"Para hacer una tortilla..." es uno de los tantos clichés que la intelectualidad progresista despliega para justificar por qué, pese a que el kirchnerismo no demuestra avances socioeconómicos significativos, sigue "bancando" los ejes más oscuros del modelo. Uno de ellos, el más importante, el más repetido, pero no por eso menos relevante, es la intervención de las estadísticas públicas, las del Indec, desde principios de 2007. La inflación medida por las provincias, para los que no les gusta hablar de las cifras de las consultoras que pudieron hacer buenos negocios sólo por la desconfianza sobre las cifras oficiales, triplica desde entonces la del Indec. La triplican las de Santa Fe y San Luis, gobernadas por la oposición, pero también las de Neuquén, Chubut y Chaco, hasta que dejaron de publicar sus índices.

La cuestión de las estadísticas no es un tema superestructural que sólo preocupa a los especialistas. Tampoco es un reclamo legitimado únicamente por las sanciones del FMI, que, una vez que el Gobierno le presente un nuevo índice de precios al consumidor, posiblemente cierre su incidente con la Argentina y se dedique a seguir dándole consejos equivocados al resto del mundo. Como la corrupción, la mentira del Indec mata, porque si se cuentan menos pobres e indigentes, hay menor protección del Estado, tan declamada, pero tan poco ejercida sobre ellos. Las cifras de la UCA contabilizan un nivel de pobreza del 26,9%, frente al 5,4% del Indec. Especialistas cercanos al Gobierno como Artemio López reconocen que, con el falseamiento de los datos, un plan marcado como un hito en la historia como es la Asignación Universal por Hijo no tiene lógica, ya que, si no hay indigentes en "la historia oficial", ¿a quién se está protegiendo de la miseria?

Cuando se plantean todos estos hechos, defensores de buena fe del kirchnerismo dicen "sí, pero... y enuncian que al Gobierno se le pueden perdonar éste y otros defectos en pos de todos los objetivos de fondo del modelo. Desde hace una semana, otro tanto ocurre con el blanqueo de capitales que permitirá que aquellos que fugaron dólares con Cristina los blanqueen bajo el mismo gobierno, mientras se entierra la consigna de pesificación y se le da vía libre al lavado de dinero. "Es para reactivar el mercado interno", se consuelan. Pero el mercado inmobiliario está frenado por el cepo aplicado por el Gobierno, generado a su vez por una inflación no reconocida que disparó la desconfianza de la sociedad y que no se va a disipar con este atajo injustificable que perjudica a los que pagan puntillosamente sus impuestos, incluida la clase trabajadora, aportante en forma cotidiana del 21% de IVA en todas sus compras. Para esos millones de laburantes, la revolución aparece como algo borroso, lejano, aunque Guillermo Moreno les grite a algunos empresarios (mientras hace negocios con otros) o Axel Kicillof utilice un tono burlón para criticar a los que piden devaluar, mientras el gobierno de Cristina ya devaluó el 67% la moneda nacional desde 2007.

El sandinismo ingresó triunfal a Managua en 1979, pero se fue por la puerta de atrás acusado de beneficiar a unos pocos, sobre todo a los integrantes del propio movimiento revolucionario. Pero, al menos, cuentan en su haber el haber derrotado a un sangriento dictador como Anastasio Somoza. El kirchnerismo podrá seguir con su propio relato épico, pero fue puesto en el poder a dedo por Eduardo Duhalde y, a 10 años de su inicio, ya casi no puede exhibir logros contundentes, ni siquiera aquellos que había construido en sus primeros años, pero que fue derrumbando, uno a uno, con sus propias manos.