El gobierno de Mauricio Macri comenzó a analizar medidas para hacer frente a un descontrolado incremento de los niveles de evasión impositiva y previsional en el negocio de la carne vacuna. Algunos expertos, como el ex ministro Roberto Lavagna, calculan que el Estado deja de recaudar entre 7.000 y 10.000 millones de pesos por año debido a la proliferación de operadores marginales.
Un ministro contó a Clarín que el tema fue motivo de intercambios en una de las primeras reuniones del nuevo Gabinete, y que el propio Macri mostró interés en el asunto. Incluso se llegó a evaluar allí la posibilidad de eliminar el IVA en la carne (en los noventa se redujo a 10,5% justamente para desalentar a los evasores), pero esa alternativa luego se descartó.
Es que el asunto excede largamente a un solo impuesto. Se sabe que los mayores niveles de incumplimiento se dan en los llamados impuestos laborales por la proliferación de supuestas cooperativas de trabajo que manejan buena parte de la faena en el conurbano bonaerense.
No existe información oficial sobre los niveles reales de evasión en la cadena de ganados y carnes, pero diversos analistas la estiman cercana al 20%. La falta de datos concretos tiene mucho que ver con que la gestión kirchnerista le dio la espalda a este problema, e incluso uno de sus funcionarios clave, el ex secretario Guillermo Moreno, parecía bendecir a muchos operadores marginales, ya que se reunía con ellos todos los viernes para acordar estrategias para mantener bajos los precios internos de la carne. Según datos de la consultora Finsoport, el alimento representa el 4,6% del gasto total de un hogar promedio. El complejo bovino tuvo una facturación total de 340.000 millones de pesos en 2013. La mayor parte correspondía a la carne.
La situación se tornó particularmente grave a partir de febrero de 2011, ya que la ex presidenta Cristina Kirchner decidió entonces disolver la ONCCA y no reasignó sus funciones de control en algún otro organismo del Estado. Esa oficina nació en 1996, en paralelo con la conformación de la AFIP, justamente para poner orden en el negocio de la carne, que por entonces era controlado por grupos de matarifes que burlaban todas las normas impositivas (entre otros, una encabezado por el popular empresario Alberto Samid). Ahora en el seno del gobierno de Cambiemos se debate la conveniencia o no de recrear un organismo de ese tipo. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se mostró entusiasta de que el Estado recupere un rol protagónico y ejerza un severo control sobre los operadores. Pero todavía debe zanjar este debate con sectores del PRO que no ven con buenos ojos esa iniciativa.
Frente al evidente crecimiento de la evasión y ante las quejas de los sectores más formales de la cadena (como supermercados y grandes frigoríficos exportadores), el kirchnerismo tuvo una muy tibia reacción recién en octubre de 2015, pocas semanas antes de perder las elecciones y dejar el poder. Entonces prohibió por 180 días la inscripción de nuevos matarifes en el Registro Unico de Operadores Agroalimemtarios (RUCA). Figurar allí es un requisito indispensable para actuar en el negocio. En los últimos años se había producido una llamativa explosión de matrículas habilitantes, especialmente en provincias como Córdoba.
Los matarifes son aquellos empresarios que llevan sus propios vacunos a frigoríficos de terceros, pagan por el servicio de faena y luego venden la carne. Como no tienen instalaciones físicas ni empleados a cargo, son el eslabón más difícil de controlar.
Al momento del congelamiento de matrículas había cerca de un millar habilitados. Curiosamente, el funcionario que permitió ese festival de permisos y luego impuso la veda, el director de Matriculación, Luciano Zarich, fue confirmado en su puesto por las nuevas autoridades del Ministerio de Agroindustria.
