Fue algo extraño. Después de años de política pasional y pública, hubo un duelo hecho de distancia y de silencio entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. El resto del peronismo tuvo una sorpresa no exenta de cierta fascinación: por primera vez chocó con un presidente no peronista dispuesto a ejercer el poder hasta los últimos límites de la Constitución.
A la decisión kirchnerista de dejar a la gobernadora María Eugenia Vidal sin oxígeno financiero, Macri le contestó con una crucial modificación de la ley de medios, la decisión más icónica del cristinismo, la razón por la que la ex presidenta juntó las apariencias de una señora burguesa con el discurso retórico de una líder revolucionaria. Los cambios de esa ley colocaron, además, en un lugar muy distinto el eje central de las comunicaciones en el país. No hay ni habrá perdón para Macri.
Gran parte de las decisiones más importantes de Macri se hicieron mediante decretos de necesidad y urgencia. ¿Es correcto que el Presidente use los métodos de su antecesora cuando él llegó con la promesa de cambiar las formas de gobernar? La primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista. Un Estado construido para una fracción política, que alimentaba desde el poder sus fobias y sus filias. No se trata sólo de una decisión política o ideológica de Macri, sino también de medidas que hacen a su propia preservación.
Primera pregunta: ¿son comparables los decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Cristina con los de Macri? La respuesta es no, por la diferencia de ambos presidentes en su relación de fuerzas con el Congreso. El DNU es una ley imperfecta que le concede al Presidente facultades legislativas y que necesita de la aprobación posterior de una de las dos cámaras del Congreso, al menos. Cristina tenía mayoría en las dos cámaras; por lo tanto, sus DNU ni siquiera eran tratados. Pasaban los tres meses constitucionales sin tratamiento, necesarios para que los DNU se conviertan automáticamente en leyes. El último DNU que firmó Cristina aumentó en 36.000 millones de pesos el presupuesto nacional (que ya los había gastado, por lo demás). El presupuesto es la principal ley del Estado, porque ordena los gastos y las inversiones que se hacen con el dinero público. Así eran los DNU de la jefa del kirchnerismo escandalizado ahora por los DNU de Macri.
Las cosas no serán tan fáciles para Macri. Los bloques del Presidente son minoritarios en las dos cámaras. Tanto la oposición cerril del kirchnerismo como la oposición racional de Sergio Massa o de Margarita Stolbizer lo obligarán a debatir en el Congreso sus DNU. Desde ya, Macri apuesta a que esas aprobaciones se logren en la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo es primera minoría, no mayoría. En el Senado, el kirchnerismo (o el peronismo, quién lo sabe) es mayoría. Si bien los DNU entran en vigor en el acto, el rechazo parlamentario de ellos retrotrae las cosas a la situación anterior a su firma.
¿Reúnen los DNU de Macri las condiciones de excepcionalidad y urgencia que impone la Constitución? Ésta sólo esboza condiciones generales; no puede, desde ya, prever cada caso que pueda producir la historia no escrita. A esa pregunta el macrismo la responde exhibiendo aquella prioridad: hay que desmantelar el Estado populista. Y es ahora o nunca, asegura.
Macri aprendió una significativa lección política con la designación de los dos jueces de la Corte Suprema. Esa decisión no la consultó con nadie antes de tomarla. El peronismo sin distinciones cayó luego sobre él. Sucedió otra cosa con la intervención a la Afsca para limpiar al organismo del aparato político del sabbatellismo, y con la modificación a la ley de medios. Se tomó el trabajo de adelantarles por teléfono esas decisiones a todos los gobernadores peronistas y a líderes parlamentarios que responden más al peronismo histórico que al cristinismo. Los gobernadores tienen una realidad distinta en sus provincias, más importante que la leyenda de causas ganadas o perdidas. Requieren inversiones urgentes en comunicaciones, sobre todo, en telefonía celular.
Tal vez por todo eso la furia política que provocaron esas decisiones de Macri se encerraron después, como pudo advertirse fácilmente, en el kirchnerismo puro y duro. Ni un solo gobernador peronista salió en defensa de la estabilidad de Sabbatella o de la condición heroica de la ley de medios. Eran problemas de cristinistas, obligados a pregonar sus decepciones en plazas públicas. "Diana Conti es la líder de la oposición a los cambios a la ley de medios. ¿Brindamos?", le propuso, irónico, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Aludía a la condición impopular de la aguerrida diputada del cristinismo.
Aguad es un caso especial en el gabinete de Macri, porque es un radical que tiene experiencia en el combate contra el cristinismo. Enfrentó al entonces kirchnerismo gobernante en la Cámara de Diputados y en el Consejo de la Magistratura, que él integró como representante de la oposición. Forma parte, junto con Ernesto Sanz, José Cano y Gerardo Morales, de una camada rara de radicales, dispuestos a demostrar que el poder está para ser usado.
La virtud más evidente de los cambios en la ley de medios es que promueve la inversión y la competencia en el mundo de las comunicaciones, el que más progreso tecnológico ha registrado en las últimas décadas. Lo que hizo Macri fue levantar los cerrojos que asfixiaban a los medios existentes (sobre todo, al Grupo Clarín) y no permitían la aparición de nuevos y necesarios actores en el escenario de las comunicaciones locales. Colocó ese universo en la dirección de conseguir el cuádruple play (cada empresa podrá ofrecer telefonía fija, celular, televisión e Internet) y de producir una importante inversión en la telefonía celular con 4G, es decir, de permitirles a los argentinos recuperar los celulares que Cristina convirtió en casi inútiles.
Es cierto que se terminaron la guerra del Estado contra Clarín y una discusión ya medieval. Pero es igualmente cierto que Macri hizo otras cosas con esos cambios: blanqueó la posición en medios audiovisuales de grupos que estaban en la ilegalidad, como el de Cristóbal López, el grupo Vila-Manzano o la propia Telefónica. Eliminó el artículo de la ley que impedía a los propietarios de medios ser proveedores de servicios públicos. López y Vila-Manzano son productores de petróleo, y Telefónica es dueña de Telefé. Cristina llegó a invertir 26.000 millones de pesos en el tendido de fibra óptica. Lo hizo para terminar de pulverizar a Clarín, pero esa obra inconclusa será terminada por Macri. Esa fibra óptica será destinada, sobre todo, a los nuevos o pequeños actores de las telecomunicaciones. Clarín ya ha hecho inversiones en fibra óptica y las telefónicas tienen suficiente respaldo financiero como para hacerlas por su cuenta.
La modificación de la ley de medios, la intervención a la Afsca, la conversión del campo en un sector muy beneficiado de la economía y el drástico cambio de la relación con Venezuela (y de toda la política exterior) fueron heridas profundas en el monumental ego de Cristina Kirchner. Es, para ella, el fin prematuro de una era que soñaba tan larga como inmutable. Una profanación. A esas mutaciones deben agregarse ciertas agitaciones en la justicia federal que investiga a varios ex funcionarios suyos y a ella misma. Cristina decidió, como siempre, doblar la apuesta. Gastó los teléfonos desde El Calafate para frenar las negociaciones de los senadores peronistas por el acuerdo a los nuevos jueces de la Corte. La cosas iban bien en el Senado; ahora, no tanto.
Llamó por lo menos cinco veces a José Ottavis, jefe del bloque de diputados kirchneristas de La Plata, para que una sesión clave de esa Cámara se cayera. Se cayó. El cristinismo celebró como si hubiera ganado una elección. Es extraño el caso de Ottavis, porque se perfilaba como un político que aspiraba a un destino electoral. Es más raro el de Daniel Scioli, que se inscribió entre los que no saben ni contestan en un caso que es herencia directa suya. Vidal estaba buscando autorización para pedir créditos y poder pagar las deudas que le dejó Scioli. Vidal recibió la provincia con sólo 100 millones de pesos, una limosna para el presupuesto más grande del país después del nacional.
A Macri le quedan los gobernadores peronistas, los intendentes del conurbano y los sindicatos para enhebrar un diálogo político. Ese peronismo también sabe que su peor receta sería aferrarse al revanchismo del cristinismo. Mucho más cuando descubrió que hay un Presidente dispuesto a disputarle el poder a Cristina, palmo a palmo.
