Se la pretende fundar en que se habrían otorgado al campo prebendas desmedidas. Nada podría ser tan falso.

El Gobierno no le ha dado ningún privilegio al campo, sólo le ha devuelto parte de lo que se le había quitado. Las retenciones al trigo y al maíz habían inducido a muchos productores a abandonar su cultivo. Hasta se llegó a prohibir la exportación de trigo en nombre de "la defensa de la mesa de los argentinos" con el fin de abaratarlo, pese a que el trigo representa el 1% del costo de un kilo de pan. Las gabelas del 23% (trigo) y del 20% (maíz) por encima de todos los otros tributos generales determinaron bajas extraordinarias en la implantación de esos cultivos.

Así creció el monocultivo de soja, con el consiguiente perjuicio sobre los campos. Las retenciones sobre la soja sólo han disminuido hasta aquí el 5% por ciento: de 35% a 30%. Son una exacción pura. ¿Qué otra actividad soporta tamaña carga impositiva en la industria, el comercio o los servicios? Mauricio Macri no ha hecho mucho para aliviar los costos de producción del campo. Prometió y cumplió, sí, con el levantamiento de las retenciones al maíz, al trigo, al girasol, y obtuvo como respuesta un notable aumento de la producción y de las exportaciones.

En cuanto a la soja, después del desastre de la resolución 125, que el campo debe en su memoria al ex embajador de este gobierno Martín Lousteau, soportó retenciones del 35% que el entonces candidato presidencial de Cambiemos prometió bajar: primero un 5%, tal como cumplió, y luego otro 5%, aún pendiente.

¿Cómo reaccionó el campo en la campaña en vías de concluir? Con una cosecha que al promediar el verano prometió ser récord, y que tal vez lo sea pese a que sus resultados están demostrando que los excesos de agua terminan por afectar el peso de los granos.

En el fondo, con sólo el cambio de expectativas y la transición entre un gobierno encarnizado contra el campo y otro que ha reconocido su valía, se ha activado una nueva revolución productiva en el interior del país. Se reabrieron las fábricas de maquinaria agrícola cerradas, pasaron a plena producción las que habían reducido al mínimo su actividad, creció el empleo, y los resultados se han visto en el crecimiento de las ventas. Hay empresas que han abierto nuevas oficinas en el exterior.

El campo al que algunos irresponsables califican de privilegiado se encuentra, sin embargo, en problemas. Soporta la carga impositiva más alta que se pueda imaginar en otras sociedades: retenciones a la soja, impuesto inmobiliario, impuesto a las ganancias (sin ajuste por inflación); IVA desigual, pues es uno para las compras y otro para las ventas; impuesto al cheque, a los ingresos brutos, y tasas municipales. Además, una infinidad de pequeñas gabelas que suman más costos.

Si añadimos a todo eso la caída del precio de las commodities en el mundo y la baja cotización del dólar en el mercado interno, nos encontramos con un panorama de crisis real.

El clima, ya se sabe, ha hecho y sigue haciendo lo suyo, para bien de algunos y mal de otros. Se calcula la pérdida de un millón de hectáreas de cosecha.

Al relato falaz de quienes hicieron posibles 12 años de kirchnerismo se suma la injusticia de la enorme diferencia entre los precios que perciben los productores agrícolas y ganaderos y el precio final que pagan los consumidores por los frutos del campo. Cabe en tal situación al Gobierno empeñarse con más energía en la disminución de costos que se han acrecentado sin parar para las actividades agropecuarias.

En cuanto a las entidades representativas del campo, corresponde respaldarlas en la petición permanente de respeto a derechos violentados, como el de la igualdad respecto de otros sectores, y urgirlas a una mayor perseverancia en campañas públicas que expongan las inequidades que afronta el sector de mayor productividad en el país y su contribución al interés social.