La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) rechaza y expresa su profunda preocupación por la decisión asumida por la Presidente de coparticipar el monto de retenciones a la soja en un 30 % a las Provincias y Municipios, justo tres meses antes de las elecciones legislativas.

Prejuzgando que sus propias ambiciones financieras “por las que baila el Poder Ejecutivo Nacional”, podría hacer bailar a los Gobernadores e Intendentes, el decreto anunciado por la Presidente otorga una dádiva, a costa de los productores, sumergidos en una carga tributaria expropiatoria.

Confiamos en la dignidad de los funcionarios locales, muchos de los cuales ya se han manifestado en contra, y reafirmamos la conducta de los productores.

Las retenciones son impuestos a las exportaciones. El gobierno antes lo negaba y ahora lo admite al coparticiparlas. Esos tributos solo pueden ser establecidos por el Congreso Nacional y los actuales no lo fueron. Por lo tanto son inconstitucionales.

Los decretos de necesidad y urgencia no pueden tratar sobre cuestiones fiscales. Por lo tanto el anunciado por la Presidente, es inconstitucional.

La “coparticipación federal” es un derecho constitucional de las Provincias, que debe ser acordado y sancionado en el Parlamento Nacional, por una “ley convenio” a presentarse en el Senado como “Cámara de origen” por representar a los Estados Provinciales. Los municipios no son estados independientes sino organismos que forman parte de las Provincias. Por lo tanto la decisión presidencial es “antifederal” pues les quita el derecho a las Provincias y se los reemplaza con una concesión económica. El argumento demagógico esgrimido en el anuncio de la medida, sostuvo lo contrario, engañando a la ciudadanía.

Desde CARBAP siempre sostuvimos y seguimos sosteniendo la necesidad de coparticipar a través del impuesto a las ganancias los dineros recaudados por el Estado, como base fundamental del esquema republicano y federal. No es a través de la antojadiza alícuota de un impuesto sectorial como se va a distribuir equitativamente el dinero recaudado por el Estado.

Estamos ahora ante una nueva maniobra electoralista, agresiva contra nuestro sector, humillante para el interior, arbitraria e ilegítima, surgida, otra vez, nada menos que de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, el que de este modo no respeta la Constitución que juró hacer cumplir.

Que la Patria se lo demande.