El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito.

Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López.

El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

Apuntan contra Mossack Fonseca y, en particular, contra tres sociedades. Son las firmas Plascot Ltd., Gairns Ltd. y Aldyne Ltd., en la que la unidad antilavado de aquel archipiélago sólo identificó a dos argentinos como sus supuestos "beneficiarios finales": el corredor de Bolsa Jorge Galitis y el abogado Edgardo Levita.

Para Singer, la ofensiva contra López y Báez era una forma de presionar a Cristina Kirchner y sentarla a negociar, como años antes lo había logrado con la República del Congo. Pero esa vía no prosperó con la ex presidenta.

En Congo, los "fondos buitre" apuntaron directamente al presidente Denis Sassou-Nguesso. Para eso, investigaron y revelaron los gastos lujosos de su hijo con tarjetas de crédito -y sin un sueldo o patrimonio que lo justificara- en tiendas de Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna o Christian Lacroix.

También expusieron que la comitiva presidencial gastó más de US$ 400.000 durante su estadía hotelera de una semana en Nueva York, en septiembre de 2005.

Y lograron, así, torcerle el brazo a Sassou-Nguesso. Congo, al final, les pagó millones por sus acreencias.

Cierre "a nivel mundial"

Ante los Kirchner, intentaron recorrer el mismo sendero. Pero, además de apuntar a la Presidenta y sus hijos Máximo y Florencia, también hurgaron en sus presuntos testaferros o supuestos socios, Báez y López. En particular, en Nevada, basados en algunos indicios que recopiló en su investigación local el fiscal José María Campagnoli, hasta que lo apartaron del caso y casi lo destituyen.

Tanto Báez como López, sin embargo, siempre negaron ser los dueños ocultos de alguna de las 123 sociedades bajo la lupa en Nevada, aún cuando el juez de ese Estado, Cam Ferenbach, convalidó algunos de los planteos de los holdouts y ordenó a Mossack Fonseca que entregara la información requerida. Ambos empresarios, sostuvo el magistrado, "podrían ser ladrones".

Para López la ofensiva de los fondos buitre era un gran invento. Mediante un comunicado que emitió en marzo del año pasado sostuvo que ni él "ni sus hijos ni ninguna de las personas jurídicas vinculadas con él tienen cuentas o sociedades referidas a la investigación de Nevada". Y redobló la apuesta. Dijo que "la investigación impulsada por los fondos buitre en los Estados Unidos ayudará a mostrar las mentiras de Clarín y LA NACION".

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los holdouts, sin embargo, ahora las pesquisas en Nevada, Florida, Nueva York o las islas Seychelles quedarán atrás.

Los acreedores ahora deberán ofrecerle a la Argentina "la estipulación de sobreseimiento definitivo de todas las acciones", según consta en la copia del documento firmado que obtuvo LA NACION, ya sean en Manhattan o su "equivalente en cualquier acción relacionada pendiente en cualquier otra jurisdicción, a nivel mundial".

Tras el acuerdo sellado entre el Gobierno y los holdouts, sin embargo, esos juicios se cerrarán antes de lo previsto. Junto al ministro de Hacienda -y responsable máximo de la negociación-, Alfonso Prat-Gay, rechazaron las especulaciones. "No da que nos acusen de proteger a Báez o a López. Lo que ocurre es que imposible que en una negociación de este tipo digas «levantá todos los juicios pero mantené (abierto) éste»", indicó una vocera. Para volver a los mercados internacionales, añadió. "Es necesario cerrar todos los juicios contra el Estado argentino; si no, esto no se termina."

Lázaro, contra Alicia y Echegaray

Lázaro Báez reaccionó tras los dichos del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien opinó que el empresario kirchnerista "va a terminar preso" por la investigación sobre la utilización de facturas truchas. En su defensa, el dueño de Austral Construcciones sembró un manto de sospechas sobre Echegaray, pero también sobre Alicia Kirchner.

"Yo puedo explicar mi patrimonio, Ricardo Echegaray no", dijo Báez a Infobae. Pero en su descargo no se limitó a criticar al actual titular de la AGN. "Ella, como Echegaray, tampoco puede explicar su patrimonio", planteó sobre Alicia Kirchner. La gobernadora de Santa Cruz pidió a Vialidad Nacional que rescinda los contratos de Austral.