Los fondos que las provincias y municipios reciban por la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja deben ser invertidos en obras, precisó la presidenta Cristina Fernández al realizar el anuncio. Pero a muchas de las comunas netamente sojeras los fondos que les correspondan apenas les alcanzará para realizar unas pocas viviendas o pavimentar algunas cuadras de la ciudad. Y en otros casos, ese dinero sólo les servirá para paliar los déficits presupuestarios.
Ante una encuesta de El Cronista, varios intendentes de la zona núcleo –Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires–, principal productora de la oleaginosa , cuestionaron la decisión del Gobierno no sólo porque no resuelve el conflicto con el campo, ya que a los productores no les llegarán fondos directamente, sino también porque el propio sistema de coparticipación hará que localidades agropecuarias reciban menos dinero que otros que no producen soja. En línea con ello, compararon la medida con el actual esquema de distribución de las regalías petroleras, que sólo se reparte en las provincias productoras de crudo. “Es muy injusto el sistema. Somos solidarios con la plata de los otros, porque la de las regalías no las reparten”, se quejó el presidente de la comuna de Chabás, Osvaldo Salomón. La puja también surgirá con municipios bonaerenses, como Capital Federal y otros del GBA, que no producen la oleaginosa. Por la densidad poblacional, la intendencia dirigida por Mauricio Macri se quedará con $ 155 millones, frente a los cerca de $ 560 millones que llegarán a Santa Fe y Córdoba. Los intendentes consultados también se quejaron por lo que recibirán comunas del GBA, como La Matanza –unos $ 24 millones–, que “no conoce la soja”, remarcó Héctor Gutiérrez, de la localidad bonaerense de Pergamino.
“Esta medida provoca una redistribución de las zonas rurales a las urbanas. El GBA, donde no se produce soja, se estaría llevando un monto equivalente a los dos tercios de lo que le queda neto a los gobiernos de Santa Fe y Córdoba”, destacó el reciente informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea. Por su parte, Juan Carlos Bacalini, de Casilda, también expresó su molestia por el esquema distribución: “Nos duele mucho que a las provincias del sur, que cobran regalías petroleras, le estamos dando el producto de nuestros productores. Todo el mundo trata de llevar agua para su molino”.
Números en rojo
Las economías municipales vienen golpeadas desde comienzos del año pasado, cuando estalló el conflicto con entre el campo y el Gobierno. Ahora, no sólo continúa esa tensión, sino que las provincias y comunas están sintiendo el impacto de la menor recaudación a raíz de la crisis externa. Los niveles de coparticipación cayeron bruscamente, así como también las transferencias directas por parte de la Nación. En este contexto, los presupuestos provinciales y municipales están muy ajustados y muchos pronostican déficit fiscal para este año.
Es por ello que los intendentes consultados remarcaron que los fondos que reciban por la coparticipación de las retenciones a la soja apenas les alcanzará para cubrir los baches o, en el mejor de los casos, poder realizar alguna que otra vivienda.
“Pergamino va a recibir $ 1,6 millones, frente a un presupuesto de $ 80 millones estimado para 2009. No es cierto que el Gobierno esté financiando obra social. Está cubriendo adelantos que el Tesoro iba a tener que hacer por los quebrantos previstos”, aseguró Gutiérrez, quien agregó que su comuna prevé un resultado fiscal negativo de entre $ 1,5 y $ 2 millones.
“Con los $ 140.000 que voy a recibir, con suerte podremos construir dos viviendas, hacer una cuadra de pavimento o cubrirle el combustible y comprarle las cubiertas a las motoniveladoras y tractores que se utilizan para arreglar los caminos”, ejemplificó Salomón.
