TANDIL.- El posible "decretazo" del gobernador Daniel Scioli para aplicar el revalúo inmobiliario rural ya sacude a los productores de la provincia. El rechazo se cristalizó en asambleas y hay expectativas de medidas de mayor alcance.

"El impacto será tremendo, porque no somos un sector formador de precios y no podemos trasladar los mayores costos al producto. Sólo nos queda absorberlos con las correspondientes consecuencias", advirtieron Angel Redolatti y Marcelo Mac Lean, productores rurales de Tandil que han trabajado sobre planillas y modelos para demostrar a sus pares la nueva valuación fiscal de sus tierras.

Propietarios y arrendatarios de campos tienen en claro que el proyecto trabado en la Cámara de Diputados no tiene como principal beneficiario a las arcas del Estado provincial, sino principalmente la caja del gobierno nacional. Calculan que la administración bonaerense recaudará de $ 400 millones a 450 millones por el impuesto inmobiliario, pero la Nación recaudará más por cargas impositivas vinculadas al patrimonio, como bienes personales y ganancia mínima presunta.

"En las localidades más pequeñas, el productor reducirá su consumo, y el comercio y los servicios recaudarán menos, lo que se traducirá en menor recaudación para municipios y la provincia", dijo Redolatti. "Es un sistema perverso", agregó.

Mac Lean, que arrienda tierras en Tandil y Pila, explicó que el gran problema para el productor es la imprevisibilidad. "De la noche a la mañana nos cambian todo", afirmó. Planteó, además, que los campos son bienes de uso y que "lo lógico sería que se tribute sobre la producción".

Al analizar eventuales aumentos en campos de 50 y de 245 hectáreas en Tandil, explicaron que, en el primer caso, un arrendatario que pagaba $ 2874, afrontará un costo de $ 5451. Si fuera propietario, abonaría $ 7895. Para el segundo ejemplo, quien arrienda paga $ 13.036 y sus costos por el impuesto inmobiliario subirían a más de $ 48.000. Si fuera dueño, el impuesto llegaría a $ 71.774.

Mac Lean afirmó que el Estado viene aplicando aumentos desde 2006 y que el último, en marzo, fue del 36 por ciento. "Si esto se aplica tal como pide el gobierno, habrá un efecto cascada muy negativo sobre los pueblos del interior", dijo Redolatti.

Productor en Balcarce, Javier Mackrey contó a LA NACION que allí hay previstas subas de impuesto inmobiliario que llegan al 980 por ciento. Y destacó que los arrendatarios también sentirán el impacto. "El dueño del campo no querrá afrontar solo semejante costo y buscará trasladarlos a su cliente", arriesgó.

Mackrey, también contador público, considera ilógico focalizar la búsqueda de recaudación con un impuesto a la tierra desde lo inmobiliario. Recordó que el productor no se dedica a la compra y venta de campos, sino a agricultura o ganadería. "Lo correcto es que se grave y se pague por lo que se produce", aclaró.

Fermín Echeverría, titular de la Sociedad Rural de Balcarce, destacó que son periódicas las asambleas de productores. "Empiezan a tomar dimensión apenas trabajamos sobre casos concretos", dijo.

Entre los productores, ya hay voces que reclaman protestas y medidas de fuerza si el impuesto se cristaliza. Muchos aún no se comprometen y fueron invitados a sumarse a las reuniones para aportar ideas y buscar un proyecto alternativo. "Les pedimos que se preocupen ahora y no cuando el impuesto tenga ya nuevos valores, porque entonces será demasiado tarde", advirtió Echeverría.