Varias fracciones de la oposición bonaerense, lideradas por la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista, la Unión Cívica Radical y el peronismo disidente de Francisco de Narváez, negocian desde ayer la creación de una comisión investigadora que examine en la Legislatura las responsabilidades del gobernador Daniel Scioli y del intendente de La Plata, Pablo Bruera, en la catástrofe.

También planean solicitar la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, a quien atribuyen irregularidades en la información sobre las muertes y desapariciones producidas por el desastre. Y un pedido al Poder Judicial para que investigue a ese ministro por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las graves negligencias en la administración de la infraestructura habían puesto en tela de juicio a los funcionarios de los tres niveles de gobierno. El foco se posó sobre Bruera. En un plano más difuso quedaban Scioli y Julio De Vido, ministro de Planificación Federal. Pero en las últimas 48 horas esta controversia quedó solapada por un macabro debate sobre el recuento de los muertos. El presidente del radicalismo provincial, Miguel Bazze, advirtió ayer que "sería gravísimo que se esté ocultando la cantidad real".

Scioli se viene aferrando al número que le suministró Casal: 51 muertos. Esa afirmación inspiró la observación de Bazze y el pedido de renuncia del ministro.

Ayer la preparaban varios diputados sobre un texto de Walter Martello y Oscar Negrelli (Coalición Cívica). ¿La información se refiere a la cantidad de muertes que se produjeron en la inundación o por la inundación? ¿Incluye a las víctimas que fallecieron en los hospitales? ¿Cómo se computan los indocumentados que habrían sido arrastrados por las aguas? Jóvenes que militan en el movimiento Unidos y Organizados dijeron ayer a sus líderes haber visto a la Policía Científica extraer de un arroyo cadáveres sin identificación. Algunas suspicacias nacen de curiosidades estadísticas. El informe de Casal no registra menores de 21 años.

Con independencia de los rumores, el proyecto de investigación de la oposición consigna que minutos más tarde de que Casal difundiera un comunicado oficial de la policía, la Justicia recibió denuncias sobre 20 desapariciones no incluidas en el informe.

La discusión en torno de la pérdida de vidas exhumó algunos datos inquietantes sobre las estadísticas sobre la seguridad bonaerense. Dirigentes de la oposición y un legislador del kirchnerismo afirmaron que, a diferencia de las demás jurisdicciones, desde hace tres años la encargada de comunicar el número de homicidios de la provincia a la base de nacional de datos no es la policía, sino la Procuración General, que se sirve como fuente de las carátulas judiciales, la mayoría de las veces imprecisas.

La pregunta es impensable: ¿se ha montado un Indec de la muerte? Para despejarla, la oposición pedirá que el juez Federico Arias y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta interroguen a funcionarios provinciales y municipales de las áreas de Salud, Seguridad y Acción Social.

En este marco se tramita la disputa del poder. Como dijo Bazze, la falta de transparencia estadística estaría al servicio de "inconfesables especulaciones políticas". Están referidas sobre todo a la interna del kirchnerismo. La escala de la catástrofe podría determinar la jerarquía de las responsabilidades. Es la razón por la cual se vuelve interesante el modo en que los distintos actores del oficialismo aborden el pedido de investigación de la oposición. Los diputados y senadores que responden a la Casa Rosada ¿acompañarán las investigaciones sobre Scioli?

Todavía es muy temprano para contestar. Pero en un sondeo preliminar se podían obtener respuestas como ésta, procedentes del círculo presidencial: "No podemos rifar en La Plata nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos; ¿cómo toleraría el peronismo que se lo acuse de disimular el desastre de los más pobres?".

La moneda está en el aire. ¿Aprovechará Cristina Kirchner esta emergencia para detener una dinámica previa de enfrentamiento con Scioli de consecuencias autodestructivas? ¿O la catástrofe platense será el feroz insumo de la disputa sucesoria del PJ?

Para contestar estas preguntas no alcanza con conocer las instrucciones de la Presidenta a sus epígonos bonaerenses. También hace falta verificar los movimientos del peronismo disidente, que lidera De Narváez, y aun del macrismo. Su grado de solidaridad con Scioli indicaría la profundidad de los pactos del gobernador con la oposición. Un misterio más: ¿qué significará para Sergio Massa el curso que tome la crisis? Meses atrás él razonaba así: "Si en 2013 se discute cómo frenar a Cristina, no es mi hora ni mi rol; pero si se trata de proponer un liderazgo que sustituya lo que se conoce, habrá que participar". El dilema de Massa sugiere otras posibilidades: ¿provocará la sucesión de catástrofes una corriente de "indignados"? ¿Hay alguien en condiciones de representarla?

El catálogo de problemas revela, por sí solo, que la reacción original del oficialismo, encapsular la hecatombe en el drama de Bruera, quedó desbordada. No quiere decir que el intendente de La Plata no se convierta en el nuevo Omar Goye, su colega de Bariloche, con cuya destitución el kirchnerismo intentaba anoche limpiarse de la solapa los saqueos navideños. La gestión de Bruera reveló tener deficiencias gravísimas. Entre ellas, la derogación del Código de Ordenamiento Urbano, que provocó varias demandas judiciales. Al amparo de la falta de planeamiento no sólo se desarrolló un boom inmobiliario carente de infraestructura. También se multiplicaron los asentamientos en las orillas de los arroyos.

¿Qué sucederá con el apellido Bruera? ¿Será Gabriel, su hermano, el primer candidato a senador provincial del kirchnerismo platense, como estaba previsto? ¿O lo reemplazará Giselle Fernández, la hermana de la Presidenta?

La señora de Kirchner todavía no dio señales de cómo encarará estos aspectos de la crisis. Por ahora su reacción fue ponerse al frente de la ayuda social, yendo hacia los que sufrieron la desgracia, como hizo ayer al regresar a La Plata, en un intento de identificarse con los jóvenes que asisten a las víctimas y no con los funcionarios responsables del descalabro. El patrón de conducta es bastante evidente: está ensayando, a su modo, una "bergoglización".

Ese movimiento pretende también rescatar del tembladeral a Alicia Kirchner. La aparición de la ministra en La Plata iba a proyectar a una figura principal del oficialismo en el programa electoral del Gobierno. El experimento falló. Es una peripecia muy relevante. Antes de las inundaciones la ministra de Desarrollo Social tenía en las encuestas elaboradas por el macrismo un volumen de adhesión nacional apenas inferior al de Cristina Kirchner, Scioli o Massa. Si en los próximos comicios consiguiera un triunfo nítido, y la reforma constitucional siguiera vedada, podría convertirse en la principal candidata a representar al oficialismo en 2015. Las cuñadas almuerzan juntas todos los domingos. No hay que olvidarlo: el "proyecto nacional y popular" ha llevado siempre en su corazón un proyecto familiar.

A partir de la catástrofe bonaerense, esta estrategia se torna paradójica. En La Plata quedó al descubierto la perversidad intrínseca de la demagogia: suprimir de la política la dimensión del futuro. No sólo se manifestó en la falta de previsión de la acción social del Estado. O en un boom inmobiliario que se desentendió de la infraestructura. En los suburbios de La Plata volvió a aparecer una inmoral tergiversación de prioridades. De las casas anegadas salían flotando los plasmas de la "fiesta" de consumo. No hay imagen más fiel del populismo.