Pino Solanas.

El curso de esa investigación promete un tránsito judicial bien incierto para el Gobierno. Di Lello es también el fiscal del escándalo Ciccone que compromete a Amado Boudou desde que asumió como vicepresidente. Las denuncias contra Milani por el patrimonio recayeron en Daniel Rafecas. Un juez que fue empinado por el kirchnerismo a raíz de su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Pero que resultó crucificado por Cristina –que lo apartó de la causa– cuando resolvió rascar en la historia de Boudou y de Ciccone.

Ningún dirigente cristinista se animó a hablar todavía sobre el nuevo flanco que abrió la designación de Milani. Las objeciones internas por sus supuestos lazos con la dictadura perdieron intensidad aunque parecen lejos de acallarse. Un diputado del oficialismo sostuvo en las últimas horas que el general “no es la persona indicada” para estar al frente del Ejército. La declaración la formuló el tucumano Gerónimo Vargas Aignasse. “Este tipo de decisiones nos sorprende y nos hace mal”, opinó. Habló incluso de un “indulto encubierto”, en caso que el pliego sea convalidado en el Senado. Vargas Aignasse es hijo del ex senador Guillermo, secuestrado y asesinado por la dictadura.

El debate sobre la corrupción, que inoportuna a un Gobierno en campaña, no arrancó con Milani. Pero la determinación presidencial de querer ocultar su pasado devolvió aquel tema a la primera línea de la escena política.

Tanto parece ser así que, una vez concluída la feria judicial, el fiscal Federico Delgado decidió iniciar una investigación sobre Diego Bossio, titular de la ANSES, por presunto desvió de fondos, según una denuncia presentada por Carrió. El activismo de los últimos tiempos del Poder Judicial coincidiría con la batalla lanzada por Cristina, cuyo blanco dilecto es la Corte Suprema.

El timbre de alarma más sonoro fue activado, en ese aspecto, por Claudio Bonadio. El juez, en una semana, dictó la prisión para Ricardo Jaime y tomó indagatoria a Guillermo Moreno por “abuso de autoridad”, en relación a la polémica entre el INDEC y las consultoras privadas. El ex secretario de Transporte debió permanecer seis días prófugo hasta que la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional dictó la exención de aquella prisión. En ese lapso medió una presión muy fuerte del Gobierno sobre los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Ninguno de los pleitos, sin embargo, están cerrados ni ofrecen tranquilidad al cristinismo. Fuentes judiciales señalaron que Bonadio habría reunido nuevas pruebas en el caso que involucra a Jaime –manejo de subsidios para un proyecto ferroviario del Belgrano Cargas– y que podrían derivar en otra solicitud de detención contra el ex secretario. El mismo juez estaría analizando aún las declaraciones que tomó a Moreno. De ese análisis podría surgir, quizás, un agravamiento en la situación judicial del secretario de Comercio. Difícilmente alguna de esas cuestiones se resuelva antes de las primarias del 11 de agosto.

Esa votación adquiere cada día mayor trascendencia para el Gobierno. No sólo anticiparía la foto de poder que podría aguardarle en octubre. También podría significar, según resulte esa foto, una señal para que la Justicia active una parva de causas pendientes contra funcionarios cristinistas.