FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) dio a conocer su medición trimestral sobre cuánto de la renta agrícola (ingresos menos costos) queda en manos del Estado: 62%. Dicho en otras palabras, de cada $100 de renta, $62 no son para el productor, sino que son impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 62%, la participación del Estado en soja es del 66,6%, maíz 52,9%, trigo 57,2% y girasol 56,3%.

Cepo cambiario

“El cepo es una restricción que se pone sobre el tipo de cambio oficial. En este último tiempo tuvimos un dólar oficial a $75, dólar bolsa a $130 y dólar blue a $140. Esa brecha, superior al 70%, desincentiva la inversión y la producción, porque cada dólar ganado, una vez que afronta los costos y riesgos, después vale menos. Por ejemplo, si la producción de una hectárea de soja genera un resultado después de impuestos de 140 dólares oficiales, en realidad son 80 dólares billete.”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

Este tipo de brechas, según el informe de FADA, genera expectativas devaluatorias. En la economía genera un incentivo de las personas de adquirir y stockearse de productos dolarizados: autos, electrónica, materiales de construcción. En el sector agropecuario tiene dos efectos: por un lado, incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar, tratando de no quedarse con pesos que pierden valor; por otro lado, también genera ese incentivo de stockearse con productos dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios.

“El endurecimiento del cepo sólo genera mayores incentivos a este tipo de prácticas, limitando la entrada de divisas e impulsando mayores importaciones. Por esto se dice que el cepo limita la pérdida de dólares de las reservas, pero también inhibe cualquier oportunidad de ingreso de dólares”, afirmó Miazzo.

El problema de fondo es el exceso de pesos, que se convierte en escasez de dólares. El objetivo debe ser, afirman desde FADA, no provocar un exceso de pesos y generar confianza en el plan económico y el futuro económico del país. A esto se suman dos cuestiones de fondo, como una política exportadora que logre incrementar la provisión de dólares genuinos a la economía, y evitar un atraso cambiario que provoque un efecto negativo en la competitividad cambiaria de la economía.

Impuestos

La participación del Estado se da a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no. Los impuestos nacionales no coparticipables son el 62,6% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Este tipo de impuestos son fundamentalmente los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales suman el 31,6%. Acá está principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA.

Las provincias reciben parte de este 31,6% como coparticipación, y también recaudan otros. Los impuestos provinciales significan el 5,1% de los impuestos totales. Por último, los impuestos municipales suman el 0,6% de los impuestos. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

Con respecto a septiembre de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó. Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación (DEX), que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias.

En el último trimestre, que los DEX se mantuvieron constantes, la participación de los impuestos nacionales coparticipables se incrementó debido a la mejora de precios, que lleva a mejora en los márgenes y a un mayor aporte del impuesto a las ganancias.

“Un tema recurrente con este trabajo es el tema del federalismo. Tenemos un esquema fiscal en el que casi dos tercios de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente”, explicó Miazzo. “La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, completó el economista.

Índices provinciales

Mientras el índice FADA nacional es de 62%, Córdoba registra un 61,2%, Buenos Aires 63%, Santa Fe 62,3, La Pampa 62,3%, Entre Ríos 66% y San Luis 59,6%.

En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia.

Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Cabe aclarar que el pacto fiscal entre Nación y Provincias contenía el compromiso de las provincias de llevar ingresos brutos gradualmente al 0%, pero esta baja fue suspendida con la suspensión del Pacto Fiscal.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Precios

Hubo una mejora de los precios internacionales de los granos. Respecto a septiembre de 2019 el precio FOB de la soja ha mejorado un 17%, el del maíz 22%, el trigo 7% y el girasol 9%.

Las mejoras de precios son derivadas de cuestiones coyunturales, como mayores compras de China, y cuestiones estructurales, como una mayor liquidez a nivel mundial por la política monetaria expansiva de los principales bancos centrales del mundo. Sin embargo, esta situación está enmarcada en una economía mundial que aún no encuentra salida de las dificultades que ha impuesto la pandemia y no está claro cuándo volverá a una senda de crecimiento.

El índice de septiembre es 6 puntos porcentuales más bajo que el de junio, esa mejora se explica principalmente por la mejora de precios de los cultivos. A esto también se suma la mejora del tipo de cambio oficial.

Tipo de cambio y costos

En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio nominal oficial fue del 32%, pasando de $57 por dólar a $75,38. En los últimos 3 meses, se incrementó un 7,7%. En términos de tipo de cambio real multilateral, en los últimos 12 meses cayó un 7%.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 52% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 65%. En el caso del maíz, los costos dolarizados ascienden al 57% de la estructura. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 65%.

“Hay que tener en cuenta que el componente en pesos también suele tener una alta relación con el dólar por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios y porque dentro de los costos pesificados hay algunos que guardan relación directa con el dólar como es el combustible de los fletes, el valor de los camiones, las labores, entre otros”, aclaró Miazzo.