Para llegar a fin de mes, cualquier familia argentina elabora un plan de compras. Esa conducta básica de subsistencia económica criolla nunca fue imitada por el Estado, que se comportó históricamente como un comprador poco exigente con los costos. Pero llegaron las épocas de vacas flacas y, además, la saturación de una sociedad que no tolera la corrupción de la misma forma. Entonces empezó la llamada "gestión de compra".

El Ministerio de Transporte, uno de los principales ejecutores de obra pública del país, anotó en la pizarra el principio "hay que llegar a fin de mes". Según datos que reconstruyeron varios organismos de la cartera que maneja Guillermo Dietrich , desde 2015 se ahorraron 71.000 millones de pesos solo por ajustar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios.

Hay algunos números que sorprenden. Un relevamiento realizado por Vialidad Nacional da cuenta de que en 2015 el Estado pagaba 4,7 millones de dólares por cada kilómetro de autopista que construía. De acuerdo con las contrataciones actuales, el año que terminó estuvo en US$2,2 millones por la misma extensión. Se verá con el tiempo y las readecuaciones presupuestarias si este número se mantiene o se acerca a aquel.


Hubo sorpresas en varios lados. En el puerto, por caso. Cuando llegaban los trenes chinos durante los años del kirchnerismo se pagaban 3850 dólares por descargar cada uno de los coches que descendían de los barcos con grúas y terminaban en las vías que llegan hasta el pie de una bodega. El precio actual es de 310, es decir, un 8% de aquel valor.

En un rubro similar, la descarga de una tonelada de rieles pasó de tener un costo de 41,4 a 17 dólares, lo que representa un ahorro de casi un 60 por ciento.

Sobreprecios

Siguió la revisión de los contratos del mundo ferroviario. No solo se encontraron 55.000 durmientes rotos colocados en los ramales que van a Mar del Plata y a Rosario, sino que también se sospecha de sobreprecios. Hasta 2015 se llegó a pagar 18 dólares por cada uno, además de ser importados de China; el promedio de 2017 fue de 13,2 dólares, además de que se fabricaban en la Argentina.

En 2009, LA NACION advirtió que se habían pagado sobreprecios en la contratación de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Entonces, en las primeras licitaciones se convalidó un valor de 1,38 dólares más IVA por cada uno de esos plásticos. Aquel importe representaba un 100% más que lo que pagaba el gobierno chileno -por cantidades mucho menores- para el Transantiago o un 51% más que los precios que contrataba Metrovías, la concesionaria de los subtes de Buenos Aires, para su tarjeta Monedero.

En 2015, el Estado compraba a 1,10 dólares, mientras que en 2017 el promedio fue de 0,71 dólares, un 35% menos que hace dos años.

Las diferencias saltan como alarmas. En el Ministerio de Transporte se instaló un tablero de gestión y seguimiento mensual. La herramienta permite poner la lupa área por área de las tres secretarias y las 13 estructuras descentralizadas que dependen de Dietrich.

Internamente, este esquema se denomina como Ahorro, Desburocratización y Transparencia (ADT). "En 2017 se generaron ahorros por 35.399 millones de pesos, de los cuales 17.969 millones corresponden a gastos corrientes. Si comparamos esos gastos con 2015, aparecen diferencias que en ciertos casos superan el 90 por ciento", confiaron en el Ministerio.

No solo se detectaron altos precios en el plástico del SUBE. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene a su cargo la entrega de la licencia de conducir. Esa tarjeta tiene ahora, siempre en dólares, un costo 68% menor que el que se pagaba en los últimos meses de Florencio Randazzo al frente de la cartera de Interior y Transporte, en 2015.

Entonces, cada unidad se compraba a 4,3 dólares, contra 1,38 dólares de las últimas licitaciones. Solo ajustar este precio generó un ahorro de 99 millones de pesos.

Menos subsidios

Hay más datos llamativos: con la revisión de los contratos de las flotas de colectivos urbanos se logró evitar el pago de $7154 millones en subsidios en un año, con la baja de los rubros destinados al gerenciamiento, entre otros. En 2016, el ahorro había sido de 4105 millones de pesos.

Hace tiempo, la póliza más importante del sistema de riesgos del trabajo (ART) de la Argentina se negociaba en una oficina en el Banco Nación. Hasta allí llegaban los número uno del mundo ferroviario, contratantes de ese millonario acuerdo. El pago se redujo 1163 millones de pesos por la reducción de la alícuota, que pasó del 12% en 2015 al 6,20% actualmente. En dólares, la baja representa un acumulado de 70,3 millones.

Una de las medidas que se tomaron para mejorar la contratación fue el llamado "repechaje en las licitaciones". Este sistema permite a las empresas que ofertan con una diferencia menor al 3%, en el caso de los aeropuertos, o al 5%, para los llamados de Vialidad Nacional, volver a ofertar y competir nuevamente. Este esquema mejoró los costos en 345 millones de pesos y prevén llevarlo a otras áreas del Ministerio de Transporte.

"Hemos ahorrado, entre 2016 y 2017, 71.000 millones de pesos -dijo Dietrich-. Y agregó: "Esta es la misma plata que se necesita para hacer, por ejemplo, 1950 kilómetros nuevos de autopistas, unos 335 corredores de metrobús como el de la ruta 8, 40 veces la obra del aeropuerto de Córdoba, 100 veces la obra de la estación Constitución o 50 veces la obra de puente La Noria".