Afloran nuevas denuncias de corrupción que se superponen con otras, mucho mas antiguas y barridas bajo las alfombras del poder. Esas sospechas de corrupción irrumpen, por otra parte, cuando la economía ha dejado ya de entusiasmar.
”La economía del parche no va más. Hay que replantear el modelo”, disparó ayer Ignacio De Mendiguren. Nadie podrá descubrir ningún espíritu destituyente –como le agrada al cristinismo motear a cada persona que objeta– en la figura del titular de la UIA.
La respuesta del Gobierno es calcada para ambos problemas. La Presidenta aseguró que los escándalos preludian siempre, con intención de afectarla, los tiempos electorales.
Inexacto.
También los hubo en otras estaciones de su ciclo. La valija de Guido Antonini Wilson, con US$ 800 mil, se abrió por caso luego de su asunción en el 2007 cuando ya había ganado con el 46% de los votos. Fue la primera corroboración de que algo con olor nauseabundo atravesaba la relación política y comercial con Venezuela.
Nada cambió, ni siquiera con la muerte de Hugo Chávez. El flamante mandatario, Nicolás Maduro, estará hoy en el país para celebrar junto al cristinismo puro –con un acto en el estadio de All Boys– la sanción de la impúdica reforma judicial.
Cristina también parece haber olvidado lo que ocurrió con Amado Boudou. Sobre el vicepresidente pendía, desde que se apareó tanto a ella, un cono de sombra sobre su transparencia. El caso Ciccone estalló recién en el verano del 2012.
Es decir, dos meses después de la victoria con el 54%.
Ese escándalo la indujo a provocar un estropicio en el Poder Judicial, que arrancó con el despido del Procurador General, Esteban Righi. La causa duerme ahora en las oficinas del juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
Anteayer, Cristina volvió a remarcar las bondades del modelo económico. El dólar paralelo no había trepado aún –como lo hizo ayer– a más de $ 10. Ayer mismo de mañana, Hernán Lorenzino, un hacedor de frases ridículas, aseguró que el dólar paralelo “no le importa a nadie”. Por la tarde, el ministro de Economía integró junto a Guillermo Moreno, Axel Kicillof, Mercedes Marcó del Pont y Ricardo Echegaray el panel que anunció un nuevo megablanqueo de capitales, en la desesperada e incompetente búsqueda de divisas para una economía que las pierde y que, además, espanta inversiones.
Veamos la realidad en un trazo. En enero los depósitos cayeron a US$ 7.800 millones. En marzo se redujeron a US$ 7.200 millones. En abril quedaron en US$ 6.900 millones. Eso significaría que en el primer trimestre emigraron del sistema cerca de US$ 1.000 millones. Una interpretación optimista –la que Moreno le susurra a Cristina– podría indicar que la salida de depósitos se ha frenado en los primeros tres meses. Lo que sucedería, en verdad, es que la cantidad de dólares que quedan en el sistema está muy próxima a su piso. Por eso la caída no resultaría de proporciones.
El grueso de los depósitos que quedan serían institucionales. Los minoristas se fueron.
La puesta en escena del Gobierno para acompañar el megablanqueo de capitales tampoco pareció la más afortunada. Entre muchos males, la economía sufre de una profunda desconfianza que el cristinismo cultivó en estos años con empeño notable. La cara de la desconfianza son, precisamente, esos cinco funcionarios que se reunieron por orden de Cristina para anunciar novedades al país. Ellos serían, también junto a ella, los máximos responsables de la improvisación y la impericia que ha conducido a esta encrucijada económica. El que pretendió ser, al parecer, un gesto de fortaleza política terminó envuelto por la debilidad.
Tanto fue así, que las palabras de Kicillof –de mayor connotación política– se fueron desgajando ni bien las pronunció. Habló de un presunto ataque especulativo y de campaña cuando, en realidad, ha sido el Gobierno el generador de las actuales condiciones. Subrayó la solidez económica de todos los sectores aunque el megablanqueo casi suplica por inversiones en energía y construcción.
La situación energética se agravó tras el primer año de la estatización de YPF, cuyo principal inspirador fue Kicillof. La construcción y los negocios inmobiliarios se cayeron como un piano debido al cepo cambiario: esa obra corresponde, sobre todo, a Moreno.
Para colmo, los anuncios sobre un megablanqueo podrían darse, en el imaginario colectivo, la mano con la corrupción. Se trata de la segunda medida de ese tenor en cinco años.
Pero esta ocasión no es igual a la anterior.
Abundan las denuncias ligadas al presunto lavado de dinero de empresarios K.
Está bajo la lupa la UIF (Unidad de Investigación Financiera) de José Sbatella. Se cuestiona el papel de la AFIP de Echegaray por el envio de dinero de Lázaro Báez a paraísos fiscales. Ha generado sospecha la conducta del PROCELAC, una unidad de la Procuración General, ante las primeras denuncias sobre el empresario K. Alejandra Gils Carbó, la Procuradora, salió al cruce de Guillermo Marijuán. Es el fiscal que decidió investigar las denuncias sobre lavado de dinero, frente a la pasividad del resto. El mismo funcionario que habría sufrido en las últimas horas dos amenazas, sin que ningún hombre del poder resolviera interceder.
“El Gobierno está haciendo una invitación a las mafias”, sostuvo el economista Lucas Llach, al vincular las denuncias de lavado con el megablanqueo.
A la fórmula de la corrupción más el agotamiento del modelo económico, Cristina debería añadir una preocupación adicional: el crecimiento de la conflictividad sindical y social. Los piquetes por protestas se repiten en Capital, sus accesos y el interior. El Gobierno aduce que otros problemas gremiales poseen sólo un tinte político. Serían los que fogonean Hugo Moyano, que anoche lanzó su partido en el Luna Park, y los gremios que responden a la CTA de Pablo Micheli, muchos de ellos con activismo estatal. Es, como siempre le sucede al oficialismo, una mirada parcelada. El pleito mas serio de estos días, que se emparchó pero no fue solucionado, correspondió al gremio de la UTA, que conduce Roberto Fernández. Refiere a una agrupación alineada con la CGT K, de Antonio Caló. Cinco días sin micros de larga distancia que perjudicaron a muchas más personas –de múltiple condición social– que cuando paran las aerolíneas. El detonante fueron las diferencias en las paritarias. Pero desnudó de nuevo la crisis en el sistema de transporte. Y la precariedad de la políticas de subsidios. Como en tantos otros campos del modelo que, con automatismo, sigue declamando Cristina.