Parece un avance, pero puede no serlo. La decisión que adoptó ayer el juez Daniel Rafecas es un gesto de aprobación al trabajo de su colega Claudio Bonadio en su pesquisa sobre los negocios de la familia presidencial. Pero eso no significa que la investigación pueda avanzar en el corto plazo. Por el contrario, aún corre serios riesgos de entrar en vía muerta.

¿Por qué? Porque la resolución de Rafecas será apelada por la defensa de la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, que como presidenta del directorio de Hotesur -sociedad controlante del Alto Calafate- lidera los esfuerzos por cerrar el expediente en Buenos Aires.

Las apelaciones que se avecinan son apenas el primer obstáculo para retomar la investigación, porque aun si la Cámara Federal porteña confirmara la decisión de Rafecas -y más allá de que luego suba o no hasta la Casación-, luego vendrá la segunda y más compleja batería de planteos defensivos.

¿Con qué objetivo? Que el expediente se remita al Sur, al juzgado federal con competencia en Río Gallegos, tal como ya esbozó el titular de Idea SA, la firma gerenciadora de los hoteles, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA y socio de Cristóbal López en Talares de Posadas SA, además de su empleado en Álcalis de la Patagonia.

El argumento central de las defensas es que la mayoría de las empresas registran sus domicilios fiscales en el Sur, además de sostener que eso permitiría agilizar los trámites por economía procesal, ya que muchos documentos también están en entidades bancarias y oficinas públicas de la Patagonia.

El fiscal Carlos Stornelli había discrepado de los planteos de competencia, mientras circulaban versiones que como nuevo juez a cargo de la causa, Rafecas consideraba darle curso y terminarían por definirlo -y asumir el costo político-, sus superiores en la Cámara Federal.

Es entendible. Rafecas acumula turbulencias que lo desgastaron durante los últimos años. Entre otros, cuando un allegado al vicepresidente Amado Boudou y su socio José María Núñez Carmona reveló los mensajes por WhatsApp que intercambió con el juez sobre el "caso Ciccone", con sugerencias del magistrado sobre los pasos que debía adoptar la defensa para contrarrestar al fiscal Carlos Rívolo.

Ese intercambio de mensajes dejó a Rafecas al borde del juicio político en el Consejo de la Magistratura, donde terminaron por rescatarlo los representantes del kirchnerismo. Archivaron la denuncia por mal desempeño en mayo pasado.

El archivo de la denuncia llegó dos meses después de que Rafecas desestimara la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por el presunto encubrimiento de los iraníes en la causa por el atentado contra la AMIA.

En tanto, con el expediente sobre los negocios de la familia Kirchner ya en marcha desde hace meses, Rafecas tampoco puede avanzar sobre las presuntas operatorias de lavado, ni las supuestas irregularidades registrales de Hotesur. El curso de las apelaciones reduce su margen de acción, lo que puede extenderse hasta después de las elecciones o, incluso, de la asunción del próximo presidente, el 10 de diciembre.

Lo que ocurre ahora con este expediente no es más que la repetición del derrotero que transita la mayoría de las investigaciones sensibles en la Argentina, según expuso un estudio de varias entidades como ACIJ, Cipce y Ocdap, un organismo del propio Ministerio Público.

¿Qué expuso ese estudio? Que las investigaciones sobre corrupción tardan, en promedio, más de una década en llegar a la instancia de juicio oral. Y esto, cuando llegan a esa fase decisiva, ya que este tipo de expedientes suele concluir antes con "prescripciones masivas". Y eso, sin contar que este expediente puede terminar en el Sur.