En menos de dos semanas de gestión, Mauricio Macri ha demostrado que posee autoridad presidencial y que no le importa pagar altos costos políticos para cumplir el primer objetivo que se propuso: devolver al gobierno y a la sociedad la normalidad que fue perdiendo durante los años kirchneristas.

Ni siquiera el revuelo y las críticas que generó su decisión inconsulta de nombrar a dos jueces de la Corte por decreto lograron correrlo de su eje esencial. Muy cerca del Presidente se evaluó la movida como "positiva, a pesar de todo". Macri acepta que el procedimiento no fue "el más acertado", entiende que tendrá que negociar "uno por uno" con los 43 senadores nacionales que conforman la mayoría propia para lograr que aprueben los pliegos de Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz, pero confía en que lo va a lograr, porque el prestigio de ambos juristas es indiscutible. "Terminamos con la danza de los candidatos y los pedidos de varios círculos rojos. Porque así como hay un círculo rojo de periodistas, también hay otro de empresarios, otro que pertenece al sistema judicial, otro al radicalismo y otro a los grupos de presión con negocios multimillonarios. Ahora tenemos que trabajar para lograr consenso, pero ya dimos una señal al Senado, a la oposición y a la sociedad: no vamos a pedirle permiso a nadie para gobernar, porque para eso nos votaron", me dijo alguien del círculo íntimo del Presidente. ¿Es autoridad o autoritarismo? "No somos autoritarios. Ejercemos la autoridad, que es diferente. Y no tenemos problema en reconocer que nos podemos equivocar", aclaró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para argumentar por qué Macri, en vez de firmar un decreto, no envió ambos pliegos al Senado.

El jefe del Estado dice lo mismo cuando se le pregunta por su decisión de revisar los contratos de más de 80.000 empleados públicos que ingresaron a la administración nacional entre gallos y medianoche o que no cumplen la función para la que fueron convocados. "No voy a perseguir a ningún periodista ni a ningún medio que se encargue de marcarme los errores. Pero también espero de los medios y los periodistas un mínimo de sentido común", me dijo el jefe del Estado en la última entrevista pública como presidente electo. Para Macri, "sentido común" significa "contar la película de cada conflicto desde el principio hasta el final". Explicar, por ejemplo, que la quiebra de Cresta Roja es producto, antes que nada, de la irresponsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández y del inefable secretario de Comercio Guillermo Moreno. Algo parecido había anticipado sobre los cortes de calles, de rutas y cualquier acción que impidiera el normal funcionamiento y la circulación del tránsito. "Primero vamos a intentar anticiparnos al conflicto y proponer una línea de diálogo entre las partes. Después advertiremos que no pueden coartar a la gente el derecho a circular. Y luego pediremos a un juez la correspondiente orden de desalojo. La última instancia será cumplir la orden del juez, de la manera más racional y profesional de la que seamos capaces."

Ése, en términos sencillos, es el "protocolo Macri". Un razonamiento más o menos lógico y una línea de acción que se extiende a todas las áreas del Gobierno, como la economía y su política de precios. Con "información abierta y explicaciones públicas", a través de conferencias de prensa o de un mano a mano con el ministro o secretario del área en cuestión. "No somos ingenuos ni talibanes. Sabemos que no todos los precios se pueden retrotraer al 30 de noviembre. Tampoco vamos a apoyar armas en el escritorio para convencer a los formadores de precios de que no pueden remarcar porque sí. Pero si creen que nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras algunos pícaros hacen la diferencia y alimentan la inflación, están muy equivocados. Vamos a estar muy activos. Y vamos a abrir la importación para garantizar la mínima competencia y provocar la baja de los precios. Pero no de manera indiscriminada, sino sector por sector", explicó el hombre que sigue día a día la evolución de los precios de los alimentos.

La misma impronta tuvo la liberación del cepo cambiario. Como si fuera un avezado jugador de póquer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, le mostró al mercado, de manera pública, sus cartas ganadoras. Fue una manera elegante de decirles: "A partir de hoy son libres de hacer lo que quieran, pero sepan que si apuestan a un dólar muy alto van a perder mucho de lo que se juegan".

En otro ámbito, y en otro contexto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también siguió el protocolo Macri para emitir las primeras señales de cómo piensa ejercer la autoridad. El día de su asunción, utilizó un tono amable y cordial para agradecer la presencia de su antecesor, Daniel Scioli, pero al mismo tiempo le dijo en la cara que era consciente de que le había dejado una herencia explosiva. Las mismas formas exhibió en privado para comunicarle a la nueva plana mayor de la policía que ya no se recibiría más la valija cerrada con la recaudación mensual obtenida del juego clandestino, la prostitución y otros delitos, pero también les adelantó: "No se preocupen. Porque no vamos a dejar las cajas chicas de las comisarías vacías ni vamos a permitir que los patrulleros estén parados por falta de combustible o los repuestos mínimos".

El protocolo Macri incluye, por ejemplo, no mover un dedo para que la Justicia otorgue impunidad a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y tampoco para empujarla a la cárcel si no existen pruebas suficientes para hacerlo. En su encuentro con la ex candidata presidencial Margarita Stolbizer, Macri la escuchó atentamente cuando la diputada le explicó que el juez Claudio Bonadio ya había recolectado todas las evidencias que prueban, como mínimo, la existencia de lavado de dinero en la causa Hotesur. El Presidente no la conminó para que presionara al fiscal Carlos Stornelli o al juez Daniel Rafecas. Quizá no lo hizo porque sabe que Stolbizer no necesita un guiño del Presidente para continuar lo que empezó. Pero el miedo de Cristina Fernández a que la metan presa es lo que explica, también, la virulencia y la agresividad de los fogoneros del Frente para la Victoria, quienes presentan a Macri como el líder demoníaco de un proyecto frente al que hay que "resistir". Pero al Presidente parece no importarle mucho: la intervención por 180 días de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual así lo demuestra.