Se trata del acta acuerdo para una futura ley de semillas, que reemplace a la norma vigente desde 1973, firmada por la industria y tres entidades gremiales y dos técnicas de la producción que se le entregó al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere pocos días antes de la Navidad pasada.

Tras una ronda de ocho reuniones que se realizaron a lo largo del año, entidades de la producción y de la industria alcanzaron un consenso básico sobre los puntos críticos de la futura norma.

Se sabe, no es el primer intento. Hace cinco años se estuvo muy cerca de lograr un acuerdo. En 2016 se presentaron proyectos de ley tanto por el lado del Poder Ejecutivo como del sector privado que finalmente no prosperaron.

Ahora se partió de una metodología diferente. Primero se discutieron los puntos en los que había acuerdo y se dejó para más adelante el debate de los temas críticos. "Al principio pensamos en contratar un facilitador, pero vimos que lo podíamos hacer solos y avanzamos; nos ahorramos dinero", contó alguien que participó de toda la ronda de negociaciones. .

Los puntos de consenso son: que el uso propio no es irrestricto, sino oneroso, que el pago por regalías se hace sólo en la semilla, en el momento de la adquisición de los materiales, que el sistema de control del cumplimiento de las normas quedará en manos del Estado, que el valor de la regalía de la semilla fiscalizada lo fijará el titular de ese derecho por un período de tres años y en forma sucesiva las empresas lo deberán hacer por el mismo lapso.

"Para nosotros es un insumo muy importante", dijeron cerca del ministro Etchevehere. "Con esto seguiremos dialogando para elaborar un proyecto de ley que enviaremos al Congreso", añadió la fuente.

"Es una buena señal, la industria quiere traer la mejor tecnología", dijo Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), entidad que reúne a la mayoría de la industria. "Problemas como la resistencia a insectos que está en el corazón de la pampa húmeda o el avance de las malezas resistentes requieren de soluciones tecnológicas", añadió.

Para Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) todavía restan definir numerosos detalles antes de afirmar que hay un acuerdo, aunque destacó los consensos básicos alcanzados como el pago de una sola vez, en la semilla, y que no se desagregue una factura por el germoplasma y otra por el gen. "Uno cuando compra un auto que viene con estéreo no le sigue pagando a la casa del audio por ese aparato", graficó. No obstante, el ruralista reconoció: "a la tecnología hay que pagarla". El gremialismo rural, además, no está de acuerdo en tomar a la ley de patentes como parámetro para fijar el valor de la semilla.

Los puntos que quedaron pendientes de acuerdo se refieren a la transición del sistema: cómo se reconocerán las regalías por los materiales que ya están en el mercado. Hasta el momento no se delimitó una fecha de corte. La industria quiere dejar establecido un criterio específico para trigo y soja. Para el cereal, se fijarían regalías para los materiales lanzados con posterioridad a 2007 y para la oleaginosa, desde 2012. Los ruralistas quieren que se establezcan las condiciones para todas las autógamas y que se adelante la fecha para el trigo. "No queremos estar una posición que nos lleve a recurrir a abogados", dijo Chiesa.

Esa "letra chica" es la que comenzará a debatirse bajo el paraguas del Ministerio de Agroindustria en una mesa específica. Etchevehere, además, quiere incorporar el debate de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Aunque fue invitada, en esta ronda de negociaciones no participó la Federación Agraria Argentina (FAA) que argumentó que lo haría cuando la convocatoria partiera del Estado. Los federados habían presentado su propio proyecto de ley en 2016.

Si se llega a un consenso para presentar un proyecto de ley, industriales y productores habrán mostrado un signo de madurez muy necesaria en tiempos en los que el consenso no suele ser valorado.