Según el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, algunos productores fueron agredidos a trompadas por camioneros. "La paciencia de nuestra gente es enorme, pero no infinita", advirtió. Un diputado del oficialismo acusó a un dirigente agrario de haberlo amenazado. Intendentes del corazón sojero del país, sobre todo de Santa Fe, vienen anticipando que la tensión social está al borde del estallido. Argumentaron que al conflicto del Gobierno con el campo se le sumó en los últimos tiempos su propia consecuencia: la actividad económica del país está moribunda, incluidos el comercio y la industria.
En ese contexto, los obispos de la Iglesia argentina manifestaron ayer su preocupación (por boca de su vocero oficial, Jorge Oesterheld) de la existencia de una "paz social alterada". Puede ser la primera manifestación pública sobre esa inquietud, pero antes algunos obispos habían protagonizado hechos concretos que expresaron, más cabalmente aun, el temor de los religiosos ante un clima de excesiva crispación pública.
En efecto, a mediados de febrero, un alto exponente de la dirigencia católica se reunió con un funcionario estrechamente vinculado al matrimonio presidencial. Le transmitió la intranquilidad de la conducción de la Iglesia por los síntomas incontrastables de turbación social y le ofreció una mediación para reconstruir un clima de diálogo entre los distintos exponentes de la vida política y social del país. El interlocutor oficial se manifestó impotente ante una certeza: "Kirchner cree que esas cosas son propias de Duhalde y de su época. Nunca aceptará la propuesta".
Desde entonces hasta ahora han sucedido muchas cosas. La última de ellas ha sido el anuncio de que se repartirá el 30 por ciento de las retenciones a la soja entre todas las gobernaciones y municipios del país. Los productores se convencieron entonces de que ni siquiera la necesidad obliga al Gobierno a ser inflexible. Creyeron comprobar, además, de que la administración sólo quiere fastidiar al campo y aplicarle la venganza por la vieja derrota en el Senado, en julio pasado.
El Gobierno trató de dividir la política de los ruralistas, pero provocó también la fragmentación de la propia política. "La provincia de Santa Cruz y La Matanza nunca vieron una hoja de soja", se ofuscaron funcionarios políticos del interior bonaerense y santafecino ante la perspectiva de que la provincia presidencial y el principal municipio kirchnerista del conurbano cobren también coparticipación por las retenciones a la soja.
Un acto de presión insoportable para los gobernadores fue la condición de que deben adherir explícitamente al fondo de coparticipación de las retenciones a la soja. ¿Qué gobernador podría rechazar en las actuales condiciones económicas la recepción de nuevos recursos? No tienen problemas los gobernadores de provincias que no cultivan soja. Pero los de las provincias sojeras tienen más de un problema: no pueden decir que no, pero deben resistir una fuerte presión de productores y de otros sectores sociales para resistir la política agropecuaria del gobierno federal.
La división política desciende hacia las propias sociedades de esos pueblos y provincias sojeras, que recelan de los manejos políticos de los Kirchner para afectar a los ruralistas. Los intendentes de las zonas rurales, aun los peronistas, se están poniendo a la cabeza de tales insurrecciones. ¿Qué es todo eso si no una potencial alteración de la paz social?
Cualquier interlocutor de Olivos suele confesar que dentro de la residencia de los presidentes sólo se perciben resentimiento y rencor cuando algún parroquiano plantea, tímidamente, el conflicto con el campo. La Iglesia, que suele tener una fina sensibilidad para captar esas pasiones, advirtió ayer sobre la existencia de "resentimientos que serán difíciles de superar". No nombró a Kirchner, pero lo aludió casi de manera inconfundible. Seguramente refirió también al clima de rencor hacia el Gobierno que exudan los productores que reclaman al costado de las rutas.
Otro foco de potencial conflicto es el de la creciente pobreza, un problema que ni siquiera ha sido asumido en su real dimensión por el Gobierno. La medición oficial del Indec señaló un descenso en el número de pobres, una novedad que sólo pueden imaginar los funcionarios que viven en un mundo que no es éste. Sólo hace falta salir a la calle para comprobar que los pobres son cada vez más. El Indec está convirtiendo a la Argentina en un país con datos más falsos que los más pobres y retrasados países de Africa.
El jefe de la Iglesia argentina, el cardenal Jorge Bergoglio, denunció hace poco en Roma, ante el propio Papa, el "escándalo de la pobreza y de la exclusión social" en el país. Por esa puerta, quizás, ingresarán los obispos para abordar el tema de la inseguridad, que se ha erigido, aún en medio de extendidos temores económicos, en el principal tema de preocupación social.
Varios obispos argentinos vienen denunciando desde hace mucho tiempo a una dirigencia política incapaz de resolver la catástrofe de la miseria que se abatió sobre vastos sectores sociales. La marginación social no es la única causa de la inseguridad, pero es una de ellas. En la intimidad de muchos políticos y religiosos se concluye que la pobreza es una desgracia funcional para la permanencia de una vieja dirigencia política, ya varias veces reciclada.
Inseguridad. Pobreza. Conflicto perpetuo con el campo. Aparición de innominados provocadores en escenario cargados de tensión. Hombres amenazados en medio de un litigio con el Gobierno. Discursos oficiales, sobre todo los de Néstor Kirchner, que destilan ráfagas de confrontación y de violencia. El diálogo concebido no como un arte de la política, sino como una inadmisible concesión del derrotado. El cuadro por sí solo es la definición misma de una paz social seriamente alterada.
