Cristina Kirchner ha vuelto sin que se la note. No está en las cadenas nacionales ni en la Plaza de Mayo. Pero está. Su última batalla desesperada la libra en estos días para evitar la aprobación parlamentaria del acuerdo con los holdouts alcanzado por Mauricio Macri. Unos pocos intendentes que todavía le responden, algunos legisladores y su soporte mediático hablan y trabajan para lograr el rechazo del Congreso a ese acuerdo que Macri considera clave para su estabilidad. La ex presidenta ordenó una muy fuerte presión sobre dos figuras cruciales y moderadas del peronismo: el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto.
¿Desesperada por qué? Cristina cree que la región sufre una fuerte ráfaga judicial y política para terminar de una vez por todas con los populismos latinoamericanos. Lula, Dilma Rousseff y Evo Morales están judicialmente cercados por enormes escándalos de corrupción. En su encierro en El Calafate, la ex presidenta concluyó que esas sogas que aprietan el cuello de los líderes de la izquierda regional están controladas -cuándo no? por algún imperialismo.
¿Será ella la próxima? Cristina Kirchner tiene cinco causas por presuntos hechos de corrupción que la imputan directamente. Otras investigaciones, que no empiezan por ella, comprometen a muy altos funcionarios de su gobierno y podrían terminar complicando también a la ex presidenta. El próximo 13 de abril, por lo pronto, deberá cumplir con la citación a declaración indagatoria que le cursó el juez Claudio Bonadio por las operaciones del Banco Central con la venta de dólares a futuro, cuando el futuro ya no existía para el cristinismo. Sucedió en las semanas finales de la administración de Cristina. Sólo es necesario detenerse en la historia de Bonadio como juez para saber qué sucederá. Ese magistrado no llamó a indagatoria nunca a ningún funcionario importante (o a figura política significativa) sin tener redactado antes su procesamiento. "Bonadio es un cazador profesional. Jamás deja una presa herida", explica otro juez federal. El primer procesamiento de Cristina Kirchner por hechos de corrupción sucederá entre abril y mayo.
La operación de venta de dólares a futuro fue un escándalo que permitió negocios millonarios en dólares a varias empresas de amigos del anterior gobierno. Esas empresas compraron dólares a un precio irreal. Recibirán los dólares cuando éstos tengan un precio mucho más caro. Se trata de un mecanismo que sólo es posible (y moralmente legítimo) en un mercado de cambios libre, cuando las operaciones se hacen entre privados. Es un instrumento para moderar el tipo de cambio sin recurrir al control. La venta de dólares a futuro cuando el gobierno es el que fija el tipo de cambio constituye, en cambio, una incitación a la corrupción que afecta directamente a las reservas del Banco Central. Es lo que sucedió en los días agónicos del cristinismo.
¿Por qué Cristina permitió esas maniobras cuando ya se estaba yendo del poder? ¿Por qué, si sabía que la Justicia caería sobre ella? La primera información que llegó a los tribunales es que en aquellas semanas, previas a la primera vuelta presidencial, existía la certeza de que Daniel Scioli sería el próximo presidente y que él había garantizado que no devaluaría durante seis meses. No existe, en efecto, ningún contrato de dólar a futuro con fecha posterior al 30 de junio. Si todo hubiera resultado así, las pérdidas del Banco Central no habrían sido tan significativas. Pero el final fue otro y el quebranto del Banco es monumental.
Un argumento que expone el cristinismo es que el Banco Central tiene autonomía para tomar sus propias decisiones. Es cierto sólo en la teoría. Martín Redrado fue echado como presidente del Banco por un decreto de necesidad y urgencia cuando no cumplió una orden de Cristina para que le entregara las reservas. Alejandro Vanoli, el presidente del Banco que vendió dólares a futuro, fue nombrado antes en la Comisión Nacional de Valores cuando su antecesor se negó a cumplir una orden. Vanoli era, por lo tanto, un empleado de Cristina, no el presidente de un Banco autónomo. A esa conclusión llegó el juez Bonadio. Recibió los testimonios en el mismo sentido del propio Redrado y de Alfonso Prat-Gay, dos ex presidentas del Banco.
La espectacular reaparición del viejo jefe de los espías argentinos Antonio "Jaime" Stiuso sobresaltó más de lo que se sabe a Cristina Kirchner. Ese hombre fue el jefe real de la peor SIDE de los Kirchner, aunque también lo fue antes de los Kirchner. El cerebro que puso la agencia de inteligencia argentina al servicio de los intereses políticos del gobierno. El espía que imaginó y ordenó la persecución mediática y judicial de empresarios, sindicalistas, políticos opositores y periodistas críticos del kirchnerismo. Stiuso no hubiera vivido nunca en un virtual exilio en los Estados Unidos sin la protección de los servicios de inteligencia norteamericanos. Es, en verdad, muy respetado por el mundo del espionaje internacional. Conoce al kirchnerismo del derecho y del revés.
¿Su show empieza y termina en el caso Nisman? Difícil. De Nisman dijo dos cosas que ya sabía la comunidad política. Una: el fiscal fue asesinado, no se suicidó. La otra: del crimen participaron la inteligencia iraní y cómplices locales. Lo suyo fue una "interpretación" sin pruebas. Sorprende, por lo tanto, la premura de la jueza Fabiana Palmaghini para enviar el caso de la muerte del fiscal a la justicia federal. ¿Tenía redactada su resolución antes de escuchar a Stiuso? ¿Se asustó después de escucharlo? Cristina está preocupada desde que vio a Stiuso en el país. La causa de la muerte de Nisman podría potenciar la denuncia del fiscal sobre la complicidad de la ex presidenta con los terroristas que volaron la AMIA. Stiuso es ahora su enemigo como fue su aliado y cómplice durante 11 años de kirchnerismo.
Ya Cristina estaba directamente comprometida por el caso de lavado dinero en sus hoteles de la Patagonia. Pero ahora surgió una novedad que necesita de menos medidas probatorias que el lavado. Es la contratación por parte de Aerolíneas Argentinas de esos hoteles de la familia presidencial por cinco millones de dólares "verdes", como diría Daniel Pollak. No hay tripulaciones, ni aviones, ni días al año que justifiquen semejante transferencia de dinero de una empresa estatal a las cuentas de la entonces presidenta. La incompatibilidad de esa operación es manifiesta.
A su vez, el juez Ariel Lijo llamó a declaración indagatoria a los responsables financieros de la campaña presidencial de Cristina de 2007, porque se convenció de que empresas farmacéuticas lavaron dinero en esa campaña. El caso compromete a Cristina en otra causa, la de la financiación misma de esa campaña, que la jueza María Servini de Cubría no cerró nunca a la espera de la resolución de Lijo. Servini de Cubría investiga, además, el caso de la efedrina y el dinero derrochado gastado sin límites en Fútbol para Todos. Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete, está más cerca de ser llamado a indagatoria por los despilfarros del fútbol que por la efedrina. La jueza investiga si parte de ese dinero no fue a parar a empresas agropecuarias de la familia Kirchner.
Ese contexto explica la desesperación de Cristina para terminar con Macri cuanto antes. Y la presión al Partido Justicialista para que les ordene a sus legisladores que rechacen el acuerdo con los holdouts, que sería un golpe directo a la estabilidad del Presidente. El peronismo está preocupado. ¿Dejará sin financiamiento a un gobierno que heredó un déficit del 7 por ciento del PBI? ¿Ese crimen eventual no podría, acaso, significar su propio suicidio? Cristina está colocando al país como escudo de su propia libertad.