El Gobierno dio un primer paso para facilitar la inversión extranjera en tierras, frenada por la ley 26.737, sancionada durante el kirchnerismo.

Sancionada en diciembre de 2011, esa norma estableció, entre otros puntos, un límite de 1000 hectáreas a un titular extranjero en la denominada zona agrícola núcleo (norte bonaerense, sur de Santa Fe y sur de Córdoba). Junto con el cepo cambiario, esa norma hizo caer el mercado inmobiliario rural y los precios de los campos se derrumbaron un 25 por ciento.

Ahora, con el decreto 820 que firmó el presidente Mauricio Macri, el Gobierno acaba de introducir modificaciones en otro decreto, el 274 de 2012 que había reglamentado la ley aunque dejando varias lagunas, para intentar flexibilizar la llegada de capitales extranjeros. Si bien no se modificó el límite de las 1000 hectáreas para un titular extranjero en la zona núcleo, se abre una puerta con el estudio sobre las equivalencias en las provincias. En rigor, se creó un Consejo Interministerial (Justicia, Agroindustria, Ambiente e Interior) y las provincias tendrán treinta días para informarlas (esto ya se había hecho). De no cumplir, en este plazo, el Consejo Interministerial tendrá 15 días para fijarla. Ese Consejo también podrá modificar el régimen de equivalencias.

"La nueva reglamentación busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012.

Asimismo, se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias", expresó Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el decreto presidencial apunta al derecho adquirido. En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, se permite la venta y recompra sin los límites de las 1000 hectáreas.

Además, se clarificó que para que una sociedad sea considerada extranjera deberá tener más del 51% del paquete accionario o el 51% de la voluntad mayoritaria. Con 51 por ciento o menos no se verá afectada por la ley. A todo esto, en relación a la limitación del agua que existía se han aclarado aspectos mientras se deberá confeccionar un mapa identificando los cuerpos de agua en cada provincia.

Según una fuente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), los cambios ayudarán, aunque señaló que el sector "continuará trabajando para modificar los puntos más importantes", como las actuales 1000 hectáreas en zona núcleo. En el país sólo un 5,93% sobre un total de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades, está en manos extranjeras.

"Quizá sea un primer paso para, en un futuro, abrir un debate para replantear la ley actual, hacia una más racional y productivista", dijo Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios, sobre el decreto.

En cambio, desde Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que había promovido restricciones a los extranjeros, su presidente Omar Príncipe cuestionó a Macri. "No le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de intereses extranjeros", dijo.