Nuevamente se escuchan voces, en general anónimas, pero en realidad de funcionarios menores del Estado planteando que los productores deben ser competitivos y que la única salida hacia ese camino es la escala. Recordemos que "competitividad "significa aptitud para competir, y sin dudas las décadas de supervivencia a las que ha sido sometido el productor argentino indica que esa capacidad está en su información genética.

Ahora bien, para que haya capacidad competitiva no sólo alcanza con las acciones del sujeto, el productor, también debe de proveerse de condiciones para desarrollarla.

La única política agropecuaria permanente que hemos tenido los argentinos, según se evidencia en las comunicaciones de sucesivos responsables de la misma, independientemente del color político que manifiesten, ha sido pretender la elevación del número de toneladas que el agro produce año a año sin importar qué ni para qué.

Pero los gobiernos pasan y desde ninguno de estamentos del Estado, municipios, provincias o la Nación, se ven resignaciones significativas que concurran a la creación de condiciones para la competitividad.

Son varios los aspectos que debemos corregir para generar esas condiciones. El transporte y el combustible son cada vez más gravosos, con costos desacoplados de nuestros competidores y no hay evidencia concreta de movilizar decidida y prontamente inversiones para el aprovechamiento de las ventajas propias que tiene nuestro país para eficientizar ese aspecto, como son las vías navegables y el ferrocarril.

El sistema tributario en su integralidad tiene un diseño de incompetencia palmaria con sus múltiples imposiciones de las diferentes jurisdicciones, aspectos regresivos e inequitativos, además de pesadas cargas administrativas, incluso a quienes no tienen estructura para resolverlas.

Desde lo financiero, más allá de algunas actitudes meritorias, se continúa con instrumentos crediticios que no están destinados a mejorar competitividad de quienes lo requieren y repiten recetas que ya demostraron su ineptitud en éste sentido.

La educación pública, particularmente la inicial rural, está a gran distancia de los pares competidores de los productores argentinos, lo mismo que el servicio de salud y la seguridad rural.

La infraestructura, sea hidráulica, vial, sanitaria o lo relativo a la conectividad también es obsoleta.

El común denominador de las cadenas comerciales de los productos del agro es la distorsión y la enorme distancia entre los precios del origen y el destino, fruto de un camino en el que se repiten irregularidades, abusos monopólicos, incrementos irracionales y todo ello a la sombra del descontrol.

Desde la acción individual, ni siquiera colectiva a través del asociativismo, pueden afrontarse semejantes desafíos. La solución de estas barreras a la competitividad deberá darse con una política del Estado, tal vez utilizando los instrumentos de los productores como herramientas para la aplicación y difusión, pero sin perder de vista que el asociativismo no es fin sino un medio.

Vemos como los productores porcinos argentinos se han esforzado y la Argentina tiene, o debería tener, una de los mejores status sanitarios internacionales, pero se permite la importación carne de cerdo de países que se reconocen como afectados por el Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino, a menor precio que el cerdo local.

Revertir el estado de situación tan antiguo es una tarea que llevará un esfuerzo considerable y tiempo. Mientras tanto, para no repetir historias y para generar oportunidades, es obligación del Estado velar por el trabajo y la producción.

El autor es director de Federación Agraria Argentina (FAA)