En marzo último, el juez porteño Pablo Mántaras, mediante una medida cautelar, prohibió elevar la tarifa del subte a 3,50 pesos. Mántaras no es kirchnerista, pero su decisión coincidió con la pretensión del Gobierno de trabarle la gestión a Mauricio Macri.

Desde entonces, por cada día que pasa, la ciudad de Buenos Aires pierde un millón de pesos que había presupuestado para ejecutar obras de ampliación de la red. El viernes, la Ciudad apeló y sigue el juicio.

La del subte era una de las muchas peleas que atravesaban la política argentina cuando, repentinamente, la designación de Jorge Bergoglio como papa pareció alumbrar una época de paz.

Pero ese sentimiento de concordia se diluyó tan rápido como el agua tapó a los porteños y a los bonaerenses, y volvió a exponer las mezquindades de la política oficial.

La ciudad se inundó porque los arroyos Medrano y Vega no pudieron absorber el enorme caudal de agua que había caído durante una tormenta de la que hay pocos precedentes. Enseguida, los kirchneristas recordaron que Macri estaba en Brasil.

Sin embargo, lo anecdótico no debe hacer olvidar un hecho: hace cuatro años, el 15 de mayo de 2009, el gobierno de la ciudad firmó un acta de preadjudicación de la construcción del arroyo Medrano con una UTE extranjera (Andrade Gutiérrez-Vialco SA), pero ese contrato no se pudo ejecutar porque el gobierno nacional no dio los avales que reclamaba el Banco Mundial. Macri no podía judicializar el pedido y sólo le quedó esperar que el Príncipe cambiara de idea.

Hace una semana, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, finalmente sí firmó el aval, pero entonces ya era tarde y del cielo se desmoronaba una tormenta de la que no se registran antecedentes. Ahora hay que licitar de nuevo, contratar con otra empresa y, con suerte, rogar durante dos o tres años que no tengamos un clima intemperante. Con un agravante: en el Banco Mundial hay tantos países enojados con la actitud de la Argentina de no pagar los fallos del Ciadi que, a estas alturas, Macri no sabe si firmarán la concesión del crédito.

El agua también arrimó al gobernador bonaerense Daniel Scioli al Gobierno.

Parecía que el mandatario provincial intentaría capear las serias estrecheces presupuestarias para ganar cierto grado de autonomía política. Pero el peso de la tragedia pudo más: la presidenta Cristina Kirchner visitó la provincia y la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, dio una conferencia de prensa al lado del gobernador. Una foto política complicada para el bonaerense, pero, se sabe, la política tiene más peso que las necesidades de las personas.

Entonces, Scioli, sin asistencia financiera del gobierno nacional, tuvo que conformarse con anunciar unos magros subsidios, líneas de crédito y la promesa de reducir los impuestos provinciales (Patentes, Ingresos Brutos, ABL), sin que la AFIP de Ricardo Etchegaray haga un anuncio correlativo de reducirles a los afectados el pago de Ganancias y Bienes Personales. Por suerte, Cristina Kirchner, el viernes por la noche, anunció alguna ayuda económica, no muy generosa, pero sí oportuna.

Entre tanto anegamiento, la Presidenta atinó a suspender un acto que tenía previsto realizar en la tarde del jueves: iba a presentar, en la Casa Rosada, los detalles de la reforma judicial.

Cuando la Secretaría de la Presidencia llamó por teléfono, uno por uno, a los diputados y senadores que había invitado, los legisladores informaron que no concurrirían. El faltazo iba a ser generalizado. Y la tragedia que mostraban las imágenes de la televisión terminó de convencerla: el acto fue postergado para hoy.

De todos modos, más allá de la oportunidad del acto, los legisladores no comparten, tampoco, el contenido de la reforma que la Presidenta anunció el 1° de marzo y que, en realidad, es fruto de su enojo con la Justicia.

Uno de esos proyectos establece que los jueces y abogados que integran el Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por el voto popular y otro restringe la facultad de los magistrados de dictar medidas cautelares, una iniciativa que cuestionan hasta los jueces más oficialistas.

Para entender lo último, tomemos un ejemplo: la estatal Intercargo, desconociendo un contrato vigente, le suspendió a LAN el servicio de manga en los aeropuertos. El viernes último, un juez dictó una cautelar para proteger al particular (LAN) frente a la arbitrariedad estatal y restableció el servicio. Si se impone el criterio de Cristina, LAN debería aguantar, sin chistar, hasta el fin del juicio.

La reforma judicial como la concibe Cristina Kirchner es sólo un eufemismo para disimular la desaparición de la Justicia bajo los escombros de una política que deja mucho que desear.