Por lo tanto, la parte de la opinión pública que había exhibido el mayor umbral de tolerancia frente a los malhechores despierta, sobresaltada, de su letargo moral. Se quiebra, entonces, el acuerdo por el cual el Gobierno proveía un entorno confortable y la sociedad se hacía la distraída con las irregularidades de los funcionarios. Dicho de otro modo: se quiebra un pacto mafioso.
El desencuentro no es novedoso. En los tempranos 90, la Ferrari de Carlos Menem fue aplaudida como un signo simpático de transgresión. El riojano fue reelegido con el 50% de los votos en 1995.
Pero bastó que, meses más tarde, la desocupación superara el 18%, para que el electorado promoviera a los dirigentes que se proponían investigarlo. La España de los indignados reproduce el mismo giro. Cuando traspusieron la tasa de desempleo del 20%, los españoles resolvieron darse por enterados de algunos vicios de su monarquía que hasta entonces sólo murmuraban. Las relaciones de Amado Boudou con Ciccone fueron mucho más estridentes que las de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, un año antes, con el programa Sueños Compartidos. A pesar de que los desarreglos de éstos fueron más graves desde el punto de vista político, moral y simbólico que las fechorías del vicepresidente y sus amigos.
La divulgación de los delitos de los funcionarios ejerce una didáctica engañosa. Las multitudes enojadas consiguen, de pronto, simplificar las razones de su desencanto con un sencillo teorema: "Las cosas están mal porque falta plata, y falta plata porque los de arriba se la roban".
El contexto actual colabora con la eficiencia de esa lectura qualunquista . Como Menem en 1995, o como Juan Perón en 1951, Cristina Kirchner obtuvo su espectacular triunfo de 2011 como el reconocimiento a una fiesta de consumo que se estaba agotando en el mismo momento en que la premiaban. Como Menem, y a diferencia de Perón, ella sacralizó la receta a la que atribuyó su éxito. La insatisfacción comenzó a ganar lugar en las encuestas. Las oportunidades fueron sustituidas por amenazas: la inseguridad física y el desasosiego económico lideran las preocupaciones en los sondeos de las principales consultoras. El tercer rubro es la corrupción.
La imagen presidencial se fue deteriorando con el ritmo de esas variaciones. El consenso de los sociólogos es que en 2012 perdió una docena de puntos. Con la elección de Jorge Bergoglio como papa recuperó 5 puntos, debido al clima de concordia al que ella se incorporó. Pero a partir de las inundaciones volvió descender 10 puntos, y mantiene ese declive.
Las evidencias de que la moral del kirchnerismo es poco edificante son antiguas. El desembarco de los Eskenazi en YPF se produjo a fines de 2007, y Elisa Carrió denunció por asociación ilícita a Néstor Kirchner y Lázaro Báez en 2008. Pero la persistencia de la inseguridad, la inflación, el estancamiento y las catástrofes en la infraestructura modificaron la percepción: del piadoso "roban pero hacen" se pasó al irritante "roban pero no hacen".
No es la única explicación del regreso de un desasosiego recurrente. La audiencia televisiva conoció revelaciones impactantes sobre el submundo de la familia presidencial. Es verdad que desde el año pasado se venían produciendo sorprendentes movilizaciones de descontento. Pero las denuncias de Jorge Lanata en Periodismo para todos tienen tres condiciones corrosivas. Son testimonios de personas identificables y arrepentidas. No se refieren a fraudes intrincados, sino a operaciones con dinero vivo, cuya narración suele ser, para horror de los acusados, invulnerable al sentido crítico. Pesaban la plata. Todo dicho. Además, estos escándalos se difunden por la TV abierta, de donde la política había sido expulsada hace mucho tiempo.
Pero la caída libre en el prestigio moral del kirchnerismo se debe a iniciativas del propio kirchnerismo.
Es difícil interpretar como una democratización de la palabra el avance administrativo sobre el periodismo crítico por parte de un gobierno atribulado por denuncias penales. Sobre todo si el mismo gobierno otorga prebendas escandalosas a cambio de mera propaganda. Es más probable que se esté ante un intento de oscurecimiento general para garantizar impunidad a quienes lo producen.
Una reforma judicial aprobada a libro cerrado por la mayoría oficialista, destinada a incorporar a los consejeros de la Magistratura en las listas partidarias y a reducir la mayoría por la que los jueces son removidos, se parece más a una autoamnistía que a un proyecto de modernización.
El blanqueo completa esta constelación. Ayer la oposición anticipó que, si llegara a controlar el Parlamento, derogaría la medida y revelaría la identidad de quienes se acogieran a ella. Fue una iniciativa de Alfonso Prat-Gay y Ricardo Gil Lavedra. Durante la última audiencia en el Senado, el radical Ernesto Sanz reveló que Báez ya se había beneficiado del jubileo anterior, en 2009, con $ 400 millones. Sanz recordó que los funcionarios que investigaban al empresario fueron reemplazados por Claudio Moroni, otrora jefe de la AFIP. Y su colega José Cano advirtió que el titular de la UIF, José Sbattella, no podía asistir a la reunión porque nunca denunció las operaciones sospechosas de Báez.
Cuando en el Congreso se ventilaban estas miserias, en las oficinas de Cristóbal López divulgaban la adquisición de Petrobras Argentina. López, operador de un multimedio y uno de los hombres de negocios que más han prosperado con este oficialismo, es el beneficiario del decreto menos justificable de Kirchner. Lo firmó junto a su hermana Alicia y a Alberto Fernández en 2007 para conceder a su amigo las tragamonedas de Palermo desde su vencimiento, en 2017, hasta 2037.
Mientras los voceros de López anunciaban aquella compra en Buenos Aires, la presidenta de Petrobras, Maria das Graças Foster, era interrogada por la misma operación en el Senado brasileño. Contestó que la de López era una oferta entre varias. Foster teme un escándalo por la proximidad del "amigo de Cristina Kirchner", como retrata al zar del juego la prensa brasileña. Tampoco quiere contaminarse con la venta de activos de Petrobras a López, durante la gestión anterior. La intriga es por los viajes a Montevideo de un amigo de PC Farías, el controvertido colaborador de Fernando Collor. Sobre López existe, creen en Brasil, una lupa de dimensión internacional.
Analistas petroleros vinculan el blanqueo propuesto por la Presidenta y la captura. Sospechan que el nuevo bono energético serviría para que López preste dólares al Banco Central, a cambio de que esa entidad le permita vender las toneladas de pesos que cosecha en los casinos, para, transformados en divisas, pagar a los brasileños. Hay lógica detrás de esa fantasía. Sobre todo si se recuerda quién fue el autor intelectual del blanqueo de 2009: López.
Las revelaciones sobre la corrupción, el avasallamiento de la prensa y la Justicia y el blanqueo impactan sobre la dirigencia oficialista. La Presidenta podría halagar a los intelectuales de Carta Abierta con propuestas que vuelvan más verosímil la saga de la liberación.
Los jóvenes de La Cámpora, que pretendían rescatar al Estado de las pragmáticas manos de De Vido, deberían prever alguna excusa por si el escándalo patrimonial araña a su jefe, Máximo Kirchner. Después de todo, cuando hubo que controlar Río Gallegos, la AFIP escogió a Virginia García, la cuñada del joven Kirchner. Como Cristóbal López en Brasil, Máximo y sus acólitos llaman la atención en los Estados Unidos. Douglas Farah, el investigador del influyente CSIS que publicó en febrero un severísimo dossier sobre el kirchnerismo, acaba de presentar "La Cámpora". El texto comienza con un epígrafe: "Cómo un grupo de jóvenes utópicos radicales han capturado el Estado argentino, colapsado la economía e institucionalizado un gobierno autoritario" ( http://www.strategycenter.net/docLib/20130513_LaC%E1mporaFINAL.pdf ). Entre ellos está Cecilia Nahón, la embajadora en Washington.
Las contradicciones morales inquietan a quienes postulaban un kirchnerismo edénico que, extraviado de sí mismo, mutó en "cristinismo". Los límites precoces de esa empresa imaginaria, cuyo vocero principal es Alberto Fernández, desafían sobre todo a Daniel Scioli: la radicalización del kirchnerismo y, sobre todo, la degradación de su imagen vuelven problemática la estrategia sucesoria del "cambio en la continuidad".
Sería incorrecto pensar que la glasnost oficial reduce sus efectos a la dirigencia política. El empresariado entró a la encrucijada, como se advirtió en la discusión sobre el blanqueo. Ignacio de Mendiguren, de la UIA, se entusiasmó con las ventajas productivas de los recursos mal habidos, después de que su escudero jurídico, Daniel Funes de Rioja, enumerara, sin abrir juicio de valor, los riesgos éticos y legales de la propuesta. "Me parece que están exhibiendo un pragmatismo cínico", les hizo notar la mendocina Laura Montero, y, como a dos chicos, los mandó a estudiar la ley.
