El gobierno bonaerense lanzó una ambiciosa reforma fiscal que incluye cambios impositivos, una reducción del gasto político y una propuesta para controlar las cuentas de los municipios. La iniciativa incluye un fuerte aumento del impuesto inmobiliario urbano y rural, que será parcialmente compensado fiscalmente con rebajas en los impuestos a los ingresos brutos y de sellos. Además, el paquete tiene la intención de eliminar las jubilaciones de privilegio para el gobernador, el vicegobernador y los legisladores bonaerenses, y se exigirá que los diputados y senadores provinciales presenten sus declaraciones juradas anuales.

También, se les quitarán las exenciones impositivas a los partidos políticos, a las organizaciones gremiales y a las cooperativas y mutuales financieras. Los clubes de barrio seguirán exentos de impuestos.

Así lo explicaron ayer el jefe de Gabinete de la gobernación, Federico Salvai, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, en un encuentro con la prensa en el que detallaron el paquete de leyes presentado ante la Legislatura provincial. El gobierno de María Eugenia Vidal presentó tres proyectos en forma simultánea: el presupuesto 2018, la reforma tributaria y una ley de responsabilidad fiscal, en sintonía con el gobierno nacional.

Con mayoría en la Cámara de Diputados y cerca del quorum propio en el Senado una vez que haya recambio legislativo el 10 de diciembre, el Ejecutivo bonaerense cree que tiene suficiente margen como para sancionar estas reformas.

El impuesto inmobiliario, según el proyecto, tendrá un aumento promedio del 56%. "Hace 12 años que no se toca este impuesto, mientras que el automotor aumenta en forma anual. En promedio se paga 12 pesos el metro cuadrado urbano y 147 pesos el metro cuadrado rural", indicó Lacunza. La actualización del inmobiliario se hará en 16 tramos que irán del 40 al 75%; en el caso del urbano, el promedio será del 56%, y en el rural, del 50%.

Los campos de hasta 50 hectáreas quedarán eximidos y también la segunda cuota de los que sufrieron inundaciones, como este año.

Por este aumento, el fisco bonaerense espera recaudar unos $ 4000 millones adicionales, que compensarían parte de la pérdida de la recaudación por la baja en Sellos e Ingresos Brutos, cuyo costo fiscal será de unos $ 10.000 millones, indicó Lacunza.

Para la industria, la tasa de Ingresos Brutos pasará del 1,75 al 1,5%; las pymes que facturan hasta $ 78 millones anuales quedarán exentas, y se eliminará la "extraña jurisdicción", por la que se les cobra una tasa más cara a las empresas que no son bonaerenses y operan en la provincia.

En el caso del agro, habrá una exención para los emprendimientos que facturen hasta $ 3 millones; en la construcción, la tasa bajará del 4 al 3%; en los comercios que facturen hasta $ 2 millones, bajará del 3,5 al 2,5%, y en las carnicerías quedará en el 2,5%. El impuesto a los sellos bajará del 3,6 al 2% en la registración de inmuebles.

En cuanto a la ley de responsabilidad fiscal para los municipios, se fijarán una serie de reglas para avanzar con su saneamiento, que ya empezó en 2016. Según Lacunza, mientras el gobierno de Daniel Scioli dejó a la provincia con 110 municipios con rojo fiscal, ahora sólo quedan 15. La intención es que, más allá de obtener superávit, los municipios no aumenten el gasto más que la inflación ni el empleo más que el crecimiento vegetativo de la población. Mientras que la provincia el año pasado no aumentó su planta, los municipios siguieron contratando gente. Además se impondrá la "regla de final de mandato", por la cual los intendentes no podrán contraer gastos en los últimos seis meses de su gestión que comprometan a su sucesor.

También se impondrá un techo al endeudamiento. "Aquellos municipios que no adhieran no se podrán endeudar ni recibirán ayuda provincial", indicó el ministro.

En forma paralela, el gobierno provincial buscará aprobar el nuevo presupuesto, que plantea un déficit del 0,68% del producto bruto geográfico, frente al 1% de 2016. El superávit corriente será de $ 7600 millones, frente a $ 3000 millones de este año y al déficit de 12.000 millones que dejó Scioli en 2015.

La presión tributaria bajará del 5,8 al 5,5% del PBG. En cambio, la relación deuda-PBG pasará del 5,8 en 2015 al 7% el año próximo. El coeficiente deuda/ingresos es del 50%.

Sin embargo, Lacunza destacó la fuerte reducción en el costo del endeudamiento provincial, de tasas de dos dígitos hasta 2015 a un 5% en la última emisión que se realizó, en euros, hace unos meses.