LA PLATA.- El clima de lucha volvió al campo. Las entidades rurales amenazaron en las últimas horas con convocar a un paro nacional y realizar movilizaciones en las rutas si el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, firma un decreto que contemple un aumento del impuesto al sector agropecuario y disponga la instrumentación de un revalúo de las propiedades rurales en toda la provincia.
Luego del fracaso que sufrió en la Legislatura, donde no pudo tratar un proyecto de ley que preveía una profunda reforma impositiva para el campo, Scioli dispondría por decreto hoy mismo la polémica medida, según trascendió anteayer. Ante esta situación, el campo lanzó duras advertencias en las últimas horas. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, consideró "antidemocrático" un eventual decreto de Scioli y dijo que sería "mucho más grave que la resolución 125", adoptada en 2008 por el gobierno nacional y que provocó un largo y duro enfrentamiento.
La Confederación de Agrupaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) esbozará hoy un plan de acción en protesta por el proyectado revalúo. Además, ayer, en la rotonda de acceso a Chivilcoy, unos 500 productores rurales de la provincia se reunieron en asamblea y debatieron las acciones a seguir ante un eventual decreto de Scioli. Allí estaban, entre otros, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Julio Currás; Abel Guerrieri, de la SRA, y Daniel Barbieri, de Coninagro. Los ruralistas quedaron en "estado de alerta y movilización", y entre hoy y mañana cada entidad convocará a sus bases.
El revalúo que podría emitir Scioli por decreto y que dispararía el monto del
impuesto a los bienes personales para buena parte de los ruralistas bonaerenses
se convirtió en un nudo gordiano que el gobernador bonaerense intenta desatar
con el menor costo posible. Por un lado, el proyecto le ganó la inquina de los
ruralistas; por el otro, el kirchnerismo lo ve como una ocasión para que el
gobernador, que ya confesó sus aspiraciones presidenciales para 2015, pruebe su
lealtad al "modelo". Así lo señaló un importante referente del cristinismo en el
gobierno provincial.
Marcelo McLean y Angel Redolatti son ruralistas de Tandil y fundamentaron su
oposición al proyecto oficial. Foto: LA NACION / Mauro Rizzi
Scioli ya fracasó dos veces en su intento por aprobar por ley el proyecto de
reforma impositiva. La intención de fondo del gobernador es aumentar las arcas
de la provincia, que tienen un importante rojo financiero.
Los productores agropecuarios se resisten a ver cómo la actualización de los valores de sus campos produce fuertes incrementos en el impuesto inmobiliario rural y, sobre todo, en el tributo sobre los bienes personales.
Pero en el sciolismo insisten en que es imperioso proceder a la actualización de las valuaciones fiscales de los campos, muy atrasadas respecto de sus precios en el mercado. "Tenemos la necesidad de contar con recursos extraordinarios este año", admiten cerca del gobernador.
Excesivo
Sin embargo, las entidades ruralistas agrupadas en la Mesa de Enlace creen que equiparar las valuaciones con los valores de mercado es excesivo. Plantean que el precio de los campos no refleja su rentabilidad y que el revalúo proyectado ahogaría a muchos productores. En varios distritos del interior bonaerense, los hombres del campo (ver aparte) se manifiestan en contra de la medida, que Scioli podría adoptar hoy mismo. Ya hace una semana que la Mesa de Enlace les entregó a todos los bloques legislativos provinciales, así como a algunos funcionarios de Scioli una propuesta alternativa de revalúo, que considera aspectos relacionados con la producción de cada zona y propiedad en lugar de la valuación de mercado de los campos.
En la propuesta legislativa del campo se llega a aumentos sustanciales, pero "mucho menores que los que pretende aprobar Scioli", explicó a LA NACION Alberto Frola, presidente de la Confederación de Agrupaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace.
La comisión directiva de Carbap esbozará un plan de acción en protesta por el proyectado revalúo. Frola dijo a LA NACION que la entidad insistirá en la idea de concretar un paro agropecuario nacional, con un cese total de comercialización de productos, del que quedaría exceptuada la leche. La idea había sido lanzada hace una semana en una asamblea en Pergamino.
Otro de los integrantes de la Mesa de Enlace es la SRA y, desde allí, Biolcati criticó ayer duramente la iniciativa sciolista. Dijo que el proyectado revalúo sería "un acto antidemocrático total" y que es "mucho más grave" que la resolución adoptada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2008, que modificaba el esquema de retenciones sobre las exportaciones de granos y que tuvo que desistir por el "voto no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos en el Senado.
"El daño que produce [el revalúo] es aún mayor, porque aquel aumento era vinculado a la producción", dijo Biolcati, en declaraciones radiales. "Ahora, el impuestazo que se quiere aplicar se aplica produzcas o no produzcas."
Más allá de que el gobernador firme hoy o no el decreto de revalúo, la Legislatura bonaerense sesionará este jueves y tratará los otros puntos de la reforma fiscal impulsada por Scioli, entre ellos un aumento del impuesto inmobiliario rural. Esto será también objetado desde el campo.
La situación
Primer paso
Aprobación del Senado
A pesar de la fuerte resistencia de productores rurales, que se enfrentaron con militantes de La Cámpora, el Senado bonaerense aprobó el proyecto de reforma impositiva. Contenía aumentos en los impuestos de ingresos brutos, inmobiliario rural, sellos, autorización de endeudamiento y el revalúo de campos.
Sesión trunca
Rechazo en Diputados
En medio de los constantes tironeos entre el gobernador Daniel Scioli y su vice, Gabriel Mariotto, la norma impulsada por el mandatario no logró pasar el filtro de la Cámara de Diputados. La oposición negó el quórum y la medida quedó sin tratarse.
La opción del decreto
Presión de la Casa Rosada
Ante la falta de acuerdo, Scioli podría aprobar la norma por decreto, después de que el gobierno nacional le sugiriera ese camino para superar la crisis por la que atraviesan las cuentas públicas provinciales.
