Con todo, no tiene muchas alternativas. Ni está en condiciones políticas de hacer un ajuste severo del gasto fiscal, como lo urgen economistas liberales, ni podría, como le pide la izquierda, seguir emitiendo sin respaldo de dólares, aunque éstos sean, como lo son ahora, productos de créditos. El problema del Presidente es que esperó la consiguiente recuperación después de enfriar la economía, pero ese rebote no sucedió hasta ahora. Es el contexto que rodea el intenso debate por el impuesto a las ganancias, que podría saldarse esta semana. El Gobierno no quiere estirar esa discusión, que afecta a millones de argentinos, hasta fechas cercanas a las fiestas de fin de año.

El impuesto a las ganancias representa dos conflictos para el Presidente. El primero es que debe explicar que sólo está mejorando un gravamen que él había prometido eliminar. El segundo conflicto es Sergio Massa, que le arrebató la iniciativa por muy pocas horas. Ambas cosas están relacionadas porque refieren al posicionamiento político y electoral del oficialismo y del principal líder de la oposición. A pesar de que el Gobierno insiste en que falta mucho tiempo para las elecciones del próximo año, lo cierto es que para la oposición ya comenzaron los escarceos electorales. ¿Quién tiene razón? Una mayoría social le da la razón al Gobierno, porque no entiende que los políticos divaguen sobre elecciones cuando se acaba de cumplir un año de los comicios que hicieron presidente a Macri. La oposición, a su vez, no carece de argumentos: según el complicado sistema electoral argentino, faltan apenas nueve meses para las próximas elecciones nacionales, que ocurrirán con las primarias obligatorias de agosto de 2017. Es temprano, pero el tiempo no sobra.

El impuesto a las ganancias será siempre, mientras exista tal como es, una bandera de los opositores, sean éstos quienes fueren. Fue una bandera del propio Macri en tiempos de Cristina Kirchner y lo es ahora de Massa y del peronismo en tiempos de Macri. Ese impuesto se implantó en diciembre de 1999, después de que el equipo económico de Fernando de la Rúa, que acababa de asumir, descubrió que Menem le había dejado recursos para financiar el Estado sólo hasta el 1º de febrero de 2000. De todos modos, si el método del entonces ministro José Luis Machinea se aplicara con la debida actualización de los montos por la inflación de estos años, sólo pagarían Ganancias ahora los que cobran más de 150.000 pesos. Machinea fue más bueno que todos sus sucesores.

El núcleo del problema actual es que Macri no puede subir mucho más el nivel del salario alcanzado por ese impuesto porque el déficit es enorme, y porque también necesita de recursos para la obra pública y para calmar el reclamo social de los sectores más pobres de la sociedad. La obra pública, la inversión y la renta del sector agropecuario se han convertido a estas alturas en las principales esperanzas del oficialismo para reactivar la economía. Cualquier mejora para el impuesto a las ganancias requiere, entonces, de una compensación con un nuevo impuesto o aumentando los que ya están.

Massa propuso gravar el juego y la renta financiera y reinstalar las retenciones a la minería. La propuesta fue verbal, porque cuando hizo el anuncio en un escenario cuasi presidencial no tenía nada escrito. De todos modos, el Gobierno consideró luego que todos esos impuestos, nuevos y viejos, podían aplicarse. Hay algunos problemas. La renta financiera ya tiene algunos impuestos y, por otro lado, el gran problema del país es el poco apego de los argentinos al sistema financiero local (otra cosa es la afición por el sistema bancario suizo o por el norteamericano) y, por consiguiente, el escaso nivel de créditos privados que existe en la economía argentina. Sea como sea, el gobierno de Macri está dispuesto a avanzar en un nuevo gravamen a la renta financiera.

El impuesto al juego merece un análisis especial. En primer lugar, ese impuesto es jurisdicción de las provincias. El gobierno nacional no tiene ninguna injerencia en el juego. Como el impuesto a las ganancias es coparticipable con las provincias, el único atajo que le queda a la administración federal es obligar a los gobernadores a compensar con gravámenes al juego lo que perderán con el impuesto a las ganancias. Es decir, podría decirles a las provincias que no podrán pedir una mayor coparticipación hasta que le hayan aplicado nuevos o más grandes impuestos al juego. Y podrá, también, argumentar que fue un peronista, Massa, el que tuvo la iniciativa de gravar el juego.

La situación no es la misma en todas las provincias. En las provincias patagónicas, el zar del juego Cristóbal López tiene viejas y excelentes relaciones (para decirlo de algún modo) con toda la dirigencia política local. Sería injusto indicar sólo las provincias patagónicas; López tiene buen trato político en todas las provincias donde está. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal ideó hace poco un impuesto al juego, que luego postergó. La gobernadora desmintió que hubiera influido en su decisión otro prohombre oficialista, el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien es también dueño de bingos en territorio bonaerense. Vidal explicó que sus funcionarios le señalaron que, tal como estaba previsto el impuesto, el juego se tornaría un negocio inviable. La gobernadora pidió entonces un nuevo proyecto de impuesto al juego, en el que todavía están trabajando. "Pero van a pagar más. Seguro", anticipo Vidal.

La quita de las retenciones a la minería fue un pedido expreso de provincias peronistas a Macri cuando éste acababa de asumir. Fueron los gobernadores de San Juan, Catamarca y La Rioja (donde hay importantes intereses mineros) los que reclamaron esa medida en beneficio de las empresas que explotan la minería. Si el peronismo (sea massista, ortodoxo, kirchnerista o todos juntos) es el que reclama ahora una rectificación, no es difícil para el Presidente dar marcha atrás. El único problema que se debate en el gobierno nacional es qué mensaje se dará a la inversión extranjera, sobre todo en un tema tan sensible como el de la seguridad tributaria. El mensaje será seguramente malo. Sacar impuestos con tanta facilidad como se reponen no será nunca un gesto atractivo para la inversión.

Massa lo lleva a Macri, por un lado o por el otro, al aumento del gasto, mientras el economista preferido de Massa, Roberto Lavagna, le reclama al Presidente con frases hirientes que sea austero con los recursos del Estado. Es la oposición que le tocó al Presidente en la inauguración del nuevo reloj electoral. Y es sólo el principio de todo.