CÓRDOBA.- Un grupo de productores protestan y hasta se encadenaron en el ingreso de la comuna de Dique Chico, un pueblo a 14 kilómetros de Alta Gracia y a unos 40 de la capital provincial. Reclaman contra la prohibición de aplicar agroquímicos que estudia el jefe comunal Nildo Pérez, de Unión por Córdoba.

Hace tiempo los vecinos denunciaron fumigaciones en campos cercanos al casco urbano y la polémica se reactualizó de nuevo ahora cuando empezaron a pedirle a Pérez que legisle sobre el tema. Impulsan una "reconversión agroecológica" de las hectáreas que están fuera del radio de acción comunal, pero que serían alcanzadas si prospera la solicitud de ampliación del ejido urbano que se hizo.

Alejandro Dalmasso explicó a LA NACION que Pérez prometió -después de una reunión ayer- abrir una "mesa de diálogo" para que la ordenanza avance en una regulación que siga los lineamientos de los ministerios nacional y provincial en agricultura y del Inta.

"No queremos que se regule en función de las opiniones de los activistas o de los medios de comunicación", dijo. Entregaron un petitorio con 80 firmas de productores. En la zona se hace soja, maíz, sorgo, trigo y hay hacienda y criaderos de pollos.

"Aplicamos fitosanitarios permitidos por la ley provincial; somos productores y queremos seguir siéndolo", agregó.

En Córdoba, desde 2004 rige la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164, que prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1500 metros de zonas pobladas. Y a las terrestres las restringe parcialmente, estipulando que en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos, aunque sí permite otros, considerados como de menor riesgo tóxico. Entre esos está el glifosato, el más utilizado en la práctica rural actual.

Para esas pulverizaciones terrestres pegadas a áreas pobladas, la ley exige que se cumplan varios requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación mediante un profesional autorizado y con maquinarias habilitadas), más un control de la comuna o municipio.

"No estamos en contra del trabajo de la gente del campo, pero hay que legislar para que nos curemos en salud y evitemos posibles inconvenientes, antes que lamentar enfermedades después", dijo Pérez a un medio local.

Los productores empezaron la protesta ante la demora de la Comuna de firmar las listas de productos a usar y autorizarlos a comenzar su tarea. Aseguran que están inscriptos en las Buenas Prácticas Agrícolas que impulsó este año la provincia de Córdoba, pero las ciudades pueden adoptar sus propias normativas.

En Alta Gracia, por ejemplo, rige desde 2012 una ordenanza que prohíbe las fumigaciones a menos de 1500 metros del casco urbano. Los vecinos proponían directamente una ciudad "libre de fumigaciones" pero la restricción terminó siendo parcial. Los productores llevaron el caso a la Justicia, que todavía no cerró el debate.