Por dicha norma, el directorio de la institución tiene estabilidad por seis años. Lo nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La remoción sólo puede ser realizada por el mismo Congreso.

La norma, sancionada hace 14 años, buscó limitar la incertidumbre económica al independizar la política monetaria de los avatares políticos, que en el caso argentino han tenido fuerte influencia sobre las sucesivas crisis económicas.

Tomó el modelo de los Estados Unidos, seguido por muchos países del mundo, por el cual el presidente de la Reserva Federal (en la actualidad, Ben Bernanke) es estable e independiente del poder político, mientras que el secretario de Tesoro (Timothy Geitnher) cambia con el Presidente o por su decisión.

El primer presidente del Banco Central argentino tras la modificación de la carta orgánica fue Roque Fernández, que venía ocupando el cargo desde años antes. Lo ejerció hasta 1996, cuando renunció para reemplazar a Domingo Cavallo como Ministro de Economía. Lo sustituyó el entonces vicepresidente de la institución, Pedro Pou, que quedó al frente de la entidad durante más de cuatro años, hasta que hacia fines de 2001 fue desplazado por el presidente Fernando de la Rúa por consejo del Congreso.

En su reemplazo llegó un banquero experimentado, Roque Maccarone, pero su permanencia en el cargo fue breve: renunció al comienzo del gobierno de Eduardo Duhalde. Lo sucedió Mario Blejer y poco después, Aldo Pignanelli. En septiembre de 2002 Alfonso Prat-Gay fue nombrado para completar el período de seis años que en 1998 había iniciado Pedro Pou.

Es así como, pese a la autonomía, entre fines de 2001 y septiembre del año siguiente, se suceden cinco presidentes del Banco Central. Ello tiene una explicación clara: el país vivía la crisis económica y social más grave de su historia.

A su vez, Prat-Gay terminó su mandato en septiembre de 2004, enfrentado con la política económica de Néstor Kichner. Lo sucedió Martín Redrado, que desde entonces permanece en en el cargo.

Es decir, que la estabilidad en la presidencia del Banco Central se ha cumplido en las épocas de tranquilidad económica y se ha incumplido en las de crisis.

Ahora, el pedido de renuncia de Redrado, si bien está originado en sus reparos frente al decreto de necesidad y urgencia por el cual el Ejecutivo se permite usar reservas para pagar deuda, se inserta en un conflicto político-institucional.

Durante seis años y medio el kirchnerismo ha ejercido el poder con notoria prevalencia del Ejecutivo, con lo que se generó una suerte de hiperpresidencialismo a costa de los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial.

Esto ha comenzado a cambiar en las últimas semanas, tanto con la asunción de los nuevos legisladores como por fallos de la Justicia, que en algunos casos -no todos- comienzan a ser más independientes.

La oposición, tanto en el Congreso como en la justicia, ha cuestionado el uso de las reservas para pagar deuda sin una ley que lo autorice. Podría suceder que un fallo judicial declarara inválido dicho decreto. Ello puede ser ahora o en el futuro, cuando probablemente declinará aun más el poder kirchnerista.

Martín Redrado dice que no a esta intromisión del Ejecutivo sobre la autonomía de la institución que preside y en ello tiene razón y fundamento.

Pero se trata de un técnico con olfato político que supo navegar por las aguas de tres gobiernos peronistas en distintas funciones: los de Carlos Menem, Duhalde y Kirchner. En septiembre, vence su plazo como presidente del Banco Central y es probable que el oficialismo decida no renovar su mandato.

Además, puede haber considerado que la declinación del poder de Kirchner le hacía conveniente dejar el Gobierno en este momento y entonces se decidió a enfrentarlo.

Pero más allá del contexto político, la actitud de Cristina Kirchner sobre el Banco Central en este momento, implica para la Argentina una nueva violación de las reglas de juego, en momentos en que el país puede reactivar su economía y tiene por delante el canje de la deuda en default. Además, dará más fuerza a la oposición para reclamar, tanto en el Congreso como en la justicia, contra el decreto de necesidad y urgencia de Cristina Kirchner que le permite usar reservas para pagar deuda.

Nuevamente, Kirchner por acumular poder, sacrifica institucionalidad como lo ha venido haciendo.

El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría