La posterior elección de Macri como presidente, el receso parlamentario y la conmoción interna del peronismo por la derrota provocaron sucesivos alineamientos y realineamientos dentro de los bloques del justicialismo. Hoy, cuando el Senado se reúna por primera vez en sesión extraordinaria, podrá medirse, aunque parcialmente, la situación política del Presidente en un Congreso en principio adverso. Macri comenzó su gestión con un Senado teóricamente en poder de un peronismo liderado por Cristina Kirchner y con una Cámara de Diputados donde el oficialismo macrista no tenía ni siquiera la posibilidad de reunir al cuerpo. Hoy las cosas ya no son así.

Las situaciones son absolutamente inversas en ambas cámaras, pero en las dos se produjeron novedades que aliviaron la inicial y compleja posición del Presidente. En la Cámara de Diputados, la mayoría del bloque peronista sigue bajo una conducción formal que está bajo el comando político de Cristina. Pero sufrió una deserción de 15 diputados (serán 18 si se suman un ex massista y dos diputados que responden al gobernador pampeano, Carlos Verna); el número podría ampliarse aún más en las próximas semanas. Sin embargo, será difícil para los rebeldes sacarles la mayoría del bloque a los filocristinistas.

La novedad que aportó aquella ruptura de 15 diputados es que el oficialismo se garantizó prácticamente el quórum necesario para debatir. Al menos, ésa fue la primera promesa que hicieron los rupturistas: que le permitirían a Macri que los diputados debatieran sus leyes. Se necesitan 129 diputados para conseguir el quórum. Cambiemos tiene 90 diputados y Sergio Massa puede aportar cerca de 40. El quórum sería posible, pero los números resultarían muy ajustados. Los 15 rupturistas (o 18 o más, como anuncian) crearán un margen mucho más amplio para que la cámara pueda reunirse formalmente. Otras construcciones serán las mayorías necesarias para aprobar las leyes del Presidente. Será ley por ley, y en casi todas deberán hacerse modificaciones que planteará la oposición peronista, ya sea la massista o la ex cristinista.

En el Senado, en cambio, el cristinismo es minoría. Hay sólo 12 senadores de esa corriente entre un total de 41 senadores peronistas. El resto responde a la jefatura del senador Miguel Pichetto, titular del bloque peronista, quien tiene también una fuerte ascendencia entre los que rompieron el bloque en Diputados. La llamada "línea Pichetto" cuenta con el respaldo de, al menos, cinco gobernadores peronistas y con el silencio de varios más. Hasta lo que se sabe, el "método Pichetto" consiste en proporcionarle el quórum al Gobierno en ambas cámaras, negociar el contenido de las leyes y privilegiar la gobernabilidad de provincias peronistas, muchas de las cuales necesitan de ayuda para empezar el mes pagando los salarios.

El gran debate que se iniciará hoy refiere al acuerdo que necesitan los jueces designados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La Cámara alta también tratará acuerdos para diplomáticos y militares, pero se supone que éstos no recibirán mayores objeciones. Rosatti y Rosenkrantz recibieron unas 1000 objeciones cada uno en el proceso de objeciones públicas, todas provenientes de personas y organizaciones cercanas al cristinismo. Para marcar la magnitud de esa operación política basta con señalar un antecedente: el actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recibió en el momento de su designación sólo tres objeciones durante ese proceso público. De todos modos, Rosatti y Rosenkrantz son ampliamente valorados como profesionales del Derecho y no han tenido ninguna objeción seria.

Es difícil que el Senado les niegue su acuerdo, sobre todo porque uno de ellos, Rosatti, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. ¿Qué objeción lapidaria podría haber del kirchnerismo contra Rosatti sin afectar la memoria del propio ex presidente? Es probable, sin embargo, que el bloque peronista proponga la ampliación del número de miembros de la Corte, de cinco a siete. Macri no rechazó esa idea, aunque la condicionó a que no fuera una moneda de cambio para el acuerdo de los jueces designados. De hecho, son sólo teóricamente designados porque nunca llegaron a asumir. Rosatti y Rosenkrantz están más propuestos que designados. En la realidad de los hechos, se impuso la idea original del ministro de Justicia, Germán Garavano, que propició que Rosatti y Rosenkrantz fueran propuestos y no designados. Más allá de la discusión por la legalidad de la decisión, la designación de los jueces fue tomada como una agresión por la mayoría peronista del Senado.

El período de sesiones extraordinarias del Senado, que se extenderá hasta el inicio de las ordinarias el 1º de marzo, servirá para que oficialismo y oposición comiencen a debatir sobre otros temas igualmente importantes. El primero de ellos es la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia que firmó el Presidente desde su asunción. La derogación de los DNU necesita del rechazo de las dos cámaras del Congreso; es decir, se convierten en leyes con la aprobación de uno solo de los cuerpos del Parlamento. El objetivo no es difícil de conseguir, sobre todo porque la presidencia de la comisión bicameral que monitorea esos decretos estará presidida por un senador de Cambiemos, el radical Luis Naidenoff. También comenzará a discutirse la derogación de la llamada ley cerrojo, que prohíbe hacerles a los holdouts una propuesta mejor que las que ya se hicieron en los canjes de 2005 y 2010. Algo nuevo sucederá a partir de hoy: de ahora en más, Macri gobernará con un Congreso parcialmente en funciones. Ésa es la primera y más importante novedad.