La reforma judicial que anunció la Pesidenta con bombos y platillos avanza en el Congreso con trámites exprés, como lo solicitó personalmente Cristina, sin importar la resistencia o las denuncias que esto genera.

El avance sobre la justicia no tiene límites, como quedó demostrado en los seis proyectos que se cruzan, a toda velocidad, entre el Senado y la Cámara de Diputados.

De nada importa al universo K las denuncias de inconstitucionalidad que parten desde distintos sectores de la sociedad, ni los pronunciamientos de magistrados y abogados. Y menos la advertencia de la conducción de la Iglesia Católica.

El Episcopado se pronunció una vez más por lo que siempre le ha reclamado a los gobiernos, consultas, debates y consensos, previos a resoluciones que afecten a toda la sociedad, como con lo que el gobierno denominó democratización de la justicia.

Por eso consideraron que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución. No por casualidad los obispos titularon a su pronunciamiento como Justicia, democracia y Constitución Nacional.

Lo escrito en el Episcopado adquiere una trascendencia especial porque sus integrantes reconocen por lo bajo que Jorge Bergoglio, como Arzobispo de Buenos Aires, hubiese adherido de inmediato.

El problema para el gobierno es que Bergoglio hoy no es Jorge sino el Papa Francisco.

Habrá que ver, entonces, que hará Cristina Kirchner el 25 de Mayo. Si volverá al Tedeum en la Catedral, del que se fue con Néstor Kirchner para no escuchar más las homilías de Bergoglio, o volverá para estar frente al nuevo arzobispo, monseñor Mario Aurelio Poli.

Lo que sí está claro es que Poli comparte en un todo el pronunciamiento del Episcopado sobre la reforma judicial. Pero nada de eso parece importarle al gobierno. Cristina quiere aumentar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y que haya mayoría de la mitad mas uno a la hora de votar el pedido de juicio político para un juez, y no los dos tercios actuales.

Cristina quiero todo esto y ya, aunque vaya a contramano de lo que propuso en 2005 cuando era legisladora y Néstor, Presidente.

De todas formas, la jefa de Estado tuvo un trago amargo que le sirvió un aliado y consejero como el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS. Ese organismo había dicho que era de dudosa constitucionalidad el proyecto que limita las medidas cautelares contra el Estado y el gobierno tuvo que aceptar cambios aunque no todos los que proponía ese organismo defensor de los derechos humanos, para que no se altere el espíritu de los cambios que quiere la Presidenta.

En persona, Verbitsky pudo comprar una vez más el poder que tiene La Cámpora a la hora de convertirse en fiel soldado defensor de la Presidenta. Esta vez quien le marcó los límites fue el secretario de Justicia, Julián Alvarez.

Así, el vamos por todo se instalará en pocos días más en el Poder Judicial argentino para darle un poder absoluto al gobierno en cuanto a la designación de jueces y su envío a juicio político cuando saquen fallos que molesten a la Casa Rosada.

También para recortarle facultades a la Corte Suprema de Justicia con la creación de tres cámaras de Casación y el quite del manejo de fondos.

Pero también se verán afectados los derechos de los ciudadanos con la limitación de las medidas cautelares, mas allá de los cambios aceptados por la propia Presidenta.

Como se puede comprobar, el vamos por todo implica el absoluto control de los tres poderes del Estado, aunque esto signifique dañar a las instituciones de la República y pasarle por arriba a la Constitución Nacional.

Mientras tanto, el escándalo que desató el periodista Jorge Lanata con la investigación sobre millonarias transferencias de fondos al exterior del país, sacudió a la Rosada.

No es para menos, Lázaro Báez siempre fue un empresario de fuertes lazos con el matrimonio Kirchner e hizo millonarios negocios en Santa Cruz y ahora aparece expuesto ante la opinión pública y ante la justicia.

Algunos sectores del kirchnerismo creyeron ver en la banalización de este caso la mejor forma de distraer la atención pública de la figura de Báez, para centrarla en otros dos personajes de a investigación, Leandro Fariña, el esposo de Karina Jelinek, y Fabián Rossi, marido de Iliana Calabró. Por eso alentaron la difusión de este caso en los programas televisivos de chimentos.

Sin embargo, esto terminó convirtiéndose en un verdadero boomerang porque esos programas tuvieron una audiencia inédita y potenciaron aún más el escándalo.

Así, los principales referentes del kirchnerismo miran con atención a Cristina y esperan señales de la Presidenta para saber como actuar.

La designación del juez federal Sebastián Casanello para investigar el caso Báez no es una mala noticia para los sectores duros del cristinismo. Fue nombrado por el kirchnerismo el año pasado y es bien visto por La Cámpora.

Casanello tendrá una gran responsabilidad para avanzar en la causa por asociación ilícita y encubrimiento, como lo determinó la Cámara Federal. Sobre él estarán las miradas de una sociedad desencantada cada vez que la justicia debe investigar al poder de turno.

Lo cierto es que, por ahora, Lázaro Báez sigue blindado por el gobierno nacional, como ocurre desde hace años con la obra pública, con el ministerio de Planificación y con su titular Julio de Vido.

Permitir que se abra un frente en ese blindaje podría generar un efecto dominó so bre un sector que siempre estuvo bajo sospecha.