En julio, como piden sus amigos, o en diciembre o marzo, como exigen sus enemigos, el camionero ya no estará al frente de esa institución. Los sindicalistas están discutiendo otro destino: el de Cristina Kirchner y su política económica.

Nunca antes lo que ocurrió en el seno de una corporación interesó tanto al Gobierno. Es lógico. Desde 2002 -si se olvida el frío del año 2009-, la economía no hizo más que expandirse. No existían razones estructurales de conflicto, más allá de problemas de carácter. En cambio ahora, en el apogeo del poder, la Presidenta descubre que ese ciclo comienza a clausurarse. Cuando los Kirchner llegaron a la Casa Rosada, el gasto público era de 14 puntos del PBI. Hoy es de 26. El superávit primario era de 5 puntos del PBI. Hoy es 0. El tipo de cambio multilateral era entonces de 2,5. Hoy es de 1,5. El deterioro se vio disimulado por el aumento de los precios internacionales: hace ocho años se exportaba soja por una suma equivalente a lo que hoy recauda el Gobierno por las retenciones a esas exportaciones. Las inconsistencias económicas se expresan de maneras muy desagradables, como la fuga de los ahorristas hacia el dólar.

Cristina Kirchner heredó de su esposo una fe ciega en que la voluntad puede doblegar a la técnica. Es la razón por la cual se propone resetear su "modelo" a través de un pacto económico y social. Ese acuerdo, que Julio De Vido y Guillermo Moreno adelantaron a innumerables empresarios y sindicalistas, se propone detener el aumento del gasto público, de la base monetaria y de la masa salarial en un 18%. Además, la señora de Kirchner promete un prodigio: bajar la inflación del 9% -la cifra oficial- al 18%. Hasta Einstein quedaría perplejo.

Los creativos oficiales ya etiquetaron el experimento. Lo llaman Plan de Convergencia Nominal (PCN). Es un eufemismo para evitar anatemas como "ajuste" o "enfriamiento". Al Gobierno le gusta edulcorar la nomenclatura: a pagar deuda le llama "desendeudarse"; al dinero de los depositantes, "excedente bancario de liquidez", y a la devaluación de toda la vida, "creación de espacios internos de competitividad". Horacio González diría que son formas de librar "la batalla por el significante".

El principal obstáculo de la estrategia presidencial fue identificado ayer por el gremialista de Luz y Fuerza Oscar Lescano cuando dijo que "la CGT está anarquizada". Es imposible desacelerar la carrera salarial con un frente sindical desordenado. Hace tiempo que a Moyano los pares le faltan el respeto. A sus reuniones asisten cada vez menos secretarios generales y la paritaria de camioneros dejó de ser una pauta para el resto de las discusiones salariales. Cristina Kirchner contribuye al vaciamiento negándole lugares en las listas del PJ y hostigándolo desde la tribuna. Un detalle: es imposible encontrar en todo el conurbano un afiche en el que Facundo Moyano, el candidato a diputado de la familia, aparezca retratado junto a ella. La campaña de la reelección se hizo al lado del empresariado, no del sindicalismo.

Los enemigos de Moyano aprovecharon la indiferencia oficial para acelerar el reemplazo. Hubo, además, informaciones explícitas. De Vido adelantó a varios dirigentes que "el Negro no se va a reelegir en la CGT". Y amigos del camionero, como el municipal Amadeo Genta, enviaron mensajes a la otra orilla para acordar una sucesión ordenada. El proceso de desgaste desembocó en la reunión de anteayer, donde un grupo mayoritario de capitostes comenzó a discutir qué grado de crueldad tendrá el fusilamiento.

El acuerdista Genta pasó casi todo el conciliábulo dormitando en un rincón. Si se hubiera despabilado, tal vez se habría evitado el enfrentamiento. Lescano, que representa a los enemigos de Moyano -Armando Cavalieri, de Comercio; Carlos West Ocampo, de Sanidad; los ferroviarios de José Pedraza, etc.-, propuso designar un nuevo secretario general antes de fin de año o, a más tardar, en marzo. La urgencia sería para defender a la Presidenta. Si se postergara la discusión, alegan, ella no podría organizar el dichoso acuerdo económico-social.

Los empresarios coinciden con estos sindicalistas, a los que Ignacio de Mendiguren (UIA) está por contactar. Ellos necesitan que la agenda económica oficial se tramite con su participación, y no en un Congreso dominado por el kirchnerismo, el socialismo popular, Patria Libre y la CTA, como el que habrá después de diciembre.

En cambio, Andrés Rodríguez, de UPCN -igual que Gerardo Martínez, de Uocra, y José Luis Lingeri, de Aguas-, aconsejó esperar a julio, cuando termina el mandato de Moyano. La parsimonia se debe, dijo, a que él también quiere defender a la Presidenta. Precipitar la pelea permitiría a Moyano hacer rancho aparte, recreando su viejo Movimiento de Trabajadores Argentinos con los pocos gremios del transporte que todavía le responden (los colectiveros, los maquinistas y los taxistas ya lo abandonaron). Aníbal Fernández y Oscar Parrilli están detrás de la moderación de Rodríguez.

Irritación

Mientras discuten su futuro en mesas a las que él no está invitado, Moyano debe moderar la irritación de quienes todavía lo rodean. Julio Piumato (Judiciales), Juan Carlos Smith (Hidrovía) y Omar Plaini (canillitas), es decir, los tres que quedaron fuera de las listas armadas por la Presidenta en el PJ, le aconsejan romper con el Gobierno. El método es siempre el mismo: un paro de camiones de tres días, que deje sin combustible a los surtidores y sin dinero a los cajeros automáticos.

Son compadradas. Pero, igual, nadie tiene una solución para la amenaza Moyano. La estatización de las obras sociales es una espada de madera. Desde la oficina de Carlos Zannini ya les hicieron saber a operadores del mercado de salud que esa reforma, aconsejada por Luciano Di Cesare, el titular del PAMI, no es viable: "El Estado no está en condiciones de administrar las prestaciones", explicaron.

Hay una salida más rudimentaria: que Moyano vaya preso. Un relevante dirigente sindical lo explicó a LA NACION, con escalofriante sinceridad: "El pacto económico social debe incluir la libertad de Hugo". El camionero, por las dudas, se curó en salud vociferando contra las detenciones de Venegas y Sobrero. Fueron los únicos comunicados que el patibulario sindicalismo oficial emitió en los últimos meses.

Por su parte, el juez Claudio Bonadio, administrador de la intranquilidad de los Moyano, atraviesa un momento de buen humor del que se ha beneficiado Amado Boudou. En Tribunales prometen que aquella causa por un auto flojo de papeles está a punto de cerrarse. Tal vez la explicación esté en los pliegos enviados al Senado para cubrir vacantes en la justicia federal en San Martín. Milagros de De Vido que todavía no alcanzan a Moyano.