Está ya bajo juicio la honestidad de la política de derechos humanos del kirchnerismo. También, por supuesto, la de Cristina Fernández. Flamean además las declamadas convicciones sobre defensa de la soberanía nacional. La pelea con el Poder Judicial presagia a futuro novedades similares a la del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El vínculo local e internacional con la comunidad judía se exhibe destruido a raíz del pacto turbio con Irán. Si hacía falta una constancia, fue posible recogerla en el acto del decimonoveno aniversario del atentado en la AMIA. Hubo cuestionamientos contra todos, también contra la Justicia cristinizada. La Presidenta optó por estar lejos, firmando acuerdos de cooperación en Colombia con su par Juan Manuel Santos.
Todos aquellos serían conflictos relativamente nuevos que se potenciaron, por distintas razones, en las últimas semanas. Pero Cristina carga, desde hace rato, con otra colección de divorcios y guerras todavía inconclusas. Las que mantiene, por ejemplo, con el campo, los empresarios y los medios de comunicación que no le responden. Al sindicalismo, dividido ahora en cinco fracciones, decidió abandonarlo. Una parte mayoritaria del peronismo, incluso muchos que aún le juramentan fidelidad, han resuelto enrolarse en corrientes que avizoran el tiempo del poskirchnerismo y la necesidad de edificar una alternativa para el 2015. Sergio Massa y su Frente Renovador en Buenos Aires parecen hoy los más beneficiados. Quizás ese beneficio pueda aumentar después de las primarias de agosto.
La descripción asoma sorprendente y difícil de entender sobre un Gobierno que hace un año y medio reunió el 54% del respaldo popular. Podrían ensayarse tres argumentos para arrimarse al meollo de esa declinación: una equívoca interpretación de aquella gran victoria, que no representó –como creyó Cristina– una delegación de poder ilimitada; las increíbles deficiencias de gestión política y, sobre todo, económica; un impulso patológico, superador de los consejos del teórico argentino-británico posmarxista, Ernesto Laclau, sobre la conveniencia de construir enemigos acorde con la talla de las necesidades políticas. Esa necesidad, siempre circunstancial, habría virado en una auténtica adicción.
La designación del general César Milani como jefe del Ejército consolidó una grieta entre las organizaciones de derechos humanos que se venía insinuando a través de episodios anteriores. Entre ellos, la oscuridades que rodearon la sociedad de Hebe de Bonafini con los hermanos Schoklender (Sergio y Pablo). O la desatención y el apaleo, en varios casos, de las comunidades originarias que pugnan por sus tierras y sus derechos. Aquellas organizaciones sirvieron de amalgama al kirchnerismo-cristinismo para compactar a intelectuales, a movimientos sociales y a imprecisos, aunque políticamente rentables, sectores identificados con el progresismo.
No estaría claro por qué motivo la Presidente resolvió encumbrar a Milani. ¿Para manejar la inteligencia y evitar a la SI (Secretaría de Inteligencia) en la que no confía más? El general manejaba un formidable aparato como subjefe del Estado Mayor. Desde ese lugar alimentaba con información de espías a la Casa Rosada. Otra hipótesis sería la de haber buscado en una fuerza armada el apuntalamiento que escasea en el arco político y social.
¿Resistencia por las malas ante la eventualidad de un trance crítico?
Hay serias dudas, más allá de las complicidades con que armó su Estado Mayor, sobre el acompañamiento que, en ese caso, podría tener Milani del grueso del Ejército.
Aquella trepada del general ha causado hasta ahora más trastornos que otra cosa. Afloraron sospechas sobre su comportamiento en la dictadura. También presunciones acerca de sus simpatías con los ex carapintadas. Y muchas flojedades para explicar el abundante patrimonio. Memoriosos del Ejército recuerdan algo: Milani habría tenido participación directa y activa en la venta de inmuebles que la fuerza disponía para tareas de inteligencia. Fueron ingresos millonarios. Milani se presentó a declarar la semana pasada ante un juez de La Rioja para deslindar culpas sobre el testimonio de un ex detenido (Ramón Olivera) que lo acusó de su captura y de apremios posteriores. No hay en esa provincia ninguna causa abierta. También lo hizo en Tucumán, donde existe una causa archivada en su contra por la desaparición en los 70 de un soldado que oficiaba de ayudante suyo. Mucha coreografía.
Su pliego de ascenso, por orden de Cristina, será abordado mañana, pese a todo, en la Comisión de Acuerdos del Senado. De esa Comisión voló, en forma sorpresiva, Daniel Filmus. El senador ultra K pone en juego su banca porteña en octubre. El oficialismo dispone igual de una amplia mayoría. Cuando llegue al recinto, en plena campaña, las cosas podrían cambiar. El cristinismo tiene a mano una posibilidad: dilatar su tratamiento si el conteo de votos fuera desfavorable. Lo hizo durante mucho tiempo (desde septiembre del 2010 hasta diciembre del 2011) con Mercedes Marcó del Pont, luego que fue nombrada en la jefatura del Banco Central para sustituir a Martín Redrado.
El aparato cristinista s iempre encuentra algún artilugio para ir zafando, aunque cada vez le cueste más.
Carlos Zannini debió trabajar bastante para aliviar la situación del Gobierno y la de Jaime. El ex secretario de Transporte estuvo seis días prófugo y con un pedido de captura internacional por el dictado de detención del juez Claudio Bonadio. Esa decisión habría tenido, a juicio de entendidos, fundamentos caprichosos. ¿Por qué detenerlo, con presunción de fuga, por un caso de corrupción y no por la tragedia ferroviaria en Once, con 51 muertos, en la cual figura procesado? Pero el verdadero problema para el Gobierno es otro: Jaime representa un ícono de la corrupción extendida en esta década y su condición de prófugo – con indudable resguardo del poder– podía tornarse insoportable para el sensible humor público.
En 30 años de democracia no se registró un episodio similar.
El único que pareció advertirlo fue Florencio Randazzo. Tomó distancia del escándalo. El ministro de Interior y Transporte lidia con la calamitosa herencia que le dejaron Jaime, Juan Pablo Schiavi y Julio De Vido.
Aquella misma percepción hizo vacilar a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal. Ante ellos cayó el pedido de exención de prisión de la defensa del ex funcionario. Jorge Ballestero y Eduardo Freiler deseaban que concluyera la semana sin resolución para acogerse a la feria judicial y aguardar que sus reemplazantes resolvieran. Esos magistrados ya habían hecho un gigantesco favor a Jaime, en consonancia con Norberto Oyarbide: la invalidación como prueba de delitos de 40 mil mails que comprometían al ex secretario de Transporte. Pero la presión de Zannini pudo más que el anhelo de ambos.
En el fondo de ese caso se esconde otra pelea. La del cristinismo contra el Poder Judicial. El Gobierno atesora información acerca de un encuentro de varios jueces y fiscales para frenar la ofensiva del poder político. Ese cónclave se habría realizado en una pequeña parroquia bonaerense o en un campo de San Luis. Las fuentes difieren. Bonadio habría sido uno de los participantes. El juez que, en la misma semana, ordenó detener a Jaime e indagó a Guillermo Moreno por “abuso de autoridad”. Las alarmas del cristinismo se activaron además cuando en el acto por la AMIA se escucharon durísimas críticas contra los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo –que sustancia una causa lateral a la del atentado– y contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. Lijo posee el caso Ciccone que compromete a Amado Boudou. Ha rechazado su pedido de sobreseimiento.
“Están juntando piedras. Habrá que ver cuándo las empiezan a tirar”, concluyó un cristinista de la Justicia que rastreó aquella supuesta cumbre clandestina.
E n la Justicia, promete aterrizar también el acuerdo de YPF con la petrolera estadounidense Chevron para la explotación del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, en Neuquén. Las impugnaciones de la oposición comenzaron a llover. Ese convenio es una radiografía perfecta de las clásicas incongruencias del Gobierno. Repasemos sólo algunas.
–Cristina afirmó al reestatizar YPF que cualquier cambio en el funcionamiento de la empresa debía resolverlo el Congreso.
Lo decidió con un decreto.
–En la Convención Constituyente del 94 la Presidenta (entonces senadora) tuvo dos intervenciones. Fue para defender el derecho de jurisdicción de las provincias sobre sus riquezas.
Protegía a Santa Cruz.
El reciente decreto arrasa con los derechos de Neuquén.
–Al lanzar en 2012 el plan de inversiones de YPF, se comunicó la cifra de US$ 37.200 millones en 5 años. Es decir más de US$ 7.000 millones por año. Chevron promete sólo US$ 1.240 millones en esos cinco años.
Más de la mitad del monto son dividendos retenidos en el país por el cepo al giro de ganancias al exterior.
–Cristina criticó siempre que los pleitos por los bonos de la deuda se desarrollaran bajo jurisdicción extranjera. El acuerdo será regido por una conjunción jurídica de EE.UU. y Francia.
–Cuando se reestatizó YPF en 2012, la Presidenta prometió una rápida recuperación. En ese momento sus activos cotizaban US$ 18.000 millones. Ahora valen US$ 3.200 millones.
Evidencias que demostrarían, en este y otros casos, que no hay relato y verborragia que sobrevivan a tanta falsedad.
