Esa norma fue creada para convertir en jueces, con una mayoría parlamentaria inferior a la que exige la Constitución, a abogados que simpatizan con el Gobierno.

El máximo tribunal anuló también el reglamento dictado por el Consejo de la Magistratura, a instancias del oficialismo, para el nombramiento de subrogantes. Los funcionarios afectados por el fallo podrán seguir en el cargo por tres meses. ¿Habrá alguno que, por razones de autoestima, renuncie antes?

La Corte ya había impedido otro intento de la Presidenta de colonizar los tribunales. Fue cuando declaró inconstitucional la denominada democratización del Poder Judicial, mediante la cual la señora de Kirchner quiso atar la composición del Consejo al resultado de las elecciones.

La sentencia interfiere en la principal estrategia de la señora de Kirchner en estos días. Cubrir los riesgos penales que presenta su retirada. Es el objetivo que también persigue la apresuradísima designación de dos dirigentes de La Cámpora, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el ex presidente del Banco Nación Juan Forlón en la Auditoría General de la Nación. Álvarez fue uno de los autores intelectuales de las fallidas subrogancias.

En su pronunciamiento de ayer, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Helena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda fijaron una regla provisoria: hasta que se dicte una nueva ley, los suplentes deberán ser jueces jubilados y serán seleccionados por sorteo. Es decir, surgirán del propio universo judicial.

El fallo tiene un gran impacto sobre las circunstancias inmediatas. El tribunal superior desnuda la ilegitimidad de los subrogantes designados por el kirchnerismo un día después de que dos de ellos resolvieron desplazar de la Cámara de Casación a un juez que, se presumía, iba a votar contra la constitucionalidad del acuerdo con Irán sobre la causa AMIA.

Esos dos abogados, transformados desde ayer en camaristas advenedizos, son Norberto Frontini y Roberto Boico. Y removieron a Juan Carlos Gemignani, miembro regular de la Cámara. Arguyeron que, como Gemignani había denunciado a su colega Ana María Figueroa, se convirtió en un juez parcial para el Poder Ejecutivo. Figueroa votaría a favor de la constitucionalidad. El razonamiento es agraviante para la jueza: supone que está tan identificada con el Poder Ejecutivo, que cualquier conflicto con ella es un agravio a la Casa Rosada.

El rol del fiscal Plee

La jugada de Frontini y Boico fue autodestructiva. Si ahora esos dos jueces devaluados por la Corte quieren convalidar el pacto con Mahmoud Ahmadinejad, deberán celebrar una audiencia que expondría a Cristina Kirchner a un problema más grave: el fiscal Raúl Pleé podría reclamar que se reabriera la denuncia del fiscal Alberto Nisman para determinar si quienes negociaron con Teherán cometieron un encubrimiento. ¿No habría sido mejor que pasara el tiempo? A la larga, la Corte va a impugnar el pacto con Irán, que pasará a la historia como un extraordinario papelón de política exterior.

Sería demasiado pedir que Frontini y Boico, además de obediencia, aportaran al Gobierno sentido de la oportunidad. Ellos actuaron bajo la presión insoportable de jefes muy ansiosos: la Cámara de Casación será la que juzgue los escándalos de corrupción de la familia Kirchner. Su composición es, por lo tanto, crucial. Además, Frontini y Boico son la patrulla perdida de un sistema de poder en crisis. Quienes deberían regular sus movimientos están de duelo. El kirchnerismo fue derrotado en La Plata, la ciudad del ministro de Justicia, Julio Alak. El secretario de Justicia y nuevo auditor, Julián Álvarez, fracasó como candidato a intendente de Lanús. Y Carlos Zannini está más interesado en confraternizar con Daniel Scioli que en controlar la calidad de los ardides de su antigua jefa.

En este contexto es inevitable que, 17 días antes de la elecciones, la campaña oficialista quede contaminada por atropellos a la Justicia, impunidad del caso AMIA, recuerdos de Nisman. La tregua que Scioli, en persona, había negociado con los tribunales federales para no perjudicar su carrera con desaguisados judiciales sirvió de poco.

Scioli aporta su dosis de desprolijidad institucional. Derrotado como gobernador, pretende designar una lista de magistrados antes de dejar la administración de la provincia. Envió a la Legislatura, a último momento, los pliegos de 119 candidatos a jueces y fiscales. Entre ellos, el de Jorge Sappia Dussaut, socio del estudio que defiende a Antonio Stiuso.

Sin embargo, la verdadera preocupación de Scioli es integrar las salas descentralizadas de la nueva Cámara de Casación antes de irse. Es el máximo tribunal penal de la provincia, que interviene en las causas de corrupción de los funcionarios de la gobernación y los municipios. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, ya dejó las listas en el escritorio del gobernador. Falta una firma.

La sala que funcionará en San Martín estaría integrada por Alejandra Alliaud, apadrinada por el senador massista y amigo de Casal Jorge DOnofrio; por Sergio Pilarche, amparado por el derrotado intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y por la sindicalista Marta Pujadas; Oscar Rombola, ahijado del juez de Morón Jorge Rodríguez, y Nicolás Schiavo, ahijado del intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

A la sala de Mar del Plata irán Aníbal Termite, avalado por Horacio González, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense; María Fernanda Billone, que tiene padrinos en el fuero federal, y por Gustavo Fissore y Marcelo Riquert, del foro de la ciudad. La tercera sala, Mercedes, estará compuesta por Javier Baños, quien comparte el patrocinio del juez Rodríguez y de Raúl Zaffaroni; por Marcela Garmendia, esposa del ex senador Carlos Martínez, amigo de Alak; Ricardo Marfía, otro bendecido de DOnofrio, y Jorge Roldán, amigo de Curto y de Eduardo "Wado" De Pedro.

Es comprensible que Scioli, en otra identificación extrema con la Presidenta, quiera cubrirse las espaldas a último momento. Un ejemplo: como informó en LA NACIÓN Hugo Alconada Mon, en el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata el juez Pablo Raele cerró una causa por presunto enriquecimiento ilícito del gobernador, sin siquiera pedir un peritaje. El fiscal, Jorge Paolini, no apeló. La sentencia es un imán para la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta.

Los asesores jurídicos de María Eugenia Vidal informaron al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, su indignación por esta maniobra judicial de retirada. Pérez no dio respuesta. ¿Agregarán más magistrados a la fiesta? Hilda Lynn, por ejemplo, la esposa del secretario de Justicia, auditor y protector de Boico y Frontini, Julián Álvarez. Lynn concursó como jueza en lo contencioso administrativa del distrito Lanús-Avellaneda, la jurisdicción que le habría correspondido a su esposo si hubiera ganado la intendencia. Fue aplazada. Pero le revisaron la nota y la promovieron igual.

Un jugada preventiva

Scioli se ocupó más de anegar los juzgados con leales cuando Aníbal Fernández se convirtió en candidato a gobernador. La rivalidad entre Fernández y Casal es legendaria. A tal punto que el jefe de Gabinete incluye a Casal entre los presuntos culpables de que el presidiario Martín Lanatta lo identificara como "la Morsa". También acusa al ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a Daniel Mautone, socio en la explotación de bingos de Daniel Angelici, quien aspira a controlar la ex SIDE si Mauricio Macri llega a la Presidencia.

Lanatta habló desde el penal de General Alvear. En la misma cárcel fue filmado Antonio Solibaret, abogado de Quilmes que intentó negociar, invocando la representación de Fernández, con los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Para el entorno del logorreico Fernández esa filmación fue catastrófica, porque arruinó la coartada que él había utilizado ante varios integrantes del Gobierno, incluida la Presidenta: el padrino de los asesinos sería su enemigo Alejandro Granados, ministro de Seguridad de Scioli. "¿Quién se parece más a una morsa, él o yo?", le atribuyen haber preguntado. Historia antigua. Salvo que aparezca otra superproducción, esta vez a cargo de Carlos Frasquet, el abogado del jefe de Gabinete, con familiares de Lanatta, en Quilmes.

Scioli corre el riesgo de quedar envuelto en una campaña sucia como la que denuncia Macri. Sólo que provendría de sus propias filas. La retirada kirchnerista ha desatado una ola de reclamos en el bajo fondo. La llevan adelante subordinados que piden solidaridad, en muchos casos desde el calabozo, antes de que sus antiguos jefes pierdan el poder. Esos desahuciados, a los que les está vedado designar jueces amigos, son proclives a la cinematografía.

Marcelo Acosta, por ejemplo, clama desde un penal de Santiago del Estero. Integrante de la secretaría privada del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se ufana de haber sido su chofer hasta agosto del año pasado, cuando cayó preso por transportar 20 kilos de cocaína. Hay quienes sospechan de vinculaciones con Los Monos, el cartel narco de Rosario. Como si se integrara a un Netflix patibulario y criollo, Acosta llama a las oficinas de Urribarri amenazando con lanzar imágenes odiosas. Entre ellas, las de una tertulia familiar del gobernador. Cuando Scioli nominó a Urribarri como su eventual ministro del Interior, aumentó el riesgo de los presuntos reclamos de Acosta. Por eso en Entre Ríos circula una premonición inconfesable: que el escándalo estalle horas antes del debate de los candidatos para el ballottage. Se entiende la urgencia kirchnerista por cubrir la retirada.