El presidente Mauricio Macri transformó su reclamo a los gobernadores en acción. Decidido a dar la pelea por los aumentos de las tarifas de servicios públicos en todos los terrenos, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para eliminar los impuestos municipales y provinciales, que encarecen las boletas de gas, luz y agua.

La iniciativa del oficialismo dice en su artículo sexto que "las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado" y barre literalmente con todas las cargas provinciales y municipales. Solo permite dos excepciones: el IVA e Ingresos Brutos, "si correspondiere".

El proyecto, que impulsó la vicepresidenta Gabriela Michetti, busca neutralizar el nuevo intento que protagonizará hoy la oposición en el Congreso. El peronismo, junto al kirchnerismo y la izquierda, ratificó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para discutir distintos proyectos destinados a retrotraer el valor de las tarifas.

El Gobierno evaluó esa decisión de la oposición como un desafío, tras el reclamo que realizó anteayer el Presidente para que las provincias y los municipios eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Si bien el pedido de Macri fue "bien recibido por todos los gobernadores", la participación en la sesión de hoy de los legisladores que representan a los mandatarios provinciales encendió la alarma en la Casa Rosada.

Cerca de Macri evaluaron la jugada parlamentaria como una "provocación"; eso fue lo que terminó de decidir a la cúpula del Poder Ejecutivo, que tras la reunión de coordinación de ayer en la Casa de Gobierno le dio luz verde a la iniciativa, que ayer ingresó en el Senado.

Lo que más molestó en la Casa Rosada fue que los encargados de presentar la sesión especial fueran los integrantes del interbloque Argentina Federal, que responden a los gobernadores del PJ, y el Frente Renovador-UNA. Los denominados "peronistas racionales", según los califica el Gobierno.

Así, con el proyecto de ley, el Gobierno golpea a los gobernadores opositores, y especialmente a los intendentes, donde más duele: la recaudación. De prosperar la iniciativa, unos y otros deberán encontrar nuevas formas para cobrar los impuestos que incluyen en las boletas de los servicios públicos.

La norma busca "garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa" y tiene como objetivo "evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura".

El proyecto, denominado "Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales", es para todo el país. Y en su artículo tres advierte que "están obligados al cumplimiento de la presente ley los entes distribuidores o quienes fueren los sujetos responsables de la facturación por el cobro de la prestación de servicios públicos, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación del servicio".

Asimismo, establece que las empresas, tanto públicas como privadas, deberán adecuar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde la promulgación de la ley.

Sin tiempo que perder

La novedad se conoció 24 horas después del pedido de Macri a los gobernadores para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos.

Los únicos que respondieron al llamado del Presidente fueron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que decidió dar de baja las cargas impositivas que Buenos Aires tiene sobre el gas (6,3%), la luz (15,7%) y el agua (6,2%), y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anunció ayer que se eliminará el cobro de Ingresos Brutos en las boletas de agua y de gas. Otros distritos como Mendoza y Salta ya se habían adelantado.

En paralelo, además, las provincias le adelantaron anteayer a la Nación que se harán cargo de la mitad del costo fiscal de $460 millones por retrotraer la tarifa social del bimestre mayo-junio a las condiciones de 2017 (más favorables que las actuales).

Ese fue el resultado del encuentro que mantuvieron los ministros Juan José Aranguren y Rogelio Frigerio con los representantes de los gobernadores en el Consejo Federal de Energía.

Ahora, según describió un hombre con acceso al despacho presidencial, la pelota está del lado de los mandatarios provinciales.

El Gobierno, al igual que la última semana, espera un gesto claro: que la sesión no consiga el quórum necesario para abrir el debate.

Por: Santiago Dapelo