Por Walter Brown
El resultado electoral de junio pasado provocó la radicalización de una forma de gestión que fue rechazada por la mayoría del voto popular. La imposición es ley en el mundo k, aunque ello implique avanzar sobre las ya deterioradas instituciones argentinas. Para el matrimonio presidencial, el plan está trazado y nada debe impedir su ejecución. Ni el Congreso, ni la Justicia, ni una entidad autárquica, como el Banco Central. Necesita retornar rápidamente al mercado de crédito para despejar su horizonte financiero, sostener el nivel de gasto y reactivar la máquina de la obra pública, piezas clave para llegar con chances al turno de la renovación presidencial. Y si sus deseos no se cumplen, alguien debe pagar las consecuencias. Será Redrado, si finalmente cede a la presión y da un paso al costado. O quizá aquél ministro que pergeñó la idea de utilizar las reservas como garantía para que el plan se concrete y ni siquiera pudo obtener un sí de su candidato para conducir el BCRA. El conflicto con el campo y las retenciones móviles le costó el puesto a más de un alto funcionario. El resultado de esta nueva polémica está por verse.
