Apenas 36 horas después de concluido su mandato como vicepresidente, Amado Boudou ya no puede salir del país. Con procesamiento firme en el "caso Ciccone", la Justicia ordenó que a partir de ahora deberá pedir una autorización especial cada vez que desee cruzar la frontera para evitar una posible fuga.

El juez federal Ariel Lijo decretó la inmediata prohibición de salir del país para Boudou porque expiraron los fueros especiales con que contaba en razón de su cargo, al tiempo que se encuentra a un paso del juicio oral como supuesto protagonista central de los intentos por quedarse con la ex Ciccone Calcográfica.

"Toda vez que en el día de la fecha han cesado las inmunidades previstas en la ley de fueros, hágase saber a Amado Boudou que previamente a ausentarse del país deberá solicitar autorización al Tribunal", indicó ayer el magistrado en su resolución, que notificó de manera electrónica al ex vicepresidente y por oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para evitar sorpresas.

Boudou se suma así a otros acusados en el "caso Ciccone" que tampoco pueden viajar al exterior sin una venia judicial previa. Entre otros, su íntimo amigo y socio comercial, José María Núñez Carmona, y su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, quien además pasó varias semanas detenido en Mendoza ante un pedido de extradición de la Justicia uruguaya, que pretende indagarlo por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Sin fueros parlamentarios -la presidenta Cristina Kirchner lo excluyó de todas las listas a legisladores en la última elección-, Boudou integra el pelotón de ex funcionarios kirchneristas de alto perfil que recorren los Tribunales, como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, cuyo juicio oral por la "Tragedia de Once" se encuentra ya en la recta final.

Afectado por el "caso Ciccone" y sin un espacio político propio, Boudou sólo mantuvo un protagonismo acotado durante los últimos dos años de gestión kirchnerista. En particular, durante las licencias que se tomó la Presidenta por razones de salud o cuando viajó al exterior para representar al Gobierno.

Su última aparición pública ocurrió días atrás, sin embargo, cuando como presidente del Senado se sumó al ex secretario general de la Presidencia, Eduardo de Pedro, y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en las frustradas negociaciones con el macrismo por la ceremonia del traspaso de mando. Según comentaba a sus colaboradores, Boudou proyectaba tomarse unas prolongadas vacaciones en México cuando concluyera su mandato. Allí vive su actual pareja, la diputada de ese país Mónica García de la Fuente, a quien conoció en uno de sus viajes protocolares.

El plan de Boudou era iniciar esas vacaciones en enero, pero rechazaba indignado cualquier especulación sobre una rebeldía judicial. "No pienso escaparme; voy a volver", dejó saber hace unos días. También comentó entre sus amigos que planea montar una consultora junto al también ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para luego insistir con que el "caso Ciccone" no es más que la "venganza" por su rol decisivo en la estatización de las AFJP.

Incluso sus colaboradores aportaban indicios que contradecían esa visión conspirativa, al punto de recordar que la ahora ex Presidenta hacía "casi dos años que no le atiende el teléfono", y llegó al extremo de evitar saludarlo cuando se lo cruzaba en algunos actos, además de excluirlo este año de todas las listas para cargos electivos.

Identificado como uno de los ex funcionarios kirchneristas con peor imagen pública, Boudou afronta múltiples desafíos en Tribunales. Allí logró que el juez federal Norberto Oyarbide lo sobreseyera en una pesquisa por la supuesta compra irregular de bonos de la deuda pública, pero debe defenderse de otras acusaciones. Entre otras, por volar gratis en vuelos privados pagados por empresarios, por adulterar documentos de un automóvil y hasta por insertar datos falsos en su documento nacional de identidad. Es decir, fijar su domicilio real en un médano.

El "caso Ciccone" es, sin embargo, el expediente que más lo compromete. Al confirmar su procesamiento, la Cámara Federal porteña consideró probado su vínculo con su presunto testaferro: "Las probanzas colectadas demuestran claramente la relación de amistad entre Boudou y Núñez Carmona y, de allí, a Vandenbroele", indicó.

Pero hasta ahora, Boudou era el único procesado en ese expediente que podía salir del país sin una venia judicial previa. "Dicha imposición no corresponde con relación a Amado Boudou por encontrarse esa medida fuera de los límites de la Ley de fueros", explicó el juez Lijo al dictar su procesamiento en junio de 2014. Ahora, ya fuera del poder, Boudou quedó igualado al resto.