Tras el fallo de la jueza María Servini de Cubría que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura y las perspectivas de que la Corte Suprema de Justicia convalidará esa sentencia, el gobierno de Cristina Kirchner se prepara para afrontar una de sus peores derrotas. Claro que, en la lógica kirchnerista, prepararse para una derrota no implica quedarse de brazos cruzados, sino pergeñar alternativas para doblar la apuesta.
¿Pasará la nueva apuesta presidencial por propiciar un aumento del número de integrantes de la Corte para romper el equilibrio actual en favor de una clara mayoría para el oficialismo kirchnerista?
Nada le impediría al partido gobernante imponer ahora en el Congreso una ley que eleve el número de miembros del máximo tribunal. No está claro si tendría los dos tercios de los senadores presentes para prestar acuerdo a las propuestas de nuevos ministros de la Corte que vaya a presentar la primera mandataria. Ante este caso, el oficialismo podría recurrir a la designación de jueces subrogantes para cubrir los eventuales cargos vacantes en la Corte, según presumió un destacado constitucionalista que está lejos de simpatizar con el Gobierno.
No hay decisión tomada en el Gobierno, pero nadie descarta que se llegue a esa instancia en el actual contexto. Por ahora, la Presidenta ha bajado línea a sus alfiles para que expandan dos de sus latiguillos preferidos: el de la lucha contra las "corporaciones" y el de la denuncia de "maniobras destituyentes".
El hipotético pero muy probable fallo final de la Corte contra buena parte de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura será coronado seguramente por una denuncia de golpe de Estado desde el gobierno de Cristina Kirchner. Se dirá que jueces que no son elegidos por el pueblo obstruyen las políticas de quienes sí son elegidos por él y vendrá la declaración de guerra.
Los paralelismos con la reforma judicial que impulsó el chavismo en Venezuela, especialmente a partir de la nueva Constitución de 1999, estarán a la orden del día. La Asamblea Nacional Constituyente venezolana creó un Tribunal Supremo de Justicia, compuesto de siete salas y un total de 32 magistrados. En los años siguientes, ese tribunal, que reemplazó a la vieja Corte Suprema, sufrió varias purgas hasta tomar una coloratura cada vez más chavista. Por esos años también se destituyó a centenares de jueces: sólo entre 1999 y 2006 se removió a unos 400, por medio de una Comisión Judicial del Tribunal Supremo. Para superar obstáculos constitucionales, que obligan a seguir determinados procedimientos para los relevos, se optó por una fórmula verbal: en lugar de destituir a los jueces incómodos para el poder político, se les revocaba la designación.
Recientemente, un diputado venezolano opositor al chavismo, Leopoldo López, comparó la reforma judicial kirchnerista con la iniciativa de "modernización de la Justicia" impulsada por Hugo Chávez. Señaló además que la médula de la reforma judicial en su país fue la instalación de jueces provisionales, que hoy son aproximadamente el 80 por ciento de los magistrados.
Más allá de que el sistema judicial venezolano era antes del chavismo considerablemente corrupto y estaba penetrado por los partidos políticos, según refieren muchos analistas de ese país, la reforma chavista sirvió básicamente para poner diques de contención a la independencia de los jueces.
Al cuestionar la oposición de los jueces a la reforma aprobada por el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, sostuvo que "la Justicia debe dejar de temerle al pueblo". Admitió, así, que algunos magistrados pueden sentir miedo. Tal vez debería recordar una máxima de Eduardo Couture, maestro de abogados uruguayo: "El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo".
