Unicef reveló que la mitad de los niños en la Argentina son pobres. El informe, una proyección sobre la base del Indec correspondiente al tercer trimestre del año pasado, reportó que hay 5,6 millones de chicos pobres, de los cuales 1,3 millones están en situación de pobreza extrema, es decir, que sufren hambre.

De este informe, llamado "Radiografía de la pobreza monetaria en la niñez en la Argentina", surge que las tasas aumentan de manera alarmante cuando el nivel educativo en el hogar del niño es bajo como cuando en éste se sufren la desocupación (85%), la inactividad o el empleo informal (65%) o cuando la jefatura familiar está a cargo de una mujer (55%). La precariedad del empleo es indiscutiblemente un factor clave.

Del 30% de personas en situación de pobreza que contabiliza el Indec en el país, si tomamos el universo de niños y adolescentes que residen en hogares pobres, pasamos casi al 48%, esto es, un 18% más, ligado al mayor número de niños en los hogares de bajos ingresos.

Repitiendo iniciativas como las ya surgidas en Neuquén, Rosario y la provincia de Buenos Aires para decretar la emergencia alimentaria por dos años, un conjunto de organizaciones sociales y bloques de la oposición presentaron un proyecto que contempla asignar un monto de hasta 10.000 millones de pesos a este fin. Entre sus fundamentos, el proyecto incluye el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que alertó que "la pobreza estructural se mantiene en la Argentina, y hay 8 millones de personas que sufren carencias básicas, de las que 6 millones padecen hambre".

El proyecto de ley de emergencia alimentaria nacional presentado dispone, además, la creación del Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria y declara la emergencia pública en materia alimentaria por el término de dos años y faculta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a reestructurar las partidas presupuestarias con el fin de proveer fondos adicionales para la implementación de la ley. La grave crisis de 2002 había motivado la declaración de la anterior emergencia alimentaria por el término de aquel año.

Detrás de los fríos datos estadísticos hay personas, conciudadanos de todas las edades, especial y dolorosamente muchos niños, que sufren debido a necesidades básicas insatisfechas y a quienes, en justicia, vale recalcarlo, les corresponde recibir la debida atención del Estado y de la sociedad civil, que siempre suple tantas ausencias.

Entre los escandalosos números están también los que dan cuenta de que anualmente en la Argentina desperdiciamos 38 kilos de alimentos por persona, un total de 1,6 millones de toneladas, según señala el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Hace dos meses se creó la Red Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, en cuyo marco se realizó la campaña #NoTiresComida, que movilizó a 8 millones de consumidores a través de las redes.

La franja del 20% más pobre de la población tiene un ingreso promedio de $ 7800. Cómo no preocuparnos cuando el consumo de leche está en los niveles más bajos desde la crisis de 2001. Hablamos de rostros, de historias y de personas que no entienden de política y que no pueden esperar por un plato de comida a que los burócratas de turno tomen las decisiones adecuadas.

El derecho a la seguridad alimentaria está intrínsecamente asociado al derecho a la vida, principal derecho por el que deben velar quienes tienen responsabilidades públicas. Esos mismos congresistas, o quienes los vienen sucediendo en las bancas, los que se van a abocar a analizar la iniciativa de declarar la emergencia alimentaria, son los que no evitaron que la llamada ley del buen samaritano o ley donal , que favorece las donaciones a los bancos de alimentos, perdiera estado parlamentario. Aquel proyecto de Daniel Filmus, el que mayor consenso obtuvo, había conseguido la aprobación del Senado, pero nunca alcanzó dictamen en Diputados. Urge retomar la iniciativa. Se debería incluir nuevamente el artículo 9, vetado erróneamente en su momento, pues es el que promueve las donaciones de empresas y particulares al eximir de responsabilidad una vez entregados los alimentos bajo las condiciones del Código Alimentario Argentino.

Como en tantos otros temas fundamentales, hay que alcanzar los consensos necesarios, descontaminados de inconducentes manejos políticos.

Una vez más, está en manos de los legisladores dar el ejemplo que su responsabilidad impone en asuntos tan delicados, para que la ley donal sea de una buena vez el paliativo que contribuya a reducir el escándalo del hambre mientras se resuelven las cuestiones de fondo que permitan sacar de la pobreza y la exclusión a tantos compatriotas cuya dignidad hoy está tan severamente pisoteada.