La noticia es, sin dudas la derogación de la polémica resolución 125. Es un movimiento político de gran importancia que demuestra que el gobierno ha comprendido el mensaje enviado por le Senado. Es un gesto tranquilizador luego de los signos de autismo que había dado el discurso de la presidenta Cristina Kirchner ayer. Aún así, vale la pena analizar de la letra chica del decreto, que da pistas de cuáles serán los próximos pasos del Ejecutivo.

Hace minutos el Jefe de Gabinete Alberto Fernández acaba leer el  decreto 1176, que deroga la resolución 125 y sus modificatorias, que habían introducido las compensaciones.

Según el texto leído por Alberto Fernández, en el primer artículo del decreto se instruye al ministro de Economía para “limitar” los efectos de la 125. Luego en el artículo 2, ordena poner en vigencia las resoluciones 368 y 367, dictadas por el ministerio de Economía el 7 de noviembre de 2007. Estas fueron las que en su momento subieron las retenciones a la soja del 27,5% a una tasa del 35%.

Es decir, que luego de y 128 días de conflicto y de férrea defensa del sistema de “retenciones móviles”, se volverá a un sistema de retenciones fijas.

Pero estas resoluciones no regulaban solo en materia de soja, también aumentaban las alícuotas que gravaban otros cultivos. En noviembre las  mismas pasaron del 20% al 28% en el caso del trigo, del 20% al 25% en el caso del maíz, del 27,5% al 35% para la soja y del 23,5% al 32% para la semilla de girasol.

Con la resolución 125 de Martín Lousteau se bajaban, en un 0,8% y un 0,5% las retenciones al trigo y el girasol. De  esta forma el actual decreto baja la alícuota para la soja pero sube las del trigo y el girasol.

También vale leer la letra chica, ubicada en los considerandos del decreto. Allí descubren cuatro puntos principales que podrían dar una pista de cuáles serán los próximos comportamientos del gobierno.

Primero: el gobierno mantiene su actitud belicosa sobre las entidades agropecuarias. Las acusó de un “violento lock out, que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas verbales y físicas”. Si esta sigue siendo la tónica, es difícil que se llame al campo a una mesa de diálogo. Para el gobierno sigue siendo el enemigo.

Segundo: el gobierno sigue con su muletilla de la distribución del ingreso y la cruzada por preservar “la mesa de la los argentinos”. El decreto proclama que “ La igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio nacional, para que exista equidad distributiva y también territorial es un eje sobre el que el gobierno nacional insistirá. Que para dar solución a esos problemas nuestro país tiene que procurar una mayor equidad en las relaciones económicas, de modo que ningún resultado podrá producirse sin una mejora en la distribución de los ingresos a favor a los que menos tienen.
“Que la República Argentina en vísperas de su bicentenario enfrenta una gran oportunidad de crecimiento, si es que toma las medidas adecuadas en medio de esta crisis mundial de precios del petróleo y los alimentos, impidiendo que esa subas terminen destruyendo a una mayoría de nuestra población."

Así, es probable que el Gobierno busque, en el corto plazo, implementar alguna medida que salve su postura y que muestre que siguen “convencidos” de su cruzada por el precio de los alimentos. En este campo la temible figura de Guillermo Moreno aparece la opción más facil, Aunque tampoco podría descartarse a Ricardo Echegaray, el cada vez más poderoso titular de la ONCCA.

Tercero: El texto del decreto insiste en las  “facultades constitucionales y legales”  del poder ejecutivo para legislar sobre derechos de exportación. Así, quiénes imaginaban que en un futuro cercano el Ejecutivo podría enviar un nuevo proyecto de ley sobre retenciones al congreso, se encontrarán con un escollo fundamental.

Cuarto: El gobierno intentará, de ahora en más, plantar algunas dudas sobre la legitimidad del trámite parlamentario que les negó la ratificación de la 125. El decreto leído por Alberto Fernández dice: “Que forzoso es decirlo, el debate mostró un ejercicio democrático al interior de las instituciones, pero en un marco de agresiones y presiones de todo tipo ejercidas sobre los legisladores y sus familias y sus lugares y residencia que es preciso desterrar de los comportamientos sociales y públicos para que en verdad exista cada vez más institucionalidad y más democracia. Que en la manera que esas amenazas físicas y presiones limiten o determinen de algún modo la voluntad de quienes legítimamente tienen la tarea de decidir en nombre de todos los que los eligieron, estará condicionada y limitada nuestra democracia.”

Así, desde la visión de las Casa Rosada, algunos diputados y senadores votaron “limitados” en su libertad.