El fiscal Alberto Nisman volvió a ocupar el centro de la escena. La investigación sobre su muerte está tomando una orientación, cuyo desenlace se puede prever: Nisman fue víctima de un asesinato en el que participó el gobierno de Cristina Kirchner, en combinación con agentes iraníes.

El problema para alcanzar esta conclusión está en los medios. Porque sobre el cadáver de Nisman se libra una batalla entre dos facciones kirchneristas. Por un lado, la ex presidenta y sus colaboradores más cercanos. Por otro, el ex espía Antonio Stiuso, que fue el encargado del aparato de inteligencia que los Kirchner pusieron al servicio de la impunidad de sus amigos y la persecución de sus rivales.

Este conflicto tiene derivaciones judiciales y políticas de primera magnitud. No sólo conspira contra la calidad de las pesquisas, al debilitar la solidez de las absoluciones y condenas. Amenaza también la verosimilitud de un conjunto de investigaciones sobre corrupción en las que la responsabilidad de la señora Fernández de Kirchner es indiscutible.

Y plantea una incógnita mucho más general: en qué medida el sistema institucional está capacitado, por vicios que ya parecen crónicos, para ofrecer una discriminación creíble entre lo justo y lo injusto, entre lo legal y lo ilegal. Es una pregunta que está abierta desde que se produjeron, hace más de 21 años, los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

Y que interpela con urgencia a Mauricio Macri y su proyecto modernizador. El caso Nisman resurgió por la nueva declaración de Stiuso. El ex agente defendió la tesis según la cual el fiscal fue asesinado por su denuncia sobre un doble encubrimiento, el del ataque a la AMIA y el de la voladura de la embajada. Aportó detalles a una explicación extendida aun entre dirigentes kirchneristas: Cristina Kirchner pactó con Irán aconsejada por Hugo Chávez, quien ejerció una influencia poderosísima sobre ella durante los cuatro días que siguieron a la muerte de su esposo.

La hipótesis del homicidio tiene un significado ostensible en el ajedrez internacional. Agravaría los reproches del gobierno israelí y de sus aliados en el Congreso de los Estados Unidos al pacto de Barack Obama y las demás potencias occidentales con Irán, ya que Obama habría acordado con un Estado que sigue ejerciendo el terrorismo. El debate sigue abierto. A tal punto que varios legisladores solicitaron a Obama que en Buenos Aires visite la sede de la AMIA. No tuvieron respuesta todavía.

Stiuso hizo una revelación que había callado en su presentación anterior, ante la fiscal Viviana Fein. Dijo que la Presidenta ordenó a Nisman y a él, a través del entonces subsecretario de inteligencia, Francisco Larcher, que dejaran de indagar sobre la participación de Irán en los atentados. Pero que ellos, igual que Larcher, desobedecieron. ¿Los fiscales Roberto Salum y Sabrina Nader, encargados de la causa AMIA, citarán a Stiuso para aclarar esa información?

Según el ex agente, ese desacato provocó una campaña de prensa en su contra. Una emisión de C5N sostuvo, el 6 de agosto de 2014, que la ex SIDE fue cómplice del ataque a la AMIA. Stiuso contó que, al pedirle explicaciones al licenciatario del canal, Cristóbal López, el empresario alegó que él no decidía el contenido de sus medios, sino que le venía fijado desde Olivos. Un nuevo dato para una vieja versión: López es testaferro de los Kirchner.

Stiuso sostuvo que este conflicto en torno al caso AMIA determinó la muerte de Nisman, en la que habrían participado los iraníes y el grupo Quebracho. Conectó ese crimen con la muerte de su colega Pedro Viale, "el Lauchón", bajo las balas de la policía bonaerense, que por entonces respondía a Daniel Scioli y a Hugo Matzkin. Y con el ataque armado contra el auditor Javier Fernández. La declaración coincidiría con una afirmación de Gustavo Perednik. Este amigo de Nisman radicado en Israel sostiene que la ex presidenta habría dicho, en una reunión con colaboradores y refiriéndose al fiscal, "a este tipo hay que sacarlo de encima".

Los testimonios de Stiuso plantean muchos interrogantes. Es interesante que haya admitido que desobedeció a la ex presidenta, en vez de denunciarla y renunciar. También, que admitiera que Nisman recibía órdenes a través de Larcher, y no de la Procuración. Más sorprendente aún es que haya presentado el tiroteo contra Fernández como un ataque a su persona. No tanto porque Fernández negó siempre ser un gestor tribunalicio de la ex SIDE, sino porque es íntimo amigo del juez Luis Rodríguez, en cuyas manos podría caer la causa Nisman si fuera transferida al fuero federal. El pase de jurisdicción, que se decide hoy, también es un enigma. En especial si se tiene en cuenta que el abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, dijo que su cliente no había aportado pruebas, sino una interpretación.

La razón principal por la que la presentación del ex espía está plagada de incógnitas es que, como se refiere a cuestiones de inteligencia, es secreta. De hecho, todavía faltan aclaraciones sobre los contactos entre Nisman, Alberto Mazzino, Fernando Pocino, César Milani y el propio Stiuso durante las horas que rodearon la muerte del fiscal. Este misterio da lugar a especulaciones gravísimas. Elisa Carrió, por ejemplo, aventuró que Stiuso no atendió las llamadas de su amigo porque fue quien lo entregó. Tal vez uno de los aportes que podría hacer Mauricio Macri al esclarecimiento de esa muerte importantísima es relevar del secreto a los agentes de la ex SIDE.

El submundo del espionaje expone a Macri a otras tensiones. Mientras Stiuso vinculaba a Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Aníbal Fernández, sus antiguos superiores, con la muerte del fiscal, el legislador porteño Gustavo Vera acusó a algunos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el nuevo nombre de la SIDE. Vera denunció a Juan José Gallea, actual secretario de Finanzas del organismo, por lavado de dinero. Gallea manejó la misma "caja" durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Y en los años del kirchnerismo administró las finanzas del multimedios de Sergio Szpolski, señalado por canalizar las operaciones periodísticas de los servicios de inteligencia. Vera vinculó a Gallea con Stiuso y con Darío Richarte, vicepresidente 3º de Daniel Angelici en Boca Juniors. Angelici, empresario del juego, controla también, a través de Sebastián De Stefano, la sección de asuntos jurídicos de la AFI. De Stefano es quien tiene que sostener las querellas del kirchnerismo contra quien fue su fiel servidor, Stiuso.

Vera denunció también por presunto lavado de dinero a la subsecretaria de inteligencia, Silvia Majdalani. Ex diputada de Pro, Majdalani ocupó la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia a pedido de su íntimo amigo Larcher. En el Gobierno adjudican su designación a Nicolás Caputo, socio de Macri.

Las imputaciones de Vera son un desafío para el Gobierno. El Presidente propondrá que se codifique la figura del arrepentido, que hoy facilita en Brasil una revolución en cámara lenta. Pero un líder que se propone combatir el narcotráfico debería también garantizar que su organismo de inteligencia no está contaminado por el lavado de dinero. Es decir, que la luminosa "nueva política" llegó también a los sótanos del Estado. En su libro Cambiamos, Hernán Iglesias Illa narra un episodio interesante: en los programas de campaña figuraba la disolución de la AFI; su promotor fue Jaime Durán Barba, víctima, como Macri, del espionaje de los Kirchner. Sin embargo, un día, sin explicación, esa iniciativa desapareció del Power Point.

El Papa y las mafias

La dureza de Vera tiene otra dimensión interesante. Es una de las personas a través de las cuales el papa Francisco proyecta sobre la Argentina su lucha contra las mafias. Vera es uno de los organizadores del seminario sobre el combate contra el crimen organizado que realizará en junio la Pontificia Academia de las Ciencias, que lidera el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo. El Papa invitó a través de Vera a varios jueces y fiscales de distinto signo ideológico. La más significativa es María Servini de Cubría, que investiga el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.

La gran paradoja: el kirchnerismo pretende utilizar esa preocupación por la corrupción del Vaticano en defensa propia. Oscar Parrilli convocó a intendentes del conurbano, empezando por el de Merlo, Gustavo Menéndez, y por Jorge Ferraresi, de Avellaneda, a una movilización contra el Gobierno. El argumento de Parrilli: "Macri va contra Cristina porque va contra la democracia. Después vienen ustedes. Tenemos que enfrentarlo. La inflación y los despidos harán que el Gobierno caiga a pedazos. El año que viene llevemos a la jefa como candidata a senadora por la provincia, como hizo Duhalde en el año 2001, y sanseacabó". Parrilli encarga a esos interlocutores llevar gente a los tribunales para el 13 de abril, cuando la señora de Kirchner declare frente a Claudio Bonadio, y recolectar firmas contra el aumento de tarifas. Algunos intendentes alimentarán el malentendido ratificando hoy el Pacto de San Antonio, por el que adhirieron a los postulados del Papa.

Para identificar las tribulaciones judiciales del kirchnerismo con el magisterio de Bergoglio hace falta perder la memoria. Hay que olvidar, por ejemplo, que la prédica del Papa contra el delito es la versión secular de su lucha contra las mafias en la curia. También hay que olvidar que él colaboró con la derrota bonaerense de esa fuerza política, cuando muchos de sus sacerdotes llamaron a votar contra el narco en Buenos Aires. El candidato oficial era Aníbal Fernández. A la luz de estos antecedentes, determinantes del triunfo de Macri, tal vez haya que pensar que Bergoglio espera que el nuevo gobierno lidere una regeneración institucional. Y que hasta que no advierta esa novedad seguirá negando su sonrisa.