Se entusiasma el intendente peronista, uno de los pesos pesado del Gran Buenos Aires.
“Cristina lo entendió. Frenamos a los ultras”, dice, durante una extraña isla de serenidad en medio del fragor cotidiano. Explica que después de soportar la lluvia ácida de las denuncias de corrupción, con la inflación empujando, el dólar corcoveante y un humor social de los mil demonios, la Presidenta habría decidido dejar de recostarse tanto en los sectores más radicalizados, que la acompañan de modo incondicional.
Lo que dice el intendente es que, al menos en el armado electoral del principal distrito del país, la voz que escuchará Cristina –en la hipótesis de que escuchara alguna– será la de ellos, los jefes territoriales, y no la de La Cámpora.
Sin embargo, la foto de anoche en Plaza de Mayo con la Presidenta envuelta en la bandera de La Cámpora, tanto como el anunciado sistema de control de precios puesto en manos de la militancia juvenil, debería poner en cuestión tanto entusiasmo del intendente.
Es curioso: mucho más que la oposición o que los medios, quienes han demonizado a los camporistas son los propios cuadros peronistas del oficialismo. Ven en ellos una amenaza concreta a su poder, tan minuciosamente construido. Y nos les gusta que paracaidistas pertrechados hasta los dientes con las chequeras y el favor de la Presidenta pretendan echarlos de sus feudos políticos.
Los dichos atribuidos a Máximo Kirchner, en una reunión reciente en Río Gallegos, alimentan generosamente esa paranoia.
“No va a haber candidato que no sea de La Cámpora”, habría afirmado el hijo de Cristina y Néstor. Puede resultar ingenuo o exagerado. En cualquier caso, el resto del universo oficialista lo vive como amenazante.
La cuestión es que empezó a desperezarse la discusión para armar las listas de agosto y octubre. Parece ocioso decirlo: lo que estará en juego es la re-reelección de Cristina.
Si el Gobierno gana ampliamente, habrá espacio para intentar el tercer mandato, pasando por encima del impedimento constitucional. Si la victoria es apretada, o no es victoria, el plan maestro del Gobierno –que es el único plan que hay– se derrumbará sin remedio. Después vendría la crisis de sucesión, con un núcleo de poder en retirada.
Como las perspectivas electorales no están muy claras, la preocupación por resguardar el territorio es mayúscula.
“No vamos a tener problemas en la lista de diputados nacionales porque esa la decide Cristina”, explica otro jerarca importante del sur del conurbano. Pero cuanto más se baja en la pirámide de las candidaturas, más cerca se está del poder concreto de los intendentes. Allí nadie va a regalar nada.
Las encuestas del oficialismo hoy sólo emanan pronósticos inciertos. Aunque los números son precarios, porque la parafernalia electoral todavía está en reposo, Alicia Kirchner, la única candidata hasta ahora a encabezar la lista, está perdiendo con Francisco De Narváez.
Por poco, pero está perdiendo.
Ni qué hablar si el candidato que tiene enfrente es Sergio Massa. En ese caso, admiten los jefes territoriales que van a dar batalla junto a Cristina, la caída del Gobierno puede ser muy severa, casi terminal.
Massa sigue haciendo que deshoja su margarita. Ya avisó que no será candidato de Cristina. La cuestión es si será candidato sin Cristina, o contra Cristina. La semana se cerró con el pronóstico coincidente de otros dos intendentes oficialistas del GBA y de un operador de Mauricio Macri: los tres dicen que Massa terminará siendo candidato, diferenciándose a la vez de Cristina y de De Narváez, detrás de quien ve la mano de Daniel Scioli.
El intendente de Tigre hizo apariciones de candidato en estos días. Fue a una muestra agropecuaria, se reunió con dirigentes del campo, se fotografió con Roberto Lavagna que tiene rota su negociación con Macri. Mientras los demás especulan él sigue tejiendo su misterio.
Si no juega, puede dejar a demasiada gente colgada del pincel.
Ya empezó la cuenta regresiva hacia la elección. Pero sería incompleto cualquier diseño sin considerar lo central: el factor socioeconómico, que define el humor social.
Las recientes medidas anunciadas por la Presidenta buscan limitar el daño que ocasionan, en los sectores más desprotegidos, la caída en la producción, la persistencia de la alta inflación y la trepada del desempleo.
Cristina jugó fuerte: casi 20 mil millones de pesos al año inyectará el Estado sólo a través de la asignación por hijo, que aumentó un 35%. Salario familiar, diversos subsidios, próximos anuncios sobre la eximición del pago de Ganancias en el medio aguinaldo y hasta un eventual anticipo del aumento a jubilados, completan ese menú con el que el Gobierno enfoca su acción sobre quienes conforman su clientela política más fiel.
Para los sectores medios lo que se puso en marcha es un gran dispositivo de propaganda: el anunciado control de precios con grupos de militantes. No parece importar tanto la efectividad de la medida, ni cómo se la pondrá en práctica. Lo que hay es una enérgica actuación apuntada a mostrar que el Gobierno se preocupa por la inflación y busca a los culpables entre supermercadistas y almaceneros.
Como si fuese inocente de toda inocencia y nada del imparable costo de vida tuviese que ver con sus diagnósticos desacertados y sus medidas ineficaces.
La incógnita es si esta nueva inyección de ayuda social y la pantomima del control de precios les va a mejorar el talante a sectores muy amplios de la población, o si el sesgo declinante que las encuestas están mostrando para la Presidenta y sus eventuales candidatos está consolidado y es difícil de revertir.
En campaña desde el acto en la Universidad de La Matanza, y acunada en multitudes en la celebración de sus diez años en el poder, Cristina monitorea el futuro con un ojo en las urnas y en otro en los tribunales.
En ochenta juzgados federales del país van a empezar a presentarse los recursos de inconstitucionalidad contra la ley que reforma de raíz el Consejo de la Magistratura.
La elección de consejeros por voto en boletas partidarias, uno de los puntos más cuestionados, debería hacerse con las primarias, en agosto. Las listas de candidatos deben presentarse a mediados de junio. Integrantes de la Corte Suprema, que quizás estarán llamados a pronunciarse de forma perentoria sobre el tema, estiman que sería poco prolijo alumbrar cualquier decisión después de que los candidatos sean anunciados.
En menos de tres semanas, entonces, debería pronunciarse algún juez, luego una eventual revisión en Cámara y después la palabra de la Corte.
Toda demora favorece el plan del Gobierno. Y lo que hace el Gobierno es ganar todo el tiempo que pueda.
En esto, el caso más flagrante fue la picardía que hizo demorar cinco días en el Senado el envío de la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación. Cristina hizo lo suyo: dejó vencer los plazos para llegar a la promulgación automática. Eso ocurrirá el martes. Allí empieza la carrera.
Hay que decir que el ambiente que encuentra el Gobierno en la Justicia es hoy francamente negativo.
Esto, más allá de la notable morosidad de los jueces encargados de investigar las denuncias de corrupción que tocan al núcleo del poder.
En muchos jueces, aún aquellos que simpatizan en algún grado con el Gobierno, parece haber hecho carne la idea que resumió así un camarista: “No vienen sólo por nuestra independencia, también vienen por nuestras cabezas”.
A los magistrados les preocupa, más que el patrocinio partidario a los consejeros de la Magistratura, el hecho de que la reforma elimine la condición de los dos tercios para acusar y enjuiciar a un juez. Ese requisito venía en la Constitución mucho antes de la creación de la Magistratura, en la reforma de 1994.
Los jueces suponen, y suponen bien, que el requisito de la mayoría simple para ese menester los pone ahora en una situación de precariedad no sólo insoportable, sino permanente.
“La ley de la Magistratura está llena de inconstitucionalidades”, anticipó un juez que quizá deba pronunciarse sobre el asunto. Este es el espíritu que campea en los tribunales.
Un claro indicio de ese estado de ánimo fue un fallo masivo de los camaristas del fuero Contencioso Administrativo, que el Gobierno había seleccionado cuidadosamente para asegurarse fidelidades. Hace menos de dos semanas, cuatro de las cinco salas de esa Cámara anularon las multas que Guillermo Moreno había impuesto a las consultoras que medían la inflación y daban a conocer sus resultados, tan diferentes a los que dibuja torpemente el INDEC Otro dato político fue el resultado de la elección de consejeros docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se votó esta semana, con participación récord de 579 profesores, más del 90% de los empadronados, y el Gobierno volcó allí todo lo que tenía.
Dirigió la operación el secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora, Julián Alvarez. Otro bastonero fue el camarista Alejandro Slokar, ideólogo jurídico oficialista. Colaboraron además funcionarios nacionales, magistrados y abogados, todos consustanciados con la ofensiva de la Casa Rosada sobre la Justicia.
Enfrente se alinearon sectores tradicionales, independientes y también figuras ligadas al radicalismo y al peronismo. Los encabezó la candidata a decana, Mónica Pinto.
Consiguieron más del 82% de los votos, arrasando a la escuadra cristinista.
Uno de los ganadores fue sincero: “Nos votaron desde el espanto”. Allí, al menos, el relato se frenó en las urnas. Puede ser un caso aislado. O no.
