La creación del Ministerio de Agroindustria es el desafío más importante que propone el presidente de la Nación Mauricio Macri al sector agropecuario y agroindustrial, porque es totalmente cociente del rol estratégico que tiene el sector en el crecimiento y desarrollo del país. Sabe que para concretar dicho objetivo, necesita el aporte de propuestas consensuadas por todas las entidades por mayoría, para que el país pueda lograr rápidamente con inversiones, trabajos y exportaciones, pobreza cero en un país que produce alimentos para 600 millones de habitantes.

En las mismas líneas está el pedido del Presidente Macri al Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile cuando le ofreció el cargo, que haga todo los esfuerzos posibles para lograr la unión de los productores. Me pareció una definición fundamental e imprescindible para poder concretar el proyecto agroindustrial que necesita el país. Parece mentira, pero se convenció ante el Presidente de la Nación que nuestros dirigentes, que no podrá avanzar en sus objetivos, con la representación de los productores divididas en diferentes entidades y en estado deliberativos permanente por no tener propuestas por mayorías.

A esta altura del debate, nadie puede ignorar -ni oficialismo, ni oposición- el rol estratégico que juega el sector agroindustrial en la consolidación del crecimiento y el desarrollo sustentable de la economía nacional. Claro está, si se respeta el federalismo fiscal, como determina nuestra Constitución. Lo que varía son las formas sobre cómo alcanzarlo.

Un sector que invertirá 8.000 millones de dólares para sembrar 31 millones de hectáreas en el ciclo 2016-2017 para producir todos los cultivos, que genera el 56% de nuestras exportaciones, da trabajo al 36% de los argentinos y aporta el 44% de los impuestos, no debe seguir trabajando como lo viene haciendo, dividido en diferentes entidades cada una con sus propuestas que nunca se llegan a concretar.

Hemos pasado demasiado tiempo analizando el pasado, elaborando propuestas coyunturas y realizando conjeturas. Hay que explicitar las propuestas agropecuarias y agroindustrial para el mediano y largo plazo. Debemos aprovechar las condiciones internacionales -mayor demanda de cantidad y de calidad de alimentos- y aumentar las exportaciones para abastecer mejor el consumo interno.

Han pasado casi ocho años del conflicto que originó la 125. En este tiempo, el sector agropecuario no ha sabido concretar una propuesta de lo que necesita el país para aprovechar todo el potencial del complejo agroindustrial. Sin un amplio acuerdo del sector, la seducción a los partidos políticos fue remota. Ahora se presenta una oportunidad que no se debe desaprovechar.

Se llega a esta necesidad por la falta de responsabilidad de los mismos productores que no apoyan voluntariamente con recurso a las entidades y los dirigentes de las entidades no han sabido o no han querido cambiar ante el nuevo escenario productivo y de gestión, profesionalizando la gestiones gremiales y la forma de recaudar recursos, situación que es una constante por lo menos desde mi presidencia en CRA que finalizo en 1993. El siglo XXI necesita de un gremialismo profesionalizado y dirigente que estén a nivel a las nuevas demanda en dicha gestión.

La alternativa ahora es apoyar los cambios que necesita el país con la nueva gestión, mostrando que el sector está unido y que tiene propuestas por mayoría como es la que propongo, entre las otras que son de público conocimiento, para concretar un sistema de recaudación gremial definitivo que nos permita trabajar profesionalmente para proponer y defender las políticas de estado que necesitamos en todos los ámbito que se discuta - sean generales y sectoriales - cambiando la imagen que tiene el sector en la opinión pública. La industrial más grande y competitiva del país no puede estar fuera de la mesa de negociación.

Coincidir en una propuesta común desde un sector no supone la pérdida de identidad de las distintas entidades. Aceptar las diferencias por mayoría nos permitiría un trabajo de largo plazo, como viene realizando Brasil desde 1964 cuando planifico el rol de la producción agropecuaria y agroindustria en el país y creó por ley la Confederación Nacional de Entidades Agropecuarias (CNA) para trabajar en una acción institucionalizada pública-privada permanente en la defensa de las propuestas, sanción de las mismas y control de la gestión de las políticas públicas. Hoy en día, sus dirigentes tienen un gran protagonismo en el trabajo parlamentario y en la concreciones y seguimientos de la políticas públicas, a nivel nacional e internacional, mostrando a los productores mucho más unidos que al principio del sistema, ante los resultados concretos después de 51 años.

Como dirigentes del sector tenemos la obligación y responsabilidad de proponer algo similar a lo de Brasil para concretar las propuestas que necesita el sector y ayudar al país, con todo el potencial dormido que existe a aumentar la producción y exportación transformadas con mano de obra argentina en el Complejo Agroindustrial en todo el territorio del país.

La Fundación o/y Centro de Estudios Estratégicos por medio de un Consejo Directivo, sería el responsable de distribuir los fondos según sean los objetivos y los porcentajes fijados previamente por el estatuto de formación. Entre los cinco objetivos principales puedo mencionar los siguientes:

1- Proponer, elaborar, concretar y hacer su seguimiento de todas las políticas de estado que tienen directa influencia para la producción, transformación y exportación del sector agropecuario y agroindustrial.

2- Ejecutar en forma permanente todo el trabajo de lobby profesionalizado interno y externo a nivel público y privado para mejorar la competividad del sector.

3- Proponer y trabajar en todas las modificaciones necesarias para mejorar la educación, la investigación y formación laboral inclusive en el diseño de las carreras cortas y de oficios.

4- Diagramar y ejecutar en forma permanente la comunicación y marketing que sea necesario para ir cambiando la imagen pública del sector agropecuario y agroindustrial.

5- Distribuir equitativamente el aporte dispuesto por ley para la acción gremial en las entidades nacionales en sus trabajos específicos de apoyo a cada uno de sus asociados.

La institucionalización de las Entidades en una entidad similar a CNA, con estos objetivos específicos a cumplir, es el reaseguro para darle -como ocurrió en Brasil- estabilidad permanente a las Políticas de Estado.