Mientras tanto, el país asistirá hoy a una nueva protesta impulsada, entre otras motivaciones, por la percepción de impunidad. El kirchnerismo se envuelve en la bandera de la democratización en el momento en que para muchos ciudadanos adquiere el aspecto de una casta.

La denuncia sobre un circuito de dinero negro que habría montado un empresario tan próximo a los Kirchner como Lázaro Báez parece hecha a medida del cacerolazo que se convocó para esta tarde. Uno de los puntos de reunión es Juana Manso 555, la dirección de Madero Center. Allí viven Amado Boudou y Cristóbal López, y tiene un piso Julio De Vido. Allí funcionaba "La Rosadita", como llamó Leonardo Fariña a la financiera de Federico Elaskar, donde Báez haría sus operaciones clandestinas. Allí se refugió Fabián Rossi, el esposo de Iliana Calabró, apenas Fariña lo vinculó a las sociedades panameñas del grupo. Allí la Presidenta tiene dos departamentos y ocho cocheras.

El blindaje judicial de Báez siguió ayer sin fisurarse. Los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Sebastián Casanello declinan la competencia sobre el caso, cada uno en favor del otro. Ningún fiscal abrió una investigación. El que quiera hacerlo debería pedir autorización a la procuradora Alejandra Gils Carbó, según la nueva regla impuesta por esta funcionaria. Tampoco ella tomó la iniciativa. Su distracción es muy curiosa. Gils Carbó organizó Justicia Legítima para apoyar la democratización que trata el Congreso.

Su principal argumento es terminar con la dependencia de los tribunales respecto del poder económico. Es raro que no aproveche el caso del multimillonario Báez para demostrar cómo debería funcionar el sistema.

Si fuera por la Presidenta, ella misma se encargaría de escarmentar a este empresario, a quien siempre consideró un planeta poco menos que despreciable del universo de su esposo. Pero los santacruceños que acceden a Olivos intentan que mitigue su furia y advierta las nefastas consecuencias de entregar a ese antiguo servidor.

Báez podría ser más vulnerable fuera del país. Una versión insistente afirmaba ayer que el procurador suizo Michael Lauber activó el procedimiento previsto para sospechosos de alta exposición política y congeló las cuentas de Báez y sus hijos en el banco Lombard Odier. Por su parte, los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido también solicitaron a Lauber que impida cualquier movimiento de fondos a los Báez y a los funcionarios vinculados con ellos que pudieran operar en ese país.

La modernización judicial que declama el kirchnerismo no sólo diverge de la imagen que de él se hacen sus críticos. Con la batería de leyes que envió al Parlamento, el Gobierno también difiere de sí mismo. La reforma oficial se basa en tres postulados. El primero es que existe una "justicia cautelar" que permite a las "corporaciones" sustraerse de las normas que afectan sus intereses. Para eliminar ese privilegio deben limitarse los amparos judiciales.

Hace más de una década, también Eduardo Duhalde pretendió establecer esa restricción para reforzar el "corralito" bancario. Pero su proyecto chocó contra el bloque oficialista del Senado. Uno de sus integrantes dijo: "Podría fundamentar mi voto negativo al proyecto en consideración sosteniendo su inconstitucionalidad en virtud de que, sin lugar a dudas, restringe uno de los pilares del sistema de garantías y defensas que establece la Constitución. Me refiero a los recursos de amparo y de hábeas corpus. (.)Pero hablar hoy de inconstitucionalidad en una Argentina donde ya no se respeta ningún derecho me parece casi un anacronismo. La norma en consideración además de inconstitucional es inútil. Porque le doy 48 o 72 horas para que un juez la declare inconstitucional". La que habló de esa manera fue Cristina Kirchner.

Pero para advertir la incoherencia oficial en esta limitación a los amparos no hace falta recurrir al pasado. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la "justicia cautelar" es encarnada por los magistrados kirchneristas que paralizan a menudo las decisiones del gobierno local. Macri adoptó la estrategia de la señora de Kirchner: promovió una ley para limitar esas medidas. El proyecto, presentado por Cristian Ritondo, no se aprobó por la oposición del kirchnerismo.

No hay que confundir: comparado con la Presidenta, Macri es un garantista foucaultiano. Está lejísimos de incurrir en aberraciones como el artículo 9º del texto kirchnerista, que prohíbe las cautelares que afectan recursos del Estado. Una cláusula redactada a pedido de la Anses para seguir ignorando, en nombre de la democratización, los reclamos de los jubilados. A Macri tampoco se le ocurrió fijar un plazo de seis meses más allá del cual los amparos quedan anulados.

PODERES FÁCTICOS

El segundo mito en el que se sostiene la reforma judicial del Gobierno es que el Estado es frágil frente a los "poderes fácticos". Con esa designación peyorativa se pretende presentar el reclamo de un derecho como un desafío al "poder legítimo", identificado con la voluntad del funcionario. La demostración de la falsedad del argumento se llama Guillermo Moreno. Este extravagante secretario ha conseguido modelar a su antojo el comercio exterior e interior, el sistema eléctrico y las telecomunicaciones, sin escribir una sola resolución.

Los países que quisieron impugnar en la OMC sus restricciones a las importaciones se encontraron con que el régimen contra el que iban era ágrafo: a los temibles "poderes fácticos" les alcanza con que Moreno pegue cuatro gritos por teléfono para quedar disciplinados.

Tampoco empresas del tamaño de Repsol consiguieron doblegar al Estado con su supuesta influencia. Cristina Kirchner confiscó las acciones de la petrolera en YPF sin que magistrado alguno la fuerce a hablar de una indemnización. A los holdouts les pasa algo parecido. Los bonos locales se emiten bajo jurisdicción extranjera porque los financistas saben, y el Gobierno admite, que en los tribunales argentinos jamás ganarían un juicio contra el Estado. Ésta es la razón por la que los malditos "buitres" litigan en lo de Thomas Griesa. En el fuero local se convertirían en gorriones.

No hay que deducir que a los ciudadanos más modestos los tribunales los tratan mejor cuando reclaman contra el Estado. ¿O algún juez extendió una cautelar a favor de los jubilados o de ahorristas que padecen el cepo cambiario?

En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad de una parte del artículo 45 de la ley de medios, que resolvió ayer la Cámara Civil y Comercial, es de un equilibrio ejemplar. Impide que el Estado se convierta en garante de la pluralidad de voces allí donde puede hacerlo la competencia: el mercado del cable, que admite operadores infinitos. Y permite esa intervención estatal cuando la cantidad de operadores está limitada por el número de frecuencias del espectro radioeléctrico: la radio y la TV abierta.

LOS RICOS

La tercera falacia de la reforma judicial es que los dictámenes de inconstitucionalidad sólo benefician a los ricos. En 2008, la delegada gremial Graciela Chapitel fue despedida de Austral, la empresa aérea. Pero un juez la repuso en el cargo. De acuerdo con un criterio impuesto por La Cámpora, a Chapitel le quitaron la prerrogativa de contar con pasajes gratis, por litigar contra Austral. Mariano Recalde, el presidente de esa compañía nac&pop, fue multado por prácticas antisindicales.

El 8 de septiembre de 2006, la Asociación Civil La Ranchada Padre Mujica -toda una corporación- ganó en la Corte Suprema un juicio contra el Estado, que le impedía acceder a una licencia de radiodifusión. El fallo perjudicaba a las compañías de TV por cable, sobre todo a Clarín, ya que abría la puerta del negocio a las cooperativas de teléfonos o electricidad que podrían ofrecer televisión a sus abonados. Néstor Kirchner salió en defensa del "grupo" -hubo que esperar tres años más para que lo llamara "monopolio"- e hizo aprobar una ley que exigía trámites laberínticos a esas entidades sin fines de lucro.

Así como Kirchner puso la capacidad normativa del Estado al servicio de una empresa, Clarín, su viuda la utiliza como arma para la destrucción de la misma compañía. Amigable o beligerante, el vicio es el mismo: reducir la universalidad de la ley a la medida de un caso.

El sector público obtiene en los tribunales argentinos ventajas inmensas frente al derecho privado. Sea el de una gran corporación o el de una junta vecinal. La estadística de la corrupción es terminante. No hay juez que se anime a condenar a un funcionario en actividad. Ricardo Jaime, Felisa Miceli o Juan Pablo Schiavi comenzaron a ser vapuleados una vez que dejaron el poder. La ansiedad presidencial por "democratizar" la Justicia o, en la interpretación de Diana Conti, controlar los tres poderes cuanto antes tal vez obedezca a esta evidencia.