Con la inflación a la baja, la actividad económica en leve ascenso y los números de las encuestas que lee con detenimiento, una vez por semana, se siente dispuesto a plantear, otra vez, la batalla cultural que tanto lo obsesiona.

El fin de semana le dijo a su mesa chica que escuchen al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y no confundan los nuevos resultados parciales con la idea de que en octubre ya se ganó. El jefe de Estado tiene plena confianza en que se llegará y quizá se superará el 40% de los votos en todo el país. También piensa que será suficiente, en la provincia de Buenos Aires, derrotar a Cristina Fernández de Kirchner aunque sea por un voto.

Sin embargo permanece con la guardia bien alta, ante lo que considera cierta desesperación de la ex presidenta por evitar una derrota. "Lo peor que podemos hacer es subestimarlos. Todavía tienen una gran capacidad para instalar temas de la nada, como el de Santiago Maldonado o las tomas de las escuelas. Por eso tenemos que estar muy atentos y dedicarnos a gestionar, que es lo que mejor hacemos", me dijo un integrante de la mesa chica del Presidente.

Una de las mejores noticias que recibió esta semana son los problemas de identidad que sus consultores están empezando a detectar en el equipo de campaña de Unidad Ciudadana. Ya sabe que Antoni Gutiérrez-Rubí transmitió a la ex presidente que ni el caso Maldonado ni la toma de los colegios públicos la van a ayudar a ganar la elección. También sabe que están estudiando seriamente la posibilidad de que Cristina sea entrevistada por periodistas críticos o muy críticos de su gestión, lo que revelaría, para los hombres del Presidente, el nivel de necesidad que tendría la ex presidenta. Muchos de esos colegas ya fueron notificados. A uno de ellos, un equipo que trabaja de manera extraoficial con Cristina le comunicaron que ya habían recibido su solicitud y que su pedido no había sido descartado.

Al Presidente, también los pedidos de entrevista lo desbordan. Pero ya decidió que no dará ningún mano a mano hasta un poco antes de fin de año.

La lectura que hace de las encuestas cuantitativas y cualitativas no es muy difícil de reconstruir. La imagen positiva de su Presidencia supera ampliamente el 50%. Más del 60% cree que la economía mejorará. Más de la mitad de los consultados estima que el gobierno terminará doblegando a la inflación. Y si hoy se tuviera que enfrentar en un ballottage con la ex presidenta le terminaría ganando con casi el 60% de los votos. Ahora lo que lo obsesiona es que el gasto público no se desborde, y que la sociedad empiece a comprender que hay prioridades que atender. Acaba de volver de Chaco, donde visitó dos pueblos pequeños, de unos cuántos miles de habitantes. Allí, con unos cuántos millones de pesos el Estado resolvería problemas urgentes que afectan directamente la posibilidad de comer más o menos sano, de no enfermarse y de contar con agua. Volvió, y tuvo que presidir una reunión de seguimiento del presupuesto de los Ministerios, donde se terminó de enterar que empleaban miles de millones de pesos en programas cuya utilidad básica no era ni siquiera revisada, y se deprimió por el resto del día.

Contenido, para que nadie diga que lo único que piensa es ajustar, los invitó a revisar otra vez los programas, y pidió al ministro y a los secretarios que comparen los subsidios que se revolean en la Argentina con las mismas áreas de otros países. Está preocupado por la discusión de fondo que tiene que dar con sindicalistas como Roberto Baradel, quienes se niegan a que los docentes sean evaluados, o con la lógica que tenía el Instituto de Cine de la era K, que financiaba un promedio de entre 150 y 200 películas por año, de las cuales un 30% fueron vistas por menos de 400 espectadores. Le dijeron que en un país más desarrollado y con menos necesidades como Alemania, el Estado financia un máximo de 80 películas. Y que una buena parte de ellas son vistas en todo el mundo, y se entienden como parte de la exportación de cultura y como una industria en crecimiento.

También desea que el sistema judicial alcance el estándar mínimo e indispensable que tiene que tener cualquier país serio. Tiene en su despacho cientos de informes donde los testigos le mienten a sabiendas a los jueces y, sin embargo, no sufren ningún castigo. En las democracias con instituciones fuertes, quienes mienten a los magistrados, sea en el fuero laboral, comercial o penal, van presos. Y también van presos los peritos, abogados y asesores que lo pudieron ayudar a mentir.

En el resto del mundo, los chicos de 16 años que toman una escuela pueden ser detenidos y acusados por el delito de ocupación de un edificio público. En Argentina también. Pero el fiscal que debería pedir su detención no lo hace porque teme que su medida termine en una carnicería, alentada por los sindicatos y los partidos políticos que sueñan con pudrir todo.