Porque la crisis que desató Elisa Carrió en el oficialismo ha puesto otra vez en evidencia una delicadísima falencia. Mauricio Macri cuenta con una estrategia fiscal, monetaria, energética y diplomática. Carece, en cambio, de un programa de regeneración institucional. Es una deficiencia incomprensible en alguien que gobierna cuando la región es sacudida por una corrupción escandalosa. Alguien que llegó al poder gracias a que miles de bonaerenses repudiaron, encarnada en Aníbal Fernández, la alianza entre crimen y poder. Alguien que consigue consenso por comparación con las miserias morales de su predecesora. Hasta ahora, la única respuesta que ofreció Cambiemos ante la demanda social de transparencia son las convulsivas denuncias de Carrió. Esa indigencia no es imputable sólo a Macri. Refleja la siesta crónica en la que ronca la UCR, el partido de la reparación republicana. La fundadora de la Coalición Cívica, una de las figuras más prestigiosas, se potencia a partir de estas carencias. Y deja al Presidente a su merced.

La primera señal de la inquietante deficiencia del Gobierno en materia institucional fue la reacción que produjeron las denuncias de Carrió. El sábado pasado, ella declaró que "todos, sin excepciones, quieren proteger a De Vido". "Todos" quiere decir "Macri también". Después pidió que se juzgue al ex ministro y a los empresarios vinculados con irregularidades de Odebrecht. Atemorizado, el Presidente ordenó aplicar sanciones a la empresa brasileña. El ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, avanzaron con el abogado de Odebrecht, Guido Tawil, en una irreflexiva negociación que, de concretarse, hubiera desatado otra tormenta. Ayer prevaleció la sensatez y se suspendieron las tratativas.

La gestión planteaba un problema bastante elemental: ¿por qué el Poder Ejecutivo debe negociar un castigo con una empresa que está bajo la lupa de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de los juzgados federales? La propuesta de Odebrecht, presentada al Estado antes de la intervención de Alonso y Garavano, era, además, disparatada. Consistía en abonar una multa equivalente a los sobornos confesados: US$ 35 millones. El fisco descontaría esa suma de los eventuales pagos que realizara por las obras que encargaría a la compañía. Una pregunta obvia: ¿quién dijo que fueron US$ 35 millones? El corruptor, Marcelo Odebrecht. Otra: ¿no es probable que, a cambio de esa suma, se hayan acordado sobreprecios que abonaría el Estado? ¿Hay algún cálculo sobre esa corruptela? Ninguno. Los abogados de Odebrecht urgieron al Gobierno con el argumento de que el 1° de junio vence el plazo para que se libere información de los expedientes brasileños. Pero eso no perjudica, sino que ayuda al Estado. Si se llegara a un pacto antes, el Tesoro estaría remunerando una información que, tal vez, el mes que viene tendría gratis. El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, tiene desde hace días elementos de juicio para objetar un acuerdo como ése. Es difícil que lo autorizara. Y para Macri, la opinión de Clusellas es inapelable.

Complicidades

La relación con Odebrecht plantea dificultades anteriores al oficialismo. No sólo la empresa mantiene sus contratos con el Estado, a pesar de haber admitido que los obtuvo de manera irregular. Además, el Poder Ejecutivo intentó asignarle $ 45 millones a través del DNU 797/16 al consorcio que lidera Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Una UTE que, para colmo, integra Iecsa, hasta ese momento de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

Cuando dijo que "todos" cuidan a Julio De Vido y a Odebrecht, Carrió apuntó a complicidades entre Justicia y espionaje. En los tribunales De Vido tiene, según todas las versiones, un custodio: Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. A Lijo le gustan, como a De Vido, los canarios. También tendría fascinación por los relojes, según los registros de Simonetta Orsini, la joyería de la esposa del kirchnerista Gerardo Ferreyra. Es el dueño de Electroingeniería, socio de Odebrecht y de Calcaterra en la construcción de gasoductos cordobeses. En Comodoro Py circula una pregunta: ¿la supuesta protección de Lijo se extiende a Calcaterra? Este magistrado fue el impulsor de la nueva Asociación de Jueces Federales. Una barrera frente a un Lava Jato que, empezando por Eduardo Freiler, arrase con el fuero federal. Lijo corre el riesgo de convertirse en la contracara del juez Moro.

Carrió fue víctima de este sistema, que montó un ardid para enjuiciarla por enriquecimiento ilícito. El denunciante fue un albañil del partido de Pilar, Saúl Paz. La causa se cerró porque Paz no concurrió a ratificarla. Aun así, más de tres años después, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron reabrirla. Días antes la diputada había pedido el juicio político de Ricardo Lorenzetti. Ella sospecha de una combinación entre Lorenzetti e Irurzun.

Sea cual fuere su interés, Irurzun y Farah tuvieron mala suerte. Cuando Paz declaró, acusó a un abogado peruano de instigarlo a acusar a Carrió a cambio de $ 1500. Carrió lo atribuyó a una persecución de Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI, la ex SIDE.

Ayer, Carrió tuvo más razones para sentirse vigilada. El diario Clarín publicó una foto suya y del mayor Alejandro Camino, quien sería uno de sus informantes, en una confitería de Asunción. Sería parte de un seguimiento. El fotógrafo, al parecer, compartía la mesa. ¿Fue Luis Guinle, el delegado de la AFI en Paraguay? Guinle responde a Majdalani. Se lo aproximó su amigo el diputado Álvaro González, un ex menemista, como ella, que fue secretario del gobernador santafecino Víctor Reviglio. González hoy milita a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta, aliado de Carrió. Una paradoja.

No es la primera vez que salen a la luz actividades clandestinas de la AFI durante la gestión de Macri. Hace un mes fueron procesados por mentir los dos testigos que declararon haber visto al juez Sebastián Casanello en Olivos, para reunirse con Cristina Kirchner. Uno de ellos dijo haber sido instruido por un fiscal. Sería Eduardo Miragaya, mano derecha de Majdalani, hoy despedido. Un caso idéntico al del albañil Paz. Este diario publicó también, el 2 de abril, un conjunto de informaciones, procedentes de fuentes muy creíbles, sobre el presunto espionaje ilegal del que serían blanco desde Lionel Messi hasta el legislador Gustavo Vera.

Nadie debería sorprenderse si se confirmaran las maniobras que se adjudican a Majdalani. La segunda de la AFI fue el álter ego femenino de Francisco Larcher, responsable del espionaje de los Kirchner y jefe del tenebroso Antonio Stiuso. Majdalani integró la comisión de Control de los Organismos de Inteligencia en nombre de Pro. Fue a pedido de Larcher, quien prometió a Macri que, a cambio, Kirchner dejaría de hostigarlo con la causa por espionaje.

Hoy nadie quiere hacerse cargo de la designación de Majdalani. En conversaciones informales, el Presidente alega que "me la recomendaron Nicky (Caputo) y Gabriela (Michetti)". El jefe de la AFI, Gustavo Arribas, suele decir que "ella ya estaba cuando me designaron". Lo que importa la incógnita central: por qué Macri decidió, en materia de espionaje, continuar con el orden kirchnerista. No sólo Majdalani representa la continuidad de Larcher. El director de Finanzas, Juan José Gallea, ocupó esa posición durante la gestión de De la Rúa, a las órdenes de Darío Richarte. El abogado Richarte fue uno de los gestores del kirchnerismo en Tribunales. Defendió, entre otros, a Amado Boudou, ayer mandado a juicio oral. Renunció a esos servicios cuando exoneraron a Stiuso. Macri le devolvió el poder: es el cerebro jurídico de Daniel Angelici, quien controla la Dirección de Asuntos Judiciales de la AFI. El objetivo principal de ese sistema es hoy blindar a esa central con jueces que se le subordinan. Cuando presentó su gabinete, el Presidente prometió que la AFI "estará al servicio de la seguridad nacional y no como en los últimos años, que se usó para hostigar y espiar a los ciudadanos". Todavía no cumplió.