Eso explica, en parte, la necesidad, pero no la oportunidad para uno de los más voluminosos aumentos salariales que se haya autoconcedido la nomenclatura política. Senadores y diputados nacionales se han otorgado un aumento superior al ciento por ciento en un país donde tres de cada cuatro argentinos trabajan en la informalidad, están desocupados o cobran insuficientes jubilaciones. Sin paritarias. Sin sindicatos. Sin pudor.

La oportunidad está signada por la "sintonía fina" anunciada por la Presidenta, que consiste en un fenomenal aumento de las tarifas de servicios públicos, de un techo, invisible aún, para los incrementos salariales de este año y de la indiferencia frente a la inflación y la escasez de bienes. El Gobierno, por ejemplo, no homologó todavía el aumento salarial de las paritarias de los peones rurales, porque consideró excesiva la suba del 35 por ciento acordada.

La teoría de que un legislador no puede vivir con menos de 35.000 pesos, explicada públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista Julián Domínguez, podría ser aplicada por cualquier sindicato. Bastaría con poner una cifra. ¿Y si los maestros no pudieran vivir con menos de 18.000 pesos mensuales?

El caso, que tiene una enorme repercusión social, conduce a analizar dos aspectos cruciales de la política actual: el aislamiento social de la dirigencia y el papel de la oposición. Revalorar la política, conquista de la que se ufana el kirchnerismo, no consistió nunca en militar ciegamente detrás de la orden de una jefa. Menos significaría que se limitara a una revaloración de los salarios. Tras la gran crisis de principios de siglo (y del amenazante "que se vayan todos"), la conducción política congeló sus salarios, temerosa de que se hiciera realidad aquel abrupto despido.

Nunca intentó, sin embargo, reconciliarse con la sociedad. Diez años después, parece seguir tan aislada como entonces de las necesidades sociales. El kirchnerismo ensayó en el aire, con palabras hechas para militantes, una supuesta reconciliación entre política y sociedad, condenada ésta siempre a elegir entre lo malo y lo peor. Esa supuesta reconciliación dejó atrás el congelamiento de salarios. Los ministros cobraban hasta no hace mucho tiempo menos de 10.000 pesos mensuales; ahora cobran 45.000 pesos. Los diputados rasos pasaron de 13.000 pesos a 33.000.

Durante los últimos dos años, la oposición gobernó el Congreso, sólo teóricamente. Las divisiones internas, las fracturas promovidas con suerte por el oficialismo y las competencias por futuros y eventuales liderazgos convirtieron la escribanía, como se llamaba al Congreso, en un cementerio. La oposición sólo pudo aprobar un par de leyes, vetadas luego por la Presidenta. Demasiado poco para tan poco tiempo.

La rutina parlamentaria que se anuncia es la de la obediencia debida a la jefa del Estado. La oposición carece de fuerza siquiera para obstaculizar los proyectos del oficialismo. Oficialistas y opositores van a trabajar muy poco, según los pronósticos. ¿Y los aumentos por "productividad" a los que la Presidenta sometió a los sindicatos? La conclusión podría ser desastrosa si al aislamiento social se le uniera la sensación de la gente común de que los legisladores hacen más nada que poco.

Desde hace dos años, el ex vicepresidente Julio Cobos tenía una resolución para un aumento escalonado de los salarios de senadores y diputados, ciertamente rezagados. Nunca lo firmó. El peronismo llegó ahora como llega el peronismo: cortó el nudo de un solo golpe. La propuesta fue del kirchnerismo, sin duda, pero lo extraño es que contó con la complacencia de casi todos los bloques de la oposición, con las excepciones de Pino Solanas y Victoria Donda, entre pocos más. La reunión en la que se comunicó a la oposición el aumento se hizo hace más de un mes.

La primera pregunta interpela al radicalismo, porque es el partido opositor con más legisladores. El centenario partido fue golpeado duramente por el 54% que sacó Cristina Kirchner o por el módico 11% que consiguió su fórmula presidencial. Sea como sea, en los últimos tiempos se ha convertido en una versión más democrática e institucional del propio kirchnerismo. Contra la opinión de sus dos presidentes de bloque, el de senadores y diputados, el partido decidió que debía concurrir a la Casa de Gobierno para escuchar una "política de Estado" sobre las Malvinas. Los radicales se resignaron a suscribir esa política sin ser consultados y sin haber contribuido a su elaboración. Sin saber siquiera si hay una política.

Ahora, fueron los bloques parlamentarios los que oyeron sin reprobar el anuncio sobre los aumentos salariales. Por estos días, el presidente de la UCR, Mario Barletta, se propone también la destitución del presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. Las explicaciones que se han dado son muchas, pero la más extravagante de todas consiste en que debería ir ahí un auditor menos irritativo que Despouy para que el oficialismo no anulara ese cargo en una eventual reforma constitucional. La reforma significaría un problema mucho más grande que la permanencia de un cargo de contralor que le corresponde al radicalismo. Despouy es, en efecto, irritativo para el Gobierno, porque fue el radical que más luchó contra las prácticas del kirchnerismo en la última década.

El candidato de Barletta es Mariano Candioti, un ex presidente del Consejo de la Magistratura, santafecino y amigo personal del presidente del radicalismo.Candioti es el candidato también del poderoso operador judicial del kirchnerismo Javier Fernández y del ex senador santacruceño Nicolás Fernández, un kirchnerista convertido ahora en el principal asesor de la Auditoría, que debe controlar al gobierno kirchnerista. La candidatura de Candioti es resistida por los principales dirigentes del radicalismo. Hasta ahora.

El otro caso es el de Federico Pinedo. Apoyó sin condiciones el discurso de Cristina Kirchner sobre las Malvinas, antes había contribuido a la designación de jueces muy cuestionados y ahora también suscribió el monumental aumento salarial. Siempre aclara que son decisiones personales, que no involucran al jefe de su partido, Mauricio Macri. O Macri tiene un bloque autónomo de diputados nacionales o el presidente de ese bloque, Pinedo, confunde sus gustos personales con las necesidades políticas.

El grave conflicto por los salarios de los legisladores denuncia al kirchnerismo, pero también exhibe el desorden intelectual y político de sus opositores.